Lic. Juan Mendoza Díaz, Lic. Leonardo B. Pérez Gallardo, Lic. Magaly Iserne Carrillo y Lic. Ivonne Pérez Gutiérrez, abogados, a nombre y en representación de las siguientes organizaciones sociales y de masas de la República de Cuba, que integran a la casi totalidad de la población del país:

Por medio del presente escrito comparecemos y como mejor proceda en derecho decimos:

Que venimos a establecer demanda en Proceso Ordinario sobre Reparación de Daños e Indemnización de Perjuicios contra el Gobierno de Estados Unidos de América.

Que fundamentamos esta demanda en los siguientes:

PRIMERO: Que el triunfo de la Revolución Cubana, el 1º de enero de 1959, significó para el pueblo de Cuba conquistar, por primera vez en su larga historia de luchas, la independencia y soberanía verdaderas, tras un saldo de alrededor de 20 mil muertos en combate heroico y frontal contra las fuerzas de una dictadura militar entrenada, armada y asesorada por el Gobierno de Estados Unidos.

La victoria revolucionaria en Cuba constituyó para Estados Unidos una de las más humillantes derrotas políticas en su existencia como gran potencia imperialista, lo cual determinó que el diferendo histórico entre ambas naciones entrara en una nueva y más aguda etapa de confrontación, que se caracterizaría desde entonces por la aplicación, por Estados Unidos, de una brutal política de hostilidad y agresiones de todo género destinada a destruir la Revolución Cubana, reconquistar el país y reimplantar el sistema de dominación neocolonial que durante más de medio siglo impuso a Cuba y que definitivamente perdió hace ya más de cuarenta años.

La guerra desatada por Estados Unidos contra la Revolución Cubana, concebida como política de Estado, ha quedado históricamente demostrada y es plenamente constatable a través de las múltiples informaciones que han sido reconocidas en aquel país en los últimos tiempos, en las que se puede apreciar la existencia de una variedad de acciones políticas, militares, económicas, biológicas, diplomáticas, psicológicas, propagandísticas, de espionaje, la ejecución de actos terroristas y de sabotaje, la organización y apoyo logístico a bandas armadas y grupos mercenarios clandestinos, el aliento a la deserción y emigración y los intentos de liquidar físicamente a los líderes del proceso revolucionario cubano, todo lo cual se demuestra mediante importantísimas declaraciones públicas de autoridades del Gobierno de Estados Unidos, así como de las incontables e irrebatibles pruebas acumuladas por las autoridades cubanas y, de modo particularmente elocuente, por los numerosos documentos secretos desclasificados, pues aunque no todos han sido dados a conocer son más que suficientes para demostrar cabalmente cuanto fundamenta esta demanda.

Uno de los documentos que acompañamos para corroborar los hechos articulados es el conocido como "Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro", ya desclasificado, aprobado el 17 de marzo de 1960 por el Presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. El segundo, conocido como "Proyecto Cuba", presentado el 18 de enero de 1962 por el general de brigada Edward Lansdale a las más altas autoridades del Gobierno de Estados Unidos y al Grupo Especial Ampliado del Consejo de Seguridad Nacional de ese país, contiene la relación de 32 tareas de guerra encubierta que debían ser ejecutadas por los departamentos y agencias participantes en la llamada Operación Mangosta (Mongoose).

Todas las acciones hostiles y agresivas ejecutadas por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, desde el mismo triunfo de la Revolución hasta el presente, han causado enormes pérdidas materiales y humanas al pueblo, así como incalculable sufrimiento a los ciudadanos de este país, penurias ante la carencia de medicamentos, alimentos y otros medios indispensables para la vida, a los que somos acreedores y tenemos derecho a alcanzar con nuestro trabajo honrado. Han implicado igualmente peligros constantes resultado de la subversión política e ideológica desatada, lo que ha significado el sufrimiento sostenido, general e injustificado de todo un pueblo, daño que se caracteriza además por su perennidad y casi inestimable magnitud, que impide su cuantificación exacta y que a los efectos de la indemnización no incluimos en esta demanda, aunque no renunciamos a hacerlo oportunamente, por ajustarnos estrictamente al contenido de la reparación del daño moral que prescribe el Código Civil cubano actualmente vigente.

Según la práctica internacional, los Estados son responsables por los daños y perjuicios causados por su conducta y actos —tanto en el orden legislativo como administrativo y judicial—, la de sus agentes y funcionarios, e incluso por los actos de las personas naturales de cada país, si los órganos correspondientes de dicho Estado omitieran tomar medidas de prevención o supresión, y, en consecuencia, se hallan en el deber de reparar los daños y perjuicios causados, lo que universalmente se califica como responsabilidad civil.

Por todo ello, el Estado norteamericano, representado por su Gobierno, es responsable de los daños y perjuicios causados a las personas naturales y jurídicas cubanas por los actos ilícitos ejecutados por sus agencias, dependencias, representantes, funcionarios o el propio Gobierno.

SEGUNDO: Que la reciente desclasificación en Estados Unidos del informe del Inspector General de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Lyman Kirkpatrick, elaborado en octubre de 1961, en el que se evalúan las razones del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, como la llaman los norteamericanos, revela que las operaciones encubiertas organizadas desde Washington contra Cuba comenzaron en el verano de 1959, algunas semanas después de la firma de la Ley de Reforma Agraria el 17 de mayo de ese año.

En el mes de octubre, el Presidente Eisenhower aprueba un programa propuesto por el Departamento de Estado y la CIA para emprender acciones encubiertas contra Cuba, incluidos ataques piratas aéreos y navales, y la promoción y apoyo directo a grupos contrarrevolucionarios dentro de Cuba. Según el documento, las operaciones deberían lograr que el derrocamiento del régimen revolucionario pareciera ser el resultado de sus propios errores.

Comienza por aquellos días la campaña de vuelos sobre territorio cubano de pequeños aviones procedentes de territorio norteamericano, con misiones tales como la infiltración de agentes, armas y otros medios, y la realización de actos de sabotaje, bombardeos y otras acciones terroristas.

El 11 de octubre de 1959 un avión lanzó dos bombas incendiarias sobre el central "Niágara", en la provincia de Pinar del Río. El 19 de octubre otras dos bombas fueron arrojadas desde el aire sobre el central "Punta Alegre", en la provincia de Camagüey. El 21 de octubre un avión bimotor ametralló la ciudad de La Habana, provocando varios muertos y decenas de heridos, mientras otra avioneta arrojaba propaganda subversiva. El 22 de octubre fue ametrallado un tren de pasajeros en la provincia de Las Villas. El 26 de octubre sendas avionetas atacaron los centrales "Niágara" y "Violeta".

Desde el propio mes de enero de 1960, ya en pleno desarrollo la zafra azucarera de ese año, se multiplicaron los vuelos sobre cañaverales. Solamente el día 12 fueron incendiadas desde el aire 500 mil arrobas de caña en la provincia de La Habana. El día 30 se perdieron más de 50 mil arrobas en el central "Chaparra", antigua provincia de Oriente, y el 1º de febrero fueron incendiadas más de 100 mil arrobas en la provincia de Matanzas. Pero no por esto cesaron otros ataques aéreos: el 21 de enero un avión arrojó cuatro bombas de cien libras cada una sobre la zona urbana de Cojímar y Regla, en la capital del país.

El 7 de febrero de 1960 una avioneta incendió 1,5 millones de arrobas de caña en los centrales "Violeta", "Florida", "Céspedes" y "Estrella", en Camagüey.

El 18 de febrero un avión que bombardeaba el central "España", en la provincia de Matanzas, fue destruido en el aire por una de sus propias bombas. El piloto fue identificado como Robert Ellis Frost, ciudadano norteamericano. La carta de vuelo registraba la salida del avión del aeropuerto de Tamiami, en la Florida. Por otros documentos hallados en el cadáver se descubrió que en tres ocasiones anteriores el piloto había realizado ataques aéreos sobre Cuba.

El 23 de febrero varias avionetas regaron cápsulas incendiarias en las fábricas de azúcar "Washington" y "Ulacia", en la antigua provincia de Las Villas, así como en Manguito, en la provincia de Matanzas. El 8 de marzo otra avioneta lanzó materias inflamables en la zona de San Cristóbal e incendió más de 250 mil arrobas de caña.

Junto a las misiones de bombardeo, ametrallamiento y quema, se sucedieron en esta etapa los vuelos sobre La Habana y casi todas las demás provincias del país con el propósito de diseminar propaganda subversiva. Tan solo en los tres primeros meses de 1961 se registraron decenas de vuelos de ese tipo. En el mencionado informe de Lyman Kirkpatrick sobre la invasión por Playa Girón, se afirma que "en el momento de la invasión se había dejado caer sobre Cuba un total de 12 millones de libras de volantes" de propaganda contrarrevolucionaria. En su informe, el alto oficial de la CIA describe los pasos que a partir de agosto de 1959 había comenzado a dar un grupo paramilitar de esa institución.

Esto no es más que una muestra: la guerra encubierta contra Cuba había comenzado, con elevada intensidad, desde el mismo año 1959. Infinidad de hechos hostiles y agresivos, imposibles de enumerar pormenorizadamente, vendrían en los años posteriores.

El Inspector General de la Agencia Central de Inteligencia reconoce que "de enero de 1960, cuando contaba con 40 personas, el Buró se expandió a 588 para el 16 de abril de 1961, convirtiéndose en uno de los más grandes buroes en los servicios clandestinos". Se refería al centro de la CIA en Miami dedicado a las actividades contra Cuba.

TERCERO: Que apenas quince meses después del triunfo revolucionario, el bandidismo armado fue proyectado y finalmente desatado por el Gobierno de Estados Unidos en casi todo el país. Se inició en 1960 bajo la Administración republicana del Presidente Eisenhower y se extendió durante cinco años hasta 1965.

Su principal emplazamiento fue la región del Escambray, en la antigua provincia de Las Villas, que hoy comprende las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus. En esta zona llegó a operar un titulado frente, integrado por columnas y bandas, y una comandancia. Semanas antes de la invasión mercenaria por Playa Girón, 40 mil obreros, trabajadores y estudiantes de la capital, con la cooperación de fuerzas locales de la región central y de los campesinos y obreros agrícolas del Escambray, organizados en batallones de milicias, cercaron y neutralizaron totalmente este baluarte, que debía cooperar con las fuerzas invasoras, capturando a cientos de bandidos y reduciéndolos a su mínima expresión en aquellos días decisivos.

Esas bandas, organizadas por la CIA, contaban con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, que por todos los procedimientos posibles realizó los mayores esfuerzos para suministrarles armamentos, municiones, explosivos, equipos de comunicación y logística general, para lo cual empleó diversas vías como la aérea, la marítima e incluso el canal diplomático, a través de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, hasta el rompimiento de las relaciones a principios de 1961.

Al respecto, en el mencionado informe del Inspector General de la CIA se reconoce explícitamente el apoyo logístico suministrado por esa institución a las bandas mercenarias. Un ejemplo es la llamada Operación Silencio, que consistió en la realización por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de doce operaciones aéreas entre septiembre de 1960 y marzo de 1961 para el abastecimiento con armas, municiones, explosivos y otros medios a las bandas, sobre la cual el autor del informe refiere: "En total, alrededor de 151 mil libras de armas, municiones y equipos se enviaron por aire."

El 29 de septiembre de 1960, un avión cuatrimotor lanzó un alijo de armas sobre las montañas del Escambray, cerca del salto del Hanabanilla; el 7 de noviembre un avión lanzó otro alijo de armas en la zona de Boca Chica, cerca del poblado de El Condado, en la sierra del Escambray; el 31 de diciembre otro cargamento es lanzado en la zona conocida por Pinalillo, entre Sagua y La Mulata, en Cabañas, provincia de Pinar del Río; el 6 de enero de 1961 un avión lanzó veinte paracaídas con armas, municiones, explosivos y medios de comunicación entre El Condado y Magua, en Trinidad, provincia de Las Villas; el 7 de enero, al día siguiente, fueron lanzadas armas norteamericanas por un avión entre Cabañas y Bahía Honda, en Pinar del Río; el 6 de febrero, un avión lanzó treinta paracaídas con armas, municiones, explosivos, medios de comunicación y alimentos en la zona de Santa Lucía, en Cabaiguán, provincia de Las Villas; el 13 de febrero, otros veinte paracaídas fueron lanzados desde un avión en la zona del Naranjo, en Cumanayagua, Las Villas; el 17 de febrero un avión lanzó trece paracaídas entre San Blas y el Circuito Sur, cerca de La Sierrita, en Las Villas; el 3 de marzo un avión lanzó dos alijos de armas, municiones y explosivos en las zonas del Mamey y Charco Azul, ambas en la provincia de Las Villas; el 29 de marzo se produjo otro lanzamiento de armas y pertrechos en la finca Júpiter, municipio de Artemisa, provincia de Pinar del Río. Es decir, un total de más de 70 toneladas de armas enviadas por aire en ese período.

Importantes focos fueron creados en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Camagüey y Oriente. Resulta valioso resaltar que fue en la provincia de Pinar del Río donde se organizó el primer grupo, dirigido por Luis Lara Crespo, excabo del ejército de la tiranía batistiana y prófugo de la justicia revolucionaria por sus crímenes. Es precisamente en esta misma provincia donde es asesinado el soldado del Ejército Rebelde Manuel Cordero Rodríguez, durante las acciones contra un grupo de bandidos comandados por los ciudadanos norteamericanos Austin Young y Peter John Lambton, quienes fueron capturados junto con el resto de la banda, ocupándoseles armamentos de los que fueron suministrados por Estados Unidos.

A estos grupos mercenarios les sucederían otros, resultando igualmente valioso resaltar los de Pedro Román Trujillo, en la región del Escambray, y Olegario Charlot Pileta, en la antigua provincia de Oriente, ambos también entre los primeros grupos creados en las respectivas provincias.

De inmediato, ante estas manifestaciones de creciente agresión instrumentada por el Gobierno de Estados Unidos, el pueblo cubano, organizado en sus instituciones de defensa y seguridad y en sus organizaciones revolucionarias, se movilizó activa y resueltamente y, escribiendo con su propia sangre y muchas vidas valiosas páginas de heroísmo y sacrificio, le infligió al enemigo sensibles derrotas, con lo que capturaron, dispersaron o desarticularon a la mayoría de las bandas.

Esta realidad no fue correctamente apreciada por la CIA, que suponía contar con el apoyo de estas fuerzas al producirse la invasión mercenaria. Sin embargo, persistió en sus planes de guerra sucia después de la histórica derrota. Bajo las administraciones de los Presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, multiplicó sus esfuerzos en esa dirección y de nuevo emergieron las bandas, que cobraron un precio adicional de sangre y de vidas a nuestro pueblo.

La incuestionable veracidad histórica de estos acontecimientos y el cinismo y las mentiras que invariablemente acompañaron todas las acciones de Estados Unidos contra Cuba, la ofrecen los propios documentos de la época, emitidos por los que desde aquel país diseñaban la política de agresión y subversión contra Cuba. En tal sentido, puede resultar ilustrativo a la Sala el hecho de que el 17 de marzo de 1960, durante una reunión en la que participan el Vicepresidente Richard Nixon, el Secretario de Estado Christian Herter, el Secretario del Tesoro Robert B. Anderson, el Secretario Asistente de Defensa John N. Irwin, el Subsecretario de Estado Livingston T. Merchant, el Secretario Asistente de Estado Roy Rubottom, el almirante Arleigh Burke, del Estado Mayor Conjunto, el Director de la CIA Allen Dulles, los altos oficiales de dicha agencia Richard Bisell y J.C. King, y los funcionarios de la Casa Blanca Gordon Gray y general Andrew J. Goodpaster, el Presidente de Estados Unidos aprueba el llamado "Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro", propuesto por la CIA, en el que, entre otras cosas, se autorizaba la creación de una organización secreta de inteligencia y acción dentro de Cuba, y para ello se asignaban los fondos necesarios a la CIA. En un memorando recientemente desclasificado sobre el desarrollo de esta reunión, el general Goodpaster anotó: "El Presidente dijo que él no conocía plan mejor para manejar esta situación. El gran problema es la filtración y la falla de seguridad. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a jurar que él [Eisenhower] no sabe nada de esto. [...] Dijo que nuestras manos no deben aparecer en nada de lo que se haga."

Una de las más grandiosas obras humanas y de justicia social realizadas en nuestro país, que ha recibido el agradecimiento del pueblo y provocado la admiración y el respeto del mundo, ha sido la obra educacional. En 1961 se emprendió la Campaña de Alfabetización, a la que se integraron casi 100 mil estudiantes que fueron hasta los sitios más recónditos de nuestra isla para enseñar a sus pobladores a leer y escribir. Paralelo a esto, la CIA orientó a sus bandas sembrar el terror para sabotear la campaña, las que ejecutaron acciones criminales contra los adolescentes y jóvenes alfabetizadores que enseñaban, y contra los analfabetos que, ya adultos, aprendían a leer y escribir.

El 5 de enero de 1961 fueron asesinados el maestro voluntario Conrado Benítez García y el campesino Eliodoro Rodríguez Linares, en Las Tinajitas, San Ambrosio, Trinidad, Sancti Spíritus. Participaron en este hecho los bandidos Macario Quintana Carrero, Julio Emilio Carretero Escajadillo y Ruperto Ulacia Montelier, integrantes de la banda de Osvaldo Ramírez García.

El 3 de octubre de ese mismo año fue asesinado el maestro Delfín Sen Cedré, en la finca Novoa, Quemado de Güines, Las Villas, por la banda de Margarito Lanza Flórez.

El 26 de noviembre de 1961 fueron igualmente asesinados el joven alfabetizador Manuel Ascunce Domenech y el campesino Pedro Lantigua Ortega, por los bandidos Julio Emilio Carretero, Pedro González Sánchez y Braulio Amador Quesada, en la finca Palmarito, Río Ay, Trinidad, Sancti Spíritus.

También con el objetivo de sembrar el terror entre campesinos y obreros agrícolas, se cuentan entre las víctimas de las bandas en Cuba niños y adolescentes. Tal es el caso, entre otros, de Yolanda y Fermín Rodríguez Díaz, de 11 y 13 años de edad, quienes el 24 de enero de 1963 fueron asesinados en la finca La Candelaria, Bolondrón, Pedro Betancourt, Matanzas, por la banda de Juan José Catalá Coste, que operaba en la zona sur de dicha provincia. De igual manera merece ser citado, por la crueldad que entraña, el hecho ocurrido el 13 de marzo de 1962 en San Nicolás de Bari, La Habana, en que el joven Andrés Rojas Acosta fue ahorcado con la misma soga que estaba utilizando para amarrar su cerdo, crimen que fuera cometido por la banda del mercenario Waldemar Hernández. Otro suceso fue el ocurrido el 10 de octubre de 1960 en la carretera de Madruga a Ceiba Mocha, cuando la banda de Gerardo Fundora disparó a un jeep que transitaba por ese lugar y resultó muerto el niño Reynaldo Núñez-Bueno Machado, de 22 meses de edad. De este acto también resultó víctima la madre del menor.

Las bandas mercenarias, en un intento desesperado por lograr su cometido, tomaron represalias con la población civil de las zonas donde operaban. Muestra de ello es el asesinato del niño de 10 años Albinio Sánchez Rodríguez el 4 de marzo de 1963, quien fuera ultimado por la banda de Delio Almeida como reacción frente al ataque de las fuerzas de las Milicias Nacionales Revolucionarias.

El bandidismo se liquidó definitivamente en Cuba en el año 1965 al ser localizada y derrotada la última banda, dirigida por Juan Alberto Martínez Andrade, entonces jefe del llamado Frente de Camagüey.

Entre 1959 y 1965, actuaron al servicio del Gobierno de Estados Unidos a todo lo largo y ancho del territorio nacional 299 bandas, que sumaron 3.995 mercenarios.

En esa lucha, entre combatientes de tropas regulares y milicianos participantes en las operaciones contra las bandas o personal asesinado por estas, las bajas que han podido ser acreditadas se elevaron a 549 muertos y un número considerable de heridos, que no ha podido precisarse con exactitud en el momento en que elaboramos esta demanda, 34 años después de finalizados aquellos acontecimientos, de los cuales actualmente 200 sobrevivientes se encuentran incapacitados producto de aquellos criminales planes. No todas las víctimas fueron precisamente combatientes revolucionarios que luchaban contra las bandas, sino también muchos civiles que no tenían nada que ver con las actividades militares murieron a consecuencia de los crímenes del bandidismo impuesto desde el exterior.

La guerra sucia, esa costosa y sangrienta forma de agresión del Gobierno de Estados Unidos, había sido total y definitivamente derrotada por el pueblo cubano. Arrancadas de raíz, nunca más la CIA pudo volver a organizar una sola banda.

Adjuntamos a la demanda certificación acreditativa de las 549 personas que han sido registradas hasta el momento como fallecidas a consecuencia de esta criminal acción contra nuestro pueblo, así como una relación detallada de todos los que actualmente se encuentran incapacitados como resultado de las lesiones sufridas durante el período que narramos, documentos que acompañamos marcados con los números 9, 10 y 11.

CUARTO: Que entre los hechos más significativos de las páginas de la historia de la Revolución Cubana, por su connotación militar, patriótica y política, figura la invasión mercenaria por Playa Girón, organizada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos por indicaciones recibidas del Presidente Eisenhower en fecha tan temprana como el 17 de marzo de 1960.

El propio Eisenhower lo cuenta en sus memorias: "El 17 de marzo de 1960 [...] yo le ordené a la Agencia Central de Inteligencia que comenzara a organizar el entrenamiento de los exiliados cubanos, principalmente en Guatemala."

Como parte de los preparativos para la invasión, al amanecer del 15 de abril de 1961 son bombardeados los aeropuertos de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba. La agresión fue repelida y aunque logró destruir algunos aviones de las fuerzas defensivas cubanas, no pudo poner fuera de combate a nuestra pequeña y recién creada Fuerza Aérea Revolucionaria, lo que se debió a la valiente actuación de la artillería antiaérea, que tan brillante papel desempeñaría dos días después, formada en su casi totalidad por jóvenes, de los cuales 12 perdieron la vida, entre ellos Eduardo García Delgado, que pasó a la historia de aquella épica lucha al escribir con su propia sangre en una tabla, mientras agonizaba, el nombre de Fidel.

Dos días después, el 17 de abril de 1961, a las 2:30 horas de la madrugada, comenzó a desembarcar por la costa sur de la entonces provincia de Las Villas, en la Ciénaga de Zapata, y procedente de Puerto Cabezas, República de Nicaragua, un grupo organizado, entrenado, equipado y financiado por el Gobierno de Estados Unidos, denominado por sus propios integrantes Brigada de Asalto 2506, la cual estaba formada por alrededor de 1.500 hombres.

El plan de invasión mercenaria, según los documentos ocupados a quienes resultaron prisioneros, contemplaba realizar el desembarco en tres puntos de la Ciénaga de Zapata: Playa Larga, que denominaban en sus planes Playa Roja, donde descargaría el buque Aguja; Playa Girón, denominada Playa Azul, donde descargarían los buques Ballena y Tiburón; y Caleta Verde, denominada Playa Verde, donde descargarían los buques Marsopa, Barracuda y Atún. Paralelamente, sendos batallones de paracaidistas ocuparían posiciones en las proximidades del central "Australia", San Blas y Soplillar, con la misión de cerrar el acceso a la zona de desembarco y operaciones, aislarla, fortificarse y situar allí un gobierno provisional, lo que permitiría de inmediato transportar por aire un gobierno que en Miami esperaba impaciente con las maletas preparadas, el cual se encargaría de solicitar la intervención militar de Estados Unidos encabezando "tropas" de la OEA.

Durante los días de la invasión, los integrantes de este "gobierno" fueron mantenidos incomunicados a la fuerza en territorio norteamericano, mientras la CIA emitía en su nombre comunicado tras comunicado.

La brigada mercenaria desembarcó por Playa Girón y Playa Larga, después de la resistencia ofrecida por pequeñas unidades de las Milicias Nacionales Revolucionarias. Desembarcaron sus tanques y blindados; lanzaron al batallón de paracaidistas al norte de Girón, para cerrar la carretera que conduce al central "Australia"; aviones del tipo B-26 con insignias cubanas, escoltados por cazas norteamericanos, comenzaron a bombardear la zona, arrojando metralla sobre la población civil, ocasionando la muerte a personas, dentro de ellas mujeres y niños, cuyos nombres y apellidos se transcriben al final de este Hecho, así como cuantiosas pérdidas.

Unidades de la Marina de Guerra norteamericana, entre ellas un portaaviones (el Essex, con 40 aviones de combate y un batallón de Infantería de Marina a bordo), un portahelicópteros, cinco destructores y un buque de desembarco tipo LSD, entre otras unidades navales, vinieron escoltando a las embarcaciones en que se transportaban las fuerzas mercenarias y se mantuvieron durante toda la batalla a pocas millas de la zona de operaciones.

La brigada mercenaria contaba con abundantes equipos y armamentos. Disponía de 5 barcos de transporte artillados, 2 unidades de guerra tipo LCI modificadas y artilladas, 3 barcazas de desembarco tipo LCV para transporte de equipos pesados y 4 barcazas de desembarco tipo LCVP para transporte de personal. Para las operaciones aéreas, los mercenarios fueron apoyados por 16 aviones de combate del tipo B-26, 6 aviones de transporte del tipo C-46 y 8 del tipo C-54, y 2 aparatos anfibios tipo Catalina. Contaban con 5 tanques Sherman del tipo M-41, con cañones de 76 milímetros, y 10 carros blindados y artillados con ametralladoras 50; 75 bazucas, 60 morteros de diversos calibres y 21 cañones sin retroceso de 75 y 57 milímetros; 44 ametralladoras calibre 50 y 39 calibre 30 entre pesadas y ligeras; 8 lanzallamas; 22 mil granadas de mano; 108 fusiles automáticos Browning; 470 subametralladoras M-3; 635 fusiles Garand y carabinas M-1, 465 pistolas y otras armas ligeras.

Los integrantes de la brigada mercenaria recibieron entrenamiento militar bajo la dirección de instructores norteamericanos en bases situadas en Estados Unidos, Guatemala y Puerto Rico, percibiendo asignaciones mensuales para el sostenimiento de sus familiares por parte del Gobierno de Estados Unidos, que invirtió en el financiamiento la suma de 45 millones de dólares.

En menos de 72 horas, las fuerzas revolucionarias cubanas derrotaron de manera aplastante a la poderosa brigada mercenaria invasora. Al respecto, la Casa Blanca emitió el 24 de abril de 1961 una declaración oficial en la que se expresaba que "el Presidente Kennedy ha declarado desde el primer momento que, como Presidente, asume la plena responsabilidad" por la invasión. Agregaba la declaración que "el Presidente se opone vigorosamente a que nadie, dentro o fuera de la Administración, trate de hacer variar la responsabilidad".

La vinculación del Gobierno de Estados Unidos con los acontecimientos narrados en este Hecho de la demanda, fue corroborada igualmente en el conocido informe del Inspector General de la CIA, elaborado seis meses después de la fracasada invasión, documento que permaneció en el más estricto secreto durante 37 años hasta que en 1998 fue desclasificado luego de intensas gestiones del Archivo Nacional de Seguridad, organización no lucrativa con sede en la ciudad de Washington.

En las acciones participaron directamente pilotos, asesores, hombres rana y otros norteamericanos. En los violentos combates del 19 de abril, fue confirmada la participación activa de pilotos norteamericanos al ser derribado por el fuego antiaéreo un avión B-26 tripulado por Thomas Willard Ray y Frank Leo Baker, ciudadanos de Estados Unidos y pilotos de la Guardia Nacional del estado de Alabama. Ese mismo día fue derribado sobre el mar otro B-26 tripulado por los norteamericanos Ryley W. Shamburger y Wade Carroll Gray, el primero de ellos oficial de la Guardia Nacional.

QUINTO: Que el terrorismo ha sido un instrumento permanente de la política exterior de Estados Unidos contra Cuba.

Una de las primeras acciones terroristas del Gobierno de Estados Unidos contra nuestro país tuvo un carácter monstruoso: el sabotaje al buque francés La Coubre el 4 de marzo de 1960, en un muelle del puerto de La Habana. El buque había cargado en Europa un importante lote de armamentos y parque comprado a la industria nacional belga por el Gobierno Revolucionario de Cuba, que estaba ya preocupado por las crecientes acciones agresivas de Estados Unidos. El cargamento fue saboteado por agentes de la CIA en el punto de embarque, y los artefactos colocados hicieron explosión ese día mientras se realizaban las operaciones de descarga. Las bombas fueron sofisticadamente instaladas de modo tal que la segunda explosión se produjera en el momento en que se les prestaba auxilio a las víctimas de la primera. Tanto el buque como el muelle aledaño estaban efectivamente atestados de trabajadores portuarios, soldados y personal de auxilio que, sin importarles el peligro, habían acudido al lugar del desastre para ayudar a las víctimas y prevenir accidentes.

Este acto terrorista dejó un saldo de 101 muertos, entre ellos seis marinos franceses, y centenares de heridos, cuya cuantificación exacta, por haber sido atendidos en numerosos hospitales y centros de auxilio diferentes de la capital, resulta imposible hoy, a tantos años del hecho.

Las modalidades del terrorismo empleado contra Cuba han sido en lo fundamental las siguientes: sabotaje o destrucción de objetivos civiles dentro del país; ataques piratas contra instalaciones costeras y contra naves mercantes y embarcaciones pesqueras; atentados contra instalaciones y personal cubano en el exterior, incluidas sedes diplomáticas, oficinas de aviación y naves aéreas; la constante instigación a elementos subversivos, a través de emisoras de radio y televisión, para realizar actos de esta naturaleza contra los centros de producción y de servicios, indicándoles incluso la forma de hacerlo.

Si durante estos cuarenta años de Revolución nuestro país ha sido un blanco incesante de acciones terroristas, es en el año 1961 cuando se inician con mayor sistematicidad, como consecuencia del programa de acción encubierta contra Cuba, aprobado el 17 de marzo de 1960 por el Presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, quien, en el mencionado documento secreto ya desclasificado referido al programa de acción encubierta contra Cuba, que después prosiguió el Presidente Kennedy, precisa: "El método para lograr este fin consistirá en incitar, apoyar y, en lo posible, dirigir la acción, dentro y fuera de Cuba, por parte de grupos selectos de cubanos que pudieran realizar cualquier misión por iniciativa propia."

Fue precisamente uno de esos "grupos selectos" el que perpetró, en la tarde del 13 de abril de 1961, el incendio y total destrucción de "El Encanto", la mayor tienda por departamentos del país, acción ejecutada por Carlos L. González Vidal, integrante del grupo terrorista conocido por las siglas MRP. También se conoció que el organizador principal fue Mario Pombo Matamoros, quien a su vez mantenía relaciones con dirigentes del grupo M-30-11. Las consecuencias de este siniestro no fueron solo de índole económica, sino también algo más doloroso: la muerte de la trabajadora Fe del Valle Ramos, y las quemaduras y lesiones sufridas por otras 18 personas, entre los cientos de ellas que laboraban en esa institución comercial.

Como parte de estos mismos planes terroristas, se había producido un mes antes, el 13 de marzo de 1961, el ataque a la refinería "Hermanos Díaz", en Santiago de Cuba, en el que resultó muerto el marinero René Rodríguez Hernández, de 27 años, que cubría una posta, y herido gravemente Roberto Ramón Castro, de 19 años. Esta acción fue ejecutada por un comando de la CIA a bordo de una embarcación artillada con ametralladoras de grueso calibre, que fue lanzado desde el barco Bárbara J., procedente de Estados Unidos, hecho que fuera reseñado por el Inspector General de la CIA, Lyman Kirkpatrick.

El 28 de mayo de 1961, elementos terroristas incendian el cine "Riego", en la ciudad de Pinar del Río, durante el desarrollo de una función infantil. Resultan heridos 26 niños y 14 adultos.

El 5 de septiembre de 1963, dos aviones bimotores lanzan artefactos explosivos sobre la ciudad de Santa Clara y ocasionan la muerte al maestro Fabric Aguilar Noriega y heridas a tres de sus cuatro hijos.

El 23 de diciembre de 1963 un comando de la CIA transportado por mar desde Estados Unidos, utilizando elementos de demolición submarina, hundió la lancha torpedera LT-385 perteneciente a la Marina de Guerra Revolucionaria en la dársena de Siguanea, Isla de Pinos, provocando la muerte del alférez de fragata Leonardo Luberta Noy y los marineros Jesús Mendoza Larosa, Fe de la Caridad Hernández Jubón y Andrés Gavilla Soto.

Pudieran señalarse decenas de casos similares en esos años.

Los secuestros de aviones, que no tenían precedentes en el mundo, fueron un método ideado y utilizado precisamente por la CIA en su programa de acciones terroristas contra Cuba desde 1959. Numerosos hechos de esta índole tuvieron lugar, especialmente en los primeros años de la Revolución. Algunos adquirieron características dramáticas. A modo de ejemplo, citaremos lo ocurrido el 27 de marzo de 1966: un sujeto sin escrúpulos, Ángel María Betancourt Cueto, utilizando un arma de fuego, intentó desviar hacia Estados Unidos, donde eran siempre recibidos como héroes, un avión Il-18 de Cubana de Aviación con 97 personas a bordo, incluidos 14 niños, en vuelo de Santiago de Cuba hacia La Habana; fracasado en su intento por la valiente y decidida conducta del capitán de la nave, Fernando Álvarez Pérez, quien se negó a desviar el avión aterrizándolo en el aeropuerto internacional de la capital, el frustrado secuestrador, ya en tierra, asesinó al piloto y al custodio, Edor Reyes García, y causó heridas graves al copiloto Evans Rosales, hecho que conmovió a todo el país.

Las otras formas de terrorismo no cesaron.

El 12 de octubre de 1971, una lancha rápida y otra embarcación de mayor porte, procedentes del territorio de Estados Unidos, ametrallaron el poblado de Boca de Samá, en la costa norte de la provincia de Oriente. Esta cobarde acción contra la población civil provocó dos víctimas mortales e hirió a otros varios vecinos del poblado, entre ellos dos niños.

Por esos años el terrorismo se traduce igualmente en acciones paramilitares contra embarcaciones mercantes y pesqueras de Cuba o de terceros países en el estrecho de la Florida. El 4 de octubre de 1973, los pesqueros cubanos Cayo Largo 17 y Cayo Largo 34 son atacados por dos cañoneras tripuladas por terroristas, que asesinan al pescador Roberto Torna Mirabal y abandonan a los demás en balsas de goma, sin agua ni comida.

Sin duda el más monstruoso y repugnante acto terrorista cometido contra Cuba en ese período tuvo lugar el 6 de octubre de 1976: el estallido en pleno vuelo de un avión civil de las líneas aéreas cubanas con 73 personas a bordo, entre ellas 57 cubanos, incluidos los 24 integrantes del equipo juvenil de esgrima que acababan de obtener todas las medallas de oro en un campeonato centroamericano; 11 jóvenes guyaneses, 6 de ellos seleccionados para realizar estudios de medicina en Cuba, y 5 ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea. Todos, sin excepción, perecieron.

La nave, un DC-8 con matrícula CUT-1201, acababa de despegar del aeropuerto internacional de Barbados diez minutos antes. Un artefacto explosivo programado había sido colocado en el baño del avión por dos sujetos que, procedentes de Trinidad Tobago, abandonaron la aeronave en esa escala habitual de su ruta. En el aeropuerto toman rápidamente un taxi y piden al chofer que los lleve a la sede de la Embajada de Estados Unidos en Barbados, según el testimonio de Maurice Firebrace, el chofer del taxi que los trasladó, en declaración a las autoridades de Barbados. Otro taxista, Roger Pilgrim, testimonió igualmente ante las autoridades de Barbados que en la tarde de ese mismo día los trasladó dos veces a la sede diplomática de Estados Unidos, primero entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde y después alrededor de las 4:55. Esa misma tarde, desde el hotel "Village" lograron comunicarse e informar a sus jefes en Venezuela sobre el cumplimiento de la misión encomendada. En horas de la noche regresaron a Trinidad Tobago, donde al amanecer del 7 de octubre fueron identificados y arrestados por las autoridades locales, a las que casi de inmediato confesaron su participación en los hechos.

En una reunión realizada en Trinidad Tobago a instancias del Primer Ministro de ese país, Eric Williams, catorce días después del sabotaje, el Canciller de Guyana, Fred Willis, se refirió a las agendas comprometedoras para la CIA, propiedad de los encartados, que delataban a ese organismo norteamericano al dejar al descubierto sus vinculaciones con los detenidos. Eran dos mercenarios de nacionalidad venezolana que habían sido contratados por Orlando Bosch Ávila y Luis Posada Carriles, dos de los más connotados terroristas reclutados por la Agencia Central de Inteligencia desde 1960, y especializados en sofisticadas técnicas de sabotaje con todo tipo de medios. Ambos estaban registrados en una organización llamada CORU, surgida de la unificación ordenada por la CIA de los principales grupos que hasta entonces actuaban bajo siglas diferentes desde territorio norteamericano, y a la que se le asignó la tarea de ejecutar un ambicioso programa de sabotajes y actos terroristas contra Cuba con apoyo total del Gobierno de Estados Unidos.

Ese mismo grupo unificado de la CIA llevó a cabo por esa fecha, entre otros, los siguientes hechos:

Los grupos que integraban el CORU hacían declaraciones públicas en Estados Unidos, adjudicándose cada una de estas fechorías. En agosto de 1976 fue publicado en un periódico editado en Miami un desvergonzado parte de guerra donde, después de referir cómo volaron un automóvil frente a la Embajada cubana en Colombia y destruyeron las oficinas de Air Panamá, los cabecillas del CORU declaraban al final textualmente: "Muy pronto atacaremos aeronaves en vuelo." Aproximadamente seis semanas después estalla en pleno vuelo el avión cubano que hizo escala en Barbados.

Arrestados Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, encarcelados y sometidos a largo y sinuoso proceso judicial en Venezuela, junto a los dos mercenarios venezolanos que por órdenes suyas colocaron la bomba en el DC-8 de Cubana de Aviación, en agosto de 1985 Posada Carriles es rescatado por la CIA a través de la llamada Fundación Nacional Cubano Americana, de la prisión de máxima seguridad de San Juan de los Morros, y trasladado en cuestión de horas a El Salvador, donde es puesto de inmediato a trabajar en una de las operaciones más secretas, delicadas y comprometedoras de las que ha llevado a cabo un gobierno de Estados Unidos: la famosa Operación Irán-contras que dio origen a un colosal escándalo político en ese país. Posada Carriles era el responsable de los almacenes y prácticamente de la distribución de las armas para la guerra sucia en Nicaragua, a las órdenes directas de la Casa Blanca. Jamás había alcanzado una responsabilidad tan alta en sus 25 años de servicios al Gobierno de Estados Unidos.

Orlando Bosch, que en el repugnante crimen había sido el jefe de la operación pues entonces tenía mayor jerarquía que Posada Carriles en la organización terrorista unificada por la CIA, fue cínicamente absuelto por un tribunal corrupto e impúdico. Autor de numerosos actos terroristas contra Cuba, vive hoy tranquilamente como huésped ilustre de Estados Unidos.

Otro hecho terrorista doloroso y desvergonzado había ocurrido después del brutal crimen de Barbados: el 11 de septiembre de 1980 fue asesinado en pleno día, en una concurrida calle de la ciudad de Nueva York, el diplomático cubano Félix García Rodríguez. El crimen fue perpetrado por un comando de la organización terrorista Omega-7, cuya misión era dar muerte a este y a otros tres funcionarios de la representación cubana ante las Naciones Unidas.

Los cambios ocurridos en el escenario internacional hicieron que variaran también las formas de manifestación de lo que constituye un flagrante terrorismo de Estado contra la República de Cuba. En tal sentido, los sectores más reaccionarios de la emigración cubana en Estados Unidos alentaron la actividad terrorista al final de la Administración del Presidente George Bush, del Partido Republicano, lo que motivó que se desarrollaran con cierta fuerza diversas acciones durante la primera y la segunda administraciones del demócrata William Clinton.

Desde 1992 y hasta el presente, como ha quedado plenamente demostrado en los juicios seguidos recientemente contra los terroristas Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, quienes hicieron estallar en 1997 siete bombas en hoteles de la capital, la Fundación Nacional Cubano Americana, financista prominente de campañas políticas presidenciales y de un grupo de conocidos legisladores norteamericanos, fue la que concibió, organizó y financió impunemente desde ese país esta campaña terrorista contra Cuba. La Fundación ha desarrollado su acción no solo desde el propio territorio norteamericano utilizando mercenarios de origen cubano residentes en Estados Unidos, sino también desde Centroamérica, contratando mercenarios centroamericanos que actúan bajo la dirección del tristemente célebre terrorista Luis Posada Carriles.

Estas últimas acciones criminales contra Cuba desde Centroamérica, concebidas, organizadas y financiadas por los jefes de una mafia cubano-americana que radica en Estados Unidos, incuestionablemente se realizan con el conocimiento y la tolerancia de las autoridades norteamericanas, para las cuales trabajó siempre Posada Carriles y que nunca rompieron sus vínculos con él.

En adición a esto, el Estado norteamericano, como parte de su estrategia política, incentivó al máximo la emigración ilegal hacia su territorio, no solo como instrumento de lucha ideológica y de sus campañas de descrédito contra Cuba durante cuarenta años, sino también para promover la indisciplina y la inestabilidad social. Esto trajo como consecuencia la comisión de actos delictivos, convencidos sus autores de la acogida y protección que recibirían en Estados Unidos una vez logrado el objetivo fundamental de abandonar el suelo cubano. No ocurría lo mismo con ningún otro ciudadano del mundo que tratara de emigrar a ese país sin previa obtención de visa.

Han sido múltiples los sucesos originados por esa cínica política, pero marca pautas el 9 de enero de 1992, fecha en que fueron asesinados los combatientes de la Policía Nacional Revolucionaria Yuri Gómez Rivero y Rolando Pérez Quintosa; el miembro de Tropas Guardafronteras Orosmán Dueñas Valero, y el custodio civil Rafael Guevara Borges, trabajador del Campamento de Pioneros "José Martí", en La Habana, al ser atacados por un grupo de delincuentes que pretendían secuestrar una embarcación para abandonar ilegalmente el país, dirigidos por Luis Miguel Almeida Pérez.

De igual manera, el 4 de agosto de 1994 fue asesinado el combatiente Gabriel Lamouth Caballero, de la Policía Nacional Revolucionaria, por elementos antisociales que intentaron salir ilegalmente del país por el puerto de La Habana, y el 8 de agosto de 1994 fue ultimado el teniente de navío Roberto Aguilar Reyes, al ser secuestrada en el Mariel, La Habana, una nave auxiliar de la Marina de Guerra Revolucionaria, por Leonel Macías González, quien logró huir hacia Estados Unidos, donde se le recibió como un héroe y disfruta de impunidad total después del cobarde asesinato.

Como resultado de las actividades terroristas promovidas por el Gobierno de Estados Unidos contra nuestro país a lo largo de cuatro décadas, desde el triunfo de la Revolución hasta hoy 234 personas inocentes han perdido la vida o han quedado incapacitadas, lo cual acreditamos con los documentos que acompañamos a esta demanda marcados con los números 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

Para tener una idea de la intensidad que en determinado momento alcanzaron las actividades terroristas contra Cuba, baste señalar que en solo catorce meses, desde el 30 de noviembre de 1961, fecha en que se aprueba por el Presidente Kennedy la puesta en marcha del denominado "Proyecto Cuba", hasta el mes de enero de 1963, se efectuaron 5.780 acciones terroristas contra Cuba, de las cuales 716 constituyeron sabotajes de envergadura contra instalaciones industriales.

Mención especial que expresa la carencia total de escrúpulos, la inmoralidad y la incapacidad de ajustarse a normas civilizadas de las prácticas políticas de Estados Unidos, merecen los planes concebidos por la dirección de ese país para eliminar físicamente al líder de la Revolución Cubana, inicialmente en su condición de Primer Ministro, desde el 16 de febrero de 1959 hasta el 3 de diciembre de 1976, y con posterioridad como Jefe de Estado.

El 11 de diciembre de 1959, el coronel J.C. King, jefe de la división encargada de los asuntos del hemisferio occidental en la CIA, escribió en un memorando secreto dirigido al Director de la agencia, Allen Dulles: "Debe darse seria consideración a la eliminación de Fidel Castro. Ninguno de los más cercanos a él, como su hermano Raúl o su compañero Che Guevara, tiene la misma influencia carismática sobre las masas. Mucha gente informada considera que la desaparición de Fidel aceleraría grandemente la caída del actual gobierno."

Desde esa fecha hasta el presente, los órganos de la Seguridad del Estado cubanos han conocido, investigado, descubierto o neutralizado indicios creíbles, planes concebidos o minuciosamente elaborados, o en fase avanzada de organización y ejecución o a punto de ejecutarse, incluidos los que no se realizaron por cobardía de los que llegaron a tener su objetivo a pocos metros, de un total de 637 conspiraciones contra la vida del Comandante en Jefe Fidel Castro. Quedaría por reflexionar sobre el número de los que no llegaron a conocerse jamás.

El Senado de Estados Unidos ha investigado y comprobado al menos ocho de esas conspiraciones, apenas el 1,25 por ciento de las que fueron organizadas directamente por la CIA o inducidas por la hostilidad, la propaganda, la tolerancia cómplice y las acciones del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba durante cuarenta años.

SEXTO: La Base Naval de Guantánamo, establecida en Cuba desde hace casi cien años mediante un convenio confuso y pérfidamente redactado, en virtud del cual a Estados Unidos le arriendan el territorio que ocupa la base "por el tiempo que la necesitaren", sin una cláusula que garantizara el pleno derecho de nuestra soberanía sobre dicho territorio, ha sido utilizada por Estados Unidos como un instrumento de su política agresiva contra nuestro país.

Al triunfar la Revolución, de inmediato en ese enclave las autoridades militares y los servicios especiales de Estados Unidos protegieron a cientos de asesinos y secuaces del régimen batistiano.

La Base fue convertida en un activo centro de subversión y provocaciones contra nuestro país.

Numerosos mercenarios, prófugos de la justicia cubana por sus crímenes y fechorías, encontraron allí refugio e impunidad.

Numerosas personas, alentadas por el privilegio de ingresar a Estados Unidos sin visa alguna, optaron por abandonar ilegalmente el país a través de esa instalación militar mantenida por la fuerza en Cuba.

Ha sido refugio seguro para viles traidores que condujeron allí aeronaves y embarcaciones secuestradas, sin que en ningún caso los delincuentes hayan sido extraditados, lo cual se convirtió en práctica habitual desde el triunfo de la Revolución.

En el Artículo 2 del citado Convenio, firmado el 16 de febrero de 1903, se concede un derecho bajo determinada condición que Estados Unidos aceptó y se comprometió a cumplir: "hacer cuanto fuere necesario para poner dichos lugares en condiciones de usarse exclusivamente como estaciones carboneras o navales y para ningún otro objeto."

El Artículo 4 del Convenio Complementario de 2 de julio de 1903, suscrito igualmente por los Gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, establece de forma muy precisa y muy clara: "Los delincuentes prófugos de la justicia acusados de delitos o faltas sujetos a la jurisdicción de las Leyes Cubanas y que se refugiaren dentro de dichas áreas, serán entregados por las Autoridades de los Estados Unidos cuando lo pidieren Autoridades Cubanas debidamente autorizadas."

Es injustificable que una base militar costosa, sostenida a expensas del presupuesto y los contribuyentes de ese país, sin utilidad alguna para la seguridad nacional de Estados Unidos, ocupe una parte valiosa de nuestro territorio para humillar, hostigar y agredir al pueblo cubano, pues ese ha sido su único cometido en las últimas décadas. Particularmente arbitrario y abusivo ha sido mantener contra la voluntad de nuestro país ese enclave militar tras el fin de la guerra fría, máxime cuando el Gobierno de Estados Unidos está desmantelando decenas de instalaciones en su territorio y en el extranjero para reducir su presupuesto militar. Resulta evidente que 96 años después de aquel compromiso asumido por ambas partes en el Artículo 1 del Convenio de febrero de 1903, suscrito por el Gobierno de Estados Unidos con un gobierno débil, sometido e imprevisor, que les arrendó la tierra "por el tiempo que la necesitaren", hace ya rato que no la necesitan para otra cosa que no sea su política agresiva contra Cuba, y ese derecho no está incluido ni siquiera en ese pésimo convenio. No es justo que se dedique a eso una de las mejores bahías de Cuba.

Entre 1962 y 1994, año en que se tomaron, por iniciativa de ambos gobiernos, medidas para reducir los riesgos de incidentes, después del acuerdo migratorio suscrito entre Cuba y Estados Unidos, fueron ejecutadas desde la base 13.498 acciones provocativas, siendo las más comunes las ofensas de palabra, la realización de gestos obscenos y actos pornográficos, las violaciones de la línea divisoria rompiendo sectores de la cerca y en otros casos cruzándola hacia el territorio libre, la iluminación con reflectores de las casetas donde cubren sus postas los soldados cubanos, la realización de disparos con armas, acciones de apuntar amenazantemente con cañones, tanques y ametralladoras contra nuestro personal e instalaciones, reiteradas violaciones del espacio aéreo cubano, incluido el aterrizaje de helicópteros fuera del perímetro de la base, así como violaciones de nuestro espacio marítimo.

Numerosas también han sido las notas de protesta que sobre estos hechos ha realizado el Gobierno Revolucionario al Gobierno de Estados Unidos, sin que en la inmensa mayoría de los casos se hayan recibido las respuestas acordes con las leyes internacionales. Múltiples denuncias sobre tales hechos han sido formuladas también por Cuba en los organismos internacionales, y muchos periodistas extranjeros han visitado el perímetro fronterizo, han entrevistado a testigos y han conocido y obtenido pruebas de las violaciones denunciadas. Por más de treinta años Cuba ha presentado evidencias de tales actos de agresión, y ninguna de las administraciones norteamericanas ha sido capaz de pedir una sola excusa. Tampoco podrían mostrar un solo caso de provocación cubana, violación alguna o penetración en el territorio arbitrariamente ocupado por sus tropas.

Desde la base o en la propia base, han sido asesinados o heridos soldados cubanos de la Brigada Fronteriza y ciudadanos de nuestro país, a saber:

En total, como consecuencia de las agresiones provenientes de la Base Naval, han fallecido 8 cubanos y otros 15 han quedado incapacitados, lo cual se acredita con certificaciones adjuntas, marcadas con los números 20 y 21.

En adición a esto se cometieron grandes injusticias con los miles de trabajadores cubanos que prestaban sus servicios en la Base.

En enero de 1964, más de 3.000 trabajadores cubanos laboraban en esa base, de los cuales 2.300 aproximadamente entraban y salían cada día.

Entre el 10 y el 15 de febrero, 500 de estos fueron despedidos por orden del Gobierno de Estados Unidos de un solo golpe. Entre febrero y octubre fueron despedidos otros 1.060, para un total de 1.560, las dos terceras partes en solo siete meses. Y así sucesivamente hasta reducirlos a menos de cien.

Otra medida cruel: el 5 de marzo de 1966 el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que la política de su Gobierno "no permitía el pago de jubilaciones a ningún personal en Cuba", por lo que los despedidos no podían recibir pensión alguna o reclamar la devolución de sus contribuciones a la caja de jubilaciones, retenidas por el Gobierno norteamericano. De este modo, al trabajador cubano en esa Base no le quedaba otra alternativa que asilarse o perder su empleo y todos los demás derechos.

Actualmente solo quedan en la Base 17 trabajadores cubanos que entran cada día a laborar en esa instalación.

SÉPTIMO: Que durante todos estos años de Revolución, las acciones agresivas del Gobierno de Estados Unidos han afectado de manera significativa la salud de nuestro pueblo. Esta política criminal ha estado encaminada a entorpecer y obstaculizar los impresionantes logros que la política social cubana ha conquistado. Para ello se ha empleado, entre otras vías, la agresión biológica, que ha cobrado valiosas vidas humanas, incluidos niños y mujeres embarazadas.

En mayo de 1981 se comienzan a reportar en el municipio de Boyeros, ubicado en la capital del país, casos de enfermos con síndrome febril, dolores retroorbitarios, abdominales y musculares, rash, cefalea y astenia, frecuentemente acompañados de múltiples hemorragias con diferentes niveles de gravedad. Pocos días después, y en forma explosiva, se reportaron casos similares en las provincias de Cienfuegos, Holguín y Villa Clara, diseminándose posteriormente en forma igualmente explosiva por el resto del país.

En los estudios iniciales realizados, se pudo comprobar que los primeros casos habían aparecido en forma simultánea en tres localidades de la isla distantes entre sí más de 300 kilómetros. No hubo ninguna explicación epidemiológica para la interpretación de estos hechos como una infección natural.

Los estudios de laboratorio confirmaron que el agente etiológico era el virus del dengue tipo 2. El hecho de la aparición de forma sorpresiva, sin que existiera actividad epidémica de Dengue-2 en la región de las Américas ni en ninguno de los países con los cuales Cuba mantenía un importante intercambio de personal, así como su aparición simultánea en distintas regiones del país, son elementos de soporte a los estudios realizados por científicos cubanos de reconocido prestigio, con la cooperación de científicos extranjeros altamente especializados en la detección y lucha contra las agresiones biológicas.

Las investigaciones y los estudios minuciosos llevados a cabo condujeron a la evidencia de que la epidemia fue introducida deliberadamente en el territorio nacional por agentes al servicio del Gobierno de Estados Unidos. Especialistas norteamericanos en guerra biológica habían sido los únicos en obtener una variedad de mosquito Aedes aegypti sensiblemente asociada a la trasmisión del virus 2, según informó el coronel Phillip Russell en el XIV Congreso Internacional del Océano Pacífico, efectuado en 1979, solo dos años antes de que se desatara la brutal epidemia en Cuba.

Constituye un elemento significativo el hecho de que en 1975 el científico norteamericano Charles Henry Calisher, en una visita a Cuba, se interesó y obtuvo información sobre la existencia de anticuerpos al dengue en la población cubana y la no existencia en la misma, por lo menos en 45 años, de anticuerpos al virus 2.

En el juicio celebrado en 1984 en Estados Unidos contra Eduardo Arocena, cabecilla de la organización terrorista Omega 7, este confesó paladinamente haber introducido gérmenes en Cuba y reconoció que la fiebre del dengue hemorrágico fue introducida en la isla a través de grupos afines de origen cubano radicados en Estados Unidos.

De ser verídica la confesión del jefe de la conocida organización terrorista Omega-7 sobre los grupos utilizados para introducir la epidemia del dengue hemorrágico en Cuba, de forma exhaustiva hemos explicado y demostrado aquí quiénes son esos grupos, quiénes los organizaron y al servicio de quiénes actuaban.

Por otra parte, el ejército norteamericano había informado de la existencia de una vacuna que incluía protección contra el Dengue-2, que le fue aplicada a la población de la Base Naval de Guantánamo, lo que propició que en dicho enclave militar no se registrara un solo caso de afectación por la enfermedad, que en cambio golpeó al resto del territorio de la isla, sin excepción alguna.

Durante la 91 sesión del Congreso de Estados Unidos, en noviembre del 18 al 20, y diciembre 2, 9, 18 y 19 de 1969, se celebró una audiencia para analizar los supuestos planes sobre el uso de armas biológicas contra Cuba.

En esa sesión se desarrolló el siguiente diálogo:

El uso de insectos para trasmitir enfermedades ha sido objeto de profundos estudios en Fuerte Detrick. Un periodista escribió que el inventario de insectos del Fuerte Detrick en 1959 incluía mosquitos infectados con fiebre amarilla, malaria y dengue; pulgas infectadas con plaga, garrapatas con tularemia, fiebre recidiva y fiebre de colorado; moscas domésticas infectadas con cólera, ántrax y disentería.

Según datos revelados por el Ejército norteamericano hace alrededor de 20 años, en julio de 1958, el Centro de Armas Bacteriológicas de las Fuerzas Terrestres de Estados Unidos realizó experimentos con mosquitos Aedes aegypti portadores de la fiebre amarilla, que se llevaron a cabo en un polígono aéreo en el estado de la Florida. El enjambre de mosquitos —no contagiados como es lógico— compuesto aproximadamente de unos 600 mil ejemplares, fue dispersado sobre el polígono desde un avión. Los resultados de las investigaciones realizadas demostraron que los mosquitos alcanzaron en un día distancias de 1,6 a 3,2 kilómetros y picaron a muchas personas; que el Aedes aegypti poseía grandes posibilidades para la transportación de la fiebre amarilla a grandes distancias.

El 29 de octubre de 1980 un cable procedente de Washington informaba que:

Se trataba de una gran potencia, a una gran distancia, y un inmenso territorio, con la cual Estados Unidos no estaba en guerra. Sin embargo, se acariciaba la idea de un silencioso sabotaje biológico.

Puede servir como antecedente para explicar lo ocurrido en Cuba, un artículo del periódico The Miami Herald, nada sospechoso de amistad con Cuba, publicado el día 1º de septiembre de 1981:

Con anterioridad, un cable de la UPI fechado en Washington el 9 de enero de 1977 informó lo siguiente:

Hay una montaña de evidencias, antecedentes y hechos que no hay forma posible de ignorar.

Lo incuestionablemente real es que en pocas semanas la epidemia de dengue hemorrágico en Cuba, donde no había existido nunca, alcanzó la cifra sin precedente conocido en ningún otro país del mundo de 344.203 personas afectadas, dándose el caso verdaderamente récord de 11.400 nuevos enfermos reportados en un solo día, el 6 de julio de 1981.

Un total de 116.143 enfermos fueron hospitalizados; alrededor de 24 mil pacientes sufrieron hemorragias; 10.224 sufrieron shocks por dengue en algún grado.

Ciento cincuenta y ocho personas fallecieron como consecuencia de la epidemia, de ellas 101 niños.

Todo el país y sus recursos fueron movilizados para luchar contra la epidemia. Se combatía intensamente y a la vez en todas las ciudades y poblados del país la presencia del vector, con todos los medios posibles y con productos y equipos adquiridos con toda urgencia en cualquier parte, incluido Estados Unidos donde a través de la Organización Panamericana de la Salud se solicitó y finalmente en el mes de agosto se obtuvo la venta de un importante larvicida. Los medios químicos y equipos eran trasladados muchas veces por vía aérea, en ocasiones de lugares tan distantes como Japón, en cuyas fábricas pudieron obtenerse miles de motomochilas de fumigación. Hubo que traer malathion desde Europa, por avión, a un costo de transportación de 5.000 dólares por tonelada, es decir, tres veces y media más que el valor del producto.

En adición a la red hospitalaria existente, decenas de escuelas para alumnos becarios fueron convertidas en hospitales a fin de aislar sin excepción a cada uno de los nuevos enfermos que se reportaban cada día. Simultáneamente se construían y equipaban salas de terapia intensiva en todos los hospitales pediátricos del país.

De este modo, el 10 de octubre de 1981 fue reportado el último caso de persona afectada.

De no haber sido por aquel colosal esfuerzo, habrían podido fallecer decenas de miles de personas, en su inmensa mayoría niños. Había sido derrotada en poco más de cuatro meses una epidemia que muchos expertos pronosticaron que harían falta años para erradicarla. La afectación económica fue también considerable.

La relación de fallecidos a causa de esta epidemia se acredita mediante la correspondiente certificación expedida por el Ministerio de Salud Pública, documento que se adjunta marcado con el número 22.

OCTAVO: Que a lo largo del proceso revolucionario cubano, asunto de carácter estrictamente interno, que llevó a cabo nuestro pueblo en el ejercicio de su derecho a la plena soberanía como ciudadanos de una nación independiente, nuestra patria ha tenido que enfrentar y aún enfrenta el constante peligro de una agresión militar directa de Estados Unidos.

Una de las primeras reuniones del equipo designado para la ejecución del Proyecto Cuba, reseñada en un memorando confeccionado por el Director de la CIA el 19 de enero de 1962, fue de especial significación. Esa reunión tenía lugar exactamente nueve meses después de la aplastante derrota, en menos de 72 horas, y la captura total de la fuerza expedicionaria desembarcada en Girón, a la vista de la escuadra norteamericana situada el 19 de abril a tres millas de Playa Girón, cuya presencia y aliento de nada les sirvió a sus tropas mercenarias, y que no tuvo tiempo siquiera de actuar ni había nadie a quien apoyar, cuando al final de la aventura el Presidente Kennedy había sido persuadido de dar apoyo aéreo a los invasores utilizando los aviones de combate a bordo del portaaviones Essex, incluido en ese destacamento naval. Según el documento desclasificado referido a la reunión de aquel día, Robert Kennedy, Procurador General del Gobierno de Estados Unidos, informó a los asistentes que el Presidente estimaba que el último capítulo respecto a Cuba aún no estaba escrito, que el derrocamiento de Castro era posible y que la consecución de este objetivo tenía la más alta prioridad: "La solución del problema cubano tiene máxima prioridad en el Gobierno de Estados Unidos. Todo lo demás es secundario."

El 7 de marzo de 1962, la Junta de Jefes de Estado Mayor afirmó en un documento secreto que "la determinación de que una sublevación interna con posibilidades de éxito es imposible dentro de los próximos 9 a 10 meses, exige una decisión por parte de los Estados Unidos en el sentido de fabricar una ‘provocación’ que justifique una acción militar norteamericana positiva".

El 9 de marzo de 1962, bajo el título de "Pretextos para Justificar la Intervención Militar de los Estados Unidos en Cuba", la Oficina del Secretario de Defensa sometió a la consideración de la Junta de Jefes de Estado Mayor un paquete de medidas de hostigamiento que tenían por objetivo crear las condiciones para justificar la intervención militar en Cuba. Entre las medidas consideradas estaban las siguientes:

• "Pudiéramos hacerlo de manera que ese incidente ocurra en las cercanías de La Habana o Santiago como un resultado espectacular de un ataque cubano por aire o por mar, o desde ambas direcciones."

Cinco meses más tarde, en agosto de 1962, el general Maxwell D. Taylor, Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, confirmaba al Presidente Kennedy que no se veía posibilidad de que el gobierno cubano pudiera ser derrocado sin la intervención militar directa de Estados Unidos, por lo cual el Grupo Especial Ampliado recomendaba un curso aún más agresivo de la Operación Mangosta. Kennedy autorizó su puesta en marcha: "Es asunto de urgencia".

Estos planes de invadir a Cuba que se fraguaron en los primeros meses de 1962, de los cuales llegaron noticias con alto grado de credibilidad a los Gobiernos de la Unión Soviética y de Cuba, determinaron la decisión coordinada entre ambos países de instalar con urgencia los proyectiles estratégicos cuya presencia dio lugar a la Crisis de Octubre de ese mismo año.

Hoy, ante los hechos demostrados y confesos, nadie tendría derecho a dudar de quiénes fueron los responsables, en su obsesión contra la Revolución Cubana, de que el mundo estuviese tan próximo al estallido de una guerra termonuclear.

NOVENO: La realidad irrefutable, demostrada con hechos y documentos que nadie se atrevería a rebatir, explica los inmensos gastos en recursos económicos y humanos y los sacrificios impuestos a nuestro pueblo para defenderse durante cuarenta años del peligro de una agresión armada directa por parte de Estados Unidos.

Las necesidades de la defensa cubana no tienen comparación con las de cualquier otro país del mundo. Ello impuso el inevitable sobredimensionamiento de las acciones de preparación del pueblo para garantizar su propia supervivencia.

La idea básica ha sido evitar la guerra manteniendo y desarrollando un potencial de respuesta armada con la participación de todo el pueblo y una doctrina de lucha frente a una invasión militar que aseguraría un costo tan alto a los invasores que desalentase una agresión directa de Estados Unidos. Ello ha requerido durante mucho tiempo dar una prioridad total a esta actividad.

En los últimos años ha sido posible reducir los efectivos regulares gracias precisamente a esa concepción, a pesar del notable incremento de la hostilidad contra Cuba en las últimas décadas. No obstante el importante ahorro que ello ha significado, la defensa sigue constituyendo todavía la principal prioridad del país. El esfuerzo en el entrenamiento de millones de hombres y mujeres cada año y la preservación de la capacidad combativa del pueblo, la construcción de costosos refugios y otras obras fortificadas para la protección de la población civil y los combatientes, en lo cual hubo que hacer un mayor énfasis por el vertiginoso desarrollo tecnológico alcanzado por Estados Unidos en la esfera militar, han requerido y requieren hoy una inversión considerable de recursos humanos y materiales.

Durante el período comprendido desde 1960 hasta 1998, según cálculos efectuados, hemos sido obligados a un especial sobredimensionamiento en cuanto a la cantidad de personal vinculado a la defensa. Parámetros aceptados internacionalmente establecen que las fuerzas en función de la defensa de un país deben oscilar alrededor de un 0,4 por ciento de la población existente. Siguiendo este criterio, nuestro país ha sido obligado a sobrepasar considerablemente esos parámetros, condicionado todo ello por la situación de guerra que nos fue impuesta durante todos estos años. Este desbalance en cuanto al personal se estima en alrededor de 4.362.645 efectivos movilizados durante el período mencionado por encima de los parámetros aceptados internacionalmente como normales.

La situación descrita, que resulta totalmente anómala para un país de escasos recursos económicos, pequeña dimensión y bajo índice demográfico, asociada a la amenaza permanente de la potencia militar más poderosa del mundo, trajo consigo que el esfuerzo colosal y extraordinario en la preparación combativa del país que nos impuso la política agresiva de Estados Unidos, ocasionara la pérdida de 2.354 vidas humanas y la incapacitación de 1.833 personas. Estos particulares se acreditan en los documentos que anexamos marcados con los números 23 y 24.

Con los hechos narrados ha quedado evidenciada la responsabilidad civil del Gobierno de Estados Unidos de América en el sostenimiento de una guerra contra nuestra nación, sus instituciones y organizaciones, prolongada por más de cuarenta años.

Tales extremos han obligado a las organizaciones sociales y de masas que representamos en este proceso a librar una intensa batalla en todos los frentes, ante las multifacéticas agresiones de una superpotencia. Estados Unidos ha convertido el denominado "problema Cuba" en una cuestión de política interna, objeto de todo tipo de manipulaciones, intrigas, posturas demagógicas y ambiciones partidistas y personales. El Congreso de esa nación dicta leyes de un marcado carácter extraterritorial e injerencista al promulgar normas que pretende sean cumplidas por Cuba y por el resto del mundo para satisfacer sus pretensiones de dominación con relación a nuestro país. Estos aspectos, aunque no constituyen fundamento fáctico de nuestro pedimento, los consignamos a los efectos de que la Sala pueda ponderar integralmente la dimensión de los daños y perjuicios que hemos relatado, y, consecuentemente, la magnitud de la indemnización que estamos solicitando.

Que basamos esta Demanda en los siguientes:

1. Que se establece esta demanda mediante Proceso Ordinario, teniendo en cuenta que la cuantía de lo que se reclama por concepto de reparación de daños e indemnización de perjuicios excede de lo estipulado en el Artículo 223.1 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral.

2. Que es competente por razón de la materia para el conocimiento de la presente demanda el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana por cuanto se trata de una demanda de contenido económico cuya cuantía excede de lo estipulado en el Artículo 6.1 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, siendo competente por razón del lugar el propio Tribunal, dada la sumisión tácita que al mismo hacemos, franqueada por el Artículo 10.1, en relación con el 8, ambos de la mencionada Ley de trámites.

3. Que la demanda que establecemos se estructura organizativamente en correspondencia con los requisitos que en tal sentido establece el Artículo 224, acompañando al escrito promocional los documentos justificativos del carácter por el cual comparecemos, cumplimentando lo estipulado en el Artículo 226, así como los documentos en que fundamentamos el derecho que estamos alegando, a tenor de lo estipulado en el Artículo 227; que se acompañan las copias requeridas para verificar el emplazamiento al demandado, según el Artículo 228, todos de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral.

4. Que en virtud de esta demanda deberá ser emplazado el demandado mediante Comisión Rogatoria, diligencia que se verificará a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, a tenor de lo preceptuado en los Artículos 229 y 230, en relación con el 170, todos de la Ley de Trámites Civiles.

5. Que a tenor de las pretensiones concretas que se deducen de esta demanda, el fallo que en su día se dicte deberá ser congruente con la petición de condena que estamos formulando, todo ello amparado en el Artículo 146 de la mencionada Ley de Procedimiento.

6. Que están legitimados para promover este proceso los relacionados en el encabezamiento de la demanda, en su condición de Presidente, Coordinador Nacional o Secretario General, según corresponda, a nombre de las personas jurídicas que representan, por ser quienes ejercen la máxima autoridad de estas organizaciones, las que a su vez representan los intereses específicos de sus miembros, tal y como estipulan los cuerpos normativos internos de las mismas, todo ello en virtud de lo preceptuado en los Artículos 39.1 y 2.c, 40, 41 y 42, todos del Código Civil, en relación con el Artículo 64 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, y el Artículo 7 de la Constitución de la República.

7. Que la presente demanda se funda en la violación de derechos civiles de los ciudadanos cubanos, referentes al derecho a la vida y el derecho a la integridad física, reconocidos estos como derechos inherentes a la personalidad al amparo del Artículo 38 del Código Civil y cuya violación legitima para exigir la reparación de los daños y la indemnización por los perjuicios causados, amparado esto último en el apartado c) del mencionado Artículo del Código Civil.

8. Que la pretensión concreta que se deduce de esta demanda tiene su amparo en el inciso d) del Artículo 111 del Código Civil, en tanto la vulneración de los derechos civiles citados supone la responsabilidad extracontractual de la parte demandada, en su condición de deudora, referente a la obligación de indemnizar los perjuicios y reparar los daños causados, en apoyo a lo cual viene el principio general del Derecho del neminem laedere que se imputa quebrantado.

9. Que el acto ilícito que se le atribuye al deudor, en su condición de demandado, lleva implícito el causar un daño o perjuicio a otro y es a su vez fuente de relación jurídica civil y en concreto de una relación jurídica obligatoria, cuyo contenido supone la prestación de resarcimiento a cargo de su autor, responsabilidad que a la luz del ordenamiento civil cubano tiene un marcado carácter objetivo, sustentado en los Artículos 81, en relación con el Artículo 47, inciso c), 46, apartado 3, y 82, todos ellos del Código Civil.

10. Que el contenido del resarcimiento de la responsabilidad civil comprende, entre otros, la reparación del daño material en el sentido del abono del valor del bien, y que tratándose en esta oportunidad de bienes de inestimable valor y de imposible restitución por su naturaleza, como son la vida humana y la integridad física, procede el avalúo y compensación, por vía pecuniaria, del montante que hemos interesado en el principal de esta reclamación, amparado todo ello en el Artículo 83, inciso b), en relación con el 85, ambos del Código Civil, y la reparación del daño moral mediante la retractación pública del ofensor, según establece el Artículo 88 del propio cuerpo legal. Asimismo, el resarcimiento comprende también la indemnización de los perjuicios que en caso de muerte o de incapacitación se han ocasionado, lo que se extiende al sostenimiento de la familia, obligación que hasta el presente ha venido asumiendo la sociedad cubana, así como todos los ingresos dejados de percibir como resultado de la ausencia de este miembro del núcleo familiar, y lo que para el incapacitado representa la pérdida o disminución de sus ingresos salariales y su idóneo reintegro a la vida social, por motivo de las secuelas o deformación física y con ello de su inaptitud laboral, y todas las erogaciones que las víctimas o sus familiares hayan realizado para intentar restablecer la salud física y psíquica del lesionado, a tenor del Artículo 86, incisos a), b), d) y e), en relación con el Artículo 87, inciso c), todos del Código Civil.

11. Que por haberse producido dentro del territorio nacional de la República de Cuba, o en sedes diplomáticas, naves marítimas y aéreas de matrícula cubana o contra personal que prestaba servicio en el exterior u otros casos con similar derecho de protección, la Ley aplicable es la Ley nacional cubana, en virtud del Artículo 16 del Código Civil.

12. Que las normas jurídicas que amparan en el orden sustantivo la presente reclamación, las cuales hemos mencionado con antelación, deben ser interpretadas y aplicadas de conformidad con los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado cubano expresados en el Capítulo 1 de la Constitución de la República, según prescribe el Artículo 2 del Código Civil.

13 Que las normas del Código Civil vigente a las que hemos hecho mención, resultan de aplicación al contenido de esta reclamación en su totalidad, dado que las relaciones jurídicas obligatorias constituidas al amparo de la legislación anterior mantienen su validez en tanto sus efectos posteriores a la vigencia del

actual Código Civil se rigen por las disposiciones de este, refrendado esto en la Disposición Transitoria Primera del Código Civil.

14. Que la representación que ostentamos los letrados firmantes se sustenta en lo preceptuado en el Artículo 414 del Código Civil.

Que se disponga por el Tribunal la condena al demandado, en su condición de deudor civilmente responsable, por concepto de reparación del daño material, al pago por el valor de la vida de 3.478 personas, bien que resulta imposible de sustituir y, es además invalorable, de una cifra equivalente a un promedio de 30 millones de dólares estadounidenses por cada uno de los fallecidos, lo que asciende a un total de 104.340 millones de dólares estadounidenses, y al pago por el valor de la integridad física ilícitamente quebrantada de 2.099 personas, bien igualmente insustituible in integrum, de una cifra equivalente a un promedio de 15 millones de dólares por cada uno de los incapacitados, lo que asciende a un total de 31.485 millones de dólares estadounidenses.

Que se disponga igualmente por concepto de indemnización de perjuicios, como retribución de las prestaciones que ha tenido que asumir la sociedad cubana y demás ingresos dejados de percibir por víctimas y familiares de los hechos narrados ut supra, al pago de 34.780 millones de dólares, equivalente a un promedio de 10 millones de dólares estadounidenses por cada uno de los fallecidos, y de 10.495 millones de dólares estadounidenses, equivalente a un promedio de 5 millones de dólares por cada uno de los incapacitados.

En correspondencia con lo anterior se demanda la condena al pago único de la suma de 181.100 millones de dólares estadounidenses.

Asimismo se interesa que, de acuerdo con nuestro Derecho positivo, se conmine al demandado a que públicamente se retracte por el daño moral del que han sido objeto tanto los familiares como las víctimas de los hechos narrados en esta demanda.

Que la reclamación que formulamos por el valor de la vida de 3.478 cubanos fallecidos y 2.099 incapacitados, es sustancialmente inferior al monto que fuera fijado por el señor Lawrence King, Juez Civil del Distrito del Sur de la Florida, quien en los procesos números 96-10126, 96-10127 y 96-10128 condenó a la República de Cuba al pago de 187.627.911 dólares estadounidenses por la muerte, en las proximidades de las costas cubanas, de los pilotos Armando Alejandre, Carlos Alberto Costa y Mario M. de la Peña, debido al incidente provocado por incontables violaciones durante años del espacio aéreo cubano, exigiéndose un promedio de 62.542.637 dólares por cada fallecido, a partir de la suma de indemnizaciones por dos conceptos: daños compensatorios y daños punitivos, de acuerdo con sus leyes, que se puede comparar con el promedio de 40 millones de dólares por cada fallecido que el pueblo de Cuba reclama igualmente por dos conceptos: reparación del daño material e indemnización de perjuicios, de acuerdo con nuestras leyes.

Si hubiésemos establecido la misma base de cálculo del Juez King, nuestra reclamación ascendería a 217.523 millones de dólares, o sea, 78.403 millones de dólares más de lo que estamos demandando.

POR TANTO

AL TRIBUNAL SOLICITAMOS: Que tenga por presentado este escrito, con sus copias y documentos que justifican la representación y el derecho que invocamos, y en consecuencia tenga por interpuesta Demanda en Proceso Ordinario sobre Reparación de Daños e Indemnización de Perjuicios, así como por demandado al Gobierno de Estados Unidos de América, el cual debe ser emplazado en el plazo de rigor a través de Comisión Rogatoria, a fin de que se persone y conteste lo que en derecho considere, y, previo el cumplimiento de los demás trámites procesales, se dicte sentencia en su día declarando Con Lugar esta demanda, y se disponga la condena en la forma en que fue interesada en nuestra Pretensión.

OTROSÍ: Interesamos del Tribunal que, en virtud de lo establecido en el Artículo 170 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, se libre despacho al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba a fin de que cumplimente la diligencia de emplazamiento al demandado.

Ciudad de La Habana, 31 de mayo de 1999

Abogado

Lic. Leonardo B. Pérez Gallardo

Abogado

Lic. Magaly Iserne Carrillo

Abogada

Lic. Ivonne Pérez Gutiérrez