Tengo el honor de presentar, con el concurso de los diputados de las comisiones de Relaciones Internacionales, de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Asuntos Económicos, este proyecto de ley que daría respuesta, por nuestra parte, al engendro ilegítimo, injerencista, violatorio de todas las normas del derecho internacional, que ha sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos y que es conocido con el nombre de sus autores.

Yo quisiera, antes de entrar a fundamentar el texto que les proponemos, referirme brevemente a algunas circunstancias que rodearon la promulgación de dicho texto por el gobierno norteamericano.

Falsificando completa y deliberadamente la verdad, se ha tratado de utilizar el incidente ocurrido el 24 de febrero como excusa para haber propiciado la adopción de esa denominada ley por Estados Unidos.

Hay que decir, ante todo, que en ningún momento antes del 24 de febrero, después del 24 de febrero, o después de la promulgación de la llamada Ley Helms-Burton, en ninguna ocasión, de modo claro, específico, oficial, las autoridades norteamericanas declararon su intención de vetar es ley, de hacerla imposible.

Por otra parte, desde el mes de noviembre de 1995, exactamente desde el día 13 de noviembre de aquel año, existía este documento, que es esencialmente la Ley Helms-Burton tal y como fue promulgada, prácticamente sin ningún elemento nuevo o diferente, que había sido pactado, acordado entre los representantes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos -antes habían existido dos versiones--, y entre representantes del Partido Demócrata y del Partido Republicano, quienes se habían puesto de acuerdo en un texto, que -repito --es prácticamente idéntico al que finalmente sería adoptado.

Esto ocurrió algo más de tres meses antes de que hubiesen producido aquellos incidentes; pero, además de eso, como todos sabemos, un elemento esencial de este engendro norteamericano está relacionado con la pretensión de devolución de sus llamadas ¨propie

dades¨, que reclamarían los batistianos, los malversadores, los explotadores de origen cubano que devinieron después ciudadanos de Estados Unidos.

Yo tengo aquí este informe, que es un documento público de Estados Unidos, que es el informe que cada año presenta al Congreso de la Unión la Comisión Federal de Reclamaciones, que es el órgano de Estados Unidos que brega con el tema de reclamaciones de propiedades de norteamericanos en otros países.

Este es el informe correspondiente al año 1990; es decir, cinco años antes de que se hubiese presentado la primera versión de lo que ahora es la Ley Helms-Burton, y dos años antes, incluso, de que hubiese sido aprobada la llamada Ley Torricelli.

En este informe, en su última sección referida a los programas, a la actividad futura de la comisión, se anuncia que la comisión tiene ante sí solicitudes para que se reabra el programa que con relación a Cuba habían cumplido en los años 60 y culminaron a comienzos de los 70, relacionados con las reclamaciones norteamericanas por las propiedades norteamericanas que fueron nacionalizadas en Cuba al principio de la Revolución, para ampliar ese programa y agregar, sumar a él, a los llamados nuevos reclamantes.

En 1990 el Congreso de Estados Unidos recibió este informe, que es público; recibió uno que repite lo mismo en 1991, en 1992, en 1993, en 1994 y en 1995, de manera que esa pretensión de extender supuestos derechos, a supuestos reclamantes, de reclamar la devolución de sus propiedades en Cuba es bastante más antigua que el incidente de febrero, e incluso bastante anterior que la Ley Helms-Burton y que la Ley Torricelli.

No voy en esta ocasión a abundar en los datos que ilustran claramente cómo ese incidente no fue en lo absoluto responsabilidad de Cuba y que lo fue enteramente de Estados Unidos.

No hace falta recordar los detalles de los antecedentes de vuelos de pequeñas aeronaves procedentes del Norte, que, desde el triunfo de la Revolución, fueron empleadas para labores de sabotaje, para provocaciones militares, para la introducción de elementos y sustancias biológicas, y para introducir en este país bacterias que afectasen nuestros cultivos, pero también que afectasen, como han afectado, la vida de nuestros conciudadanos.

No voy a referirme ahora a la larga lista de incidentes de violaciones de nuestra soberanía por parte del mismo grupúsculo contrarrevolucionario que participaría en los hechos del 24 de febrero, pero es bueno recordar que los propios norteamericanos antes, mucho antes de la fecha de febrero, habían iniciado un proceso investigativo y legal, de carácter legal, contra esas personas; habían solicitado la cooperación de Cuba para proceder contra esos individuos, la habían recibido, nos habían agradecido esa cooperación y habían emitido esta orden, al dicho grupo, para que cesara y desistiera de la repetición de esas acciones ilegales.

No voy tampoco a extenderme en referir como, por diversas vías, nuestro gobierno había advertido al gobierno de Estados Unidos de los peligros que entrañaban la repetición de estos incidentes y de estas acciones ilegales de algunos grupos en la Florida, ni tampoco en el hecho de que por la misma vía recibimos seguridades y compromisos, expresión de la voluntad de impedir la repetición de tales incidentes, que, además, correspondían con el intercambio entre ambas cancillerías, con lo que dice este documento, con la cooperación que nos habían solicitado y que les habíamos ofrecido para evitar la repetición de tales hechos.

No voy tampoco a referirme al hecho de que contra toda la falsa publicidad que habla de supuestas aeronaves civiles, da la casualidad que se trata, en todos los casos, del empleo de un modelo de avión, el Cessna-337, que todos los manuales de aviación definen por su empleo doble, tanto para tareas de carácter civil como de carácter militar.

No hace falta recordar que para fines militares fueron empleados en Viet Nam y fueron empleados en Centroamérica; tampoco les voy a repetir la copiosa literatura de la prensa de Miami, donde algunas personas solicitaban que el Pentágono les facilitase algunas aeronaves modelos Cessna-337, precisamente, porque ya había terminado el conflicto en El Salvador estaban disponibles.

No voy a repetir, sólo mostrar el hecho de que en la propia prensa de Miami se publicaron reportajes como este (muestra reportaje), donde se muestra un avión donde voló el editor de un periódico norteamericano y que todavía el avión conserva las cuatro letras USAF, que lo definen como avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos; ni tampoco a explicar esta foto (la muestra), correspondiente a un avión que todavía tiene en el ala las letras que lo identifican como avión de las fuerzas aéreas norteamericanas, y que, según los propios investigadores de la Organización de Aviación Civil Internacional, cuando ellos fueron a la ciudad de Miami, este mismo avión se encontraba en el mismo hangar que utiliza ese grupo, y, según dijeron ellos -y es totalmente cierto--, todavía conservaba las letras, lo único que la ¨F¨ está un poco difusa, aunque puede ser claramente percibida de cerca.

No voy tampoco a abundar en la forma en que Estados Unidos manipuló la investigación encargada a la Organización de Aviación Civil Internacional, cómo no permitieron a los investigadores entrevistar a ningún testigo, cómo falsificaron pruebas y se negaron a entregar las cintas originales de las grabaciones que ellos poseían, cómo destruyeron o no entregaron algunos datos de sus sistemas de radar y cómo, en fin, obstruyeron la investigación, la hicieron más difícil, la demoraron al máximo. La manipularon, en una palabra.

Quiero detenerme sólo en un aspecto que prueba la responsabilidad que recaía y recae sobre algunas autoridades norteamericanas.

En el propio informe de los investigadores de la OACI se hace referencia al hecho de que, el 13 de febrero, el Departamento de Estado había dirigido una comunicación a otras instancias del gobierno norteamericano, advirtiéndoles de la posibilidad de que ocurriese algún problema con estas aeronaves, algún incidente que involucrarse a Cuba.

El 24 de febrero solicitó el mismo departamento a la torre de control del aeropuerto de Oppa Locka, cerca de la ciudad de Miami, información acerca de esos aviones si habían salido, si iban a salir. A las 13:08 le comunicaron a Washington, desde Oppa Locka, que los aviones estaban allí en la pista, que se estaban moviendo para iniciar el procedimiento para despegar, y a las 13:15 horas volvieron a comunicarse con Washington para indicarles que los aviones acababan de despegar. Eso es lo que los norteamericanos admitieron y dejaron reflejar públicamente en el informe de los investigadores, a quienes también entregaron este mapa (muestra mapa) que traza, con esta línea amarillo verdosa, de trazos interrumpidos, la ruta que había sido autorizada, el plan de vuelo autorizado por las autoridades federales para la realización de ese vuelo; y la línea continua más fuerte, azul, la ruta que siguieron realmente. Dice así el mapa: ruta aprobada aquí, ruta planificada y ruta real.

Si ustedes se fijan, verán que el vuelo comienza a las 13:15 en Oppa Locka y el mapa se detiene a las 15:20 cuando ya están las aeronaves entrando en el espacio aéreo cubano --lo detienen ahí por razones que después voy a explica--; pero fíjense que esto significa que un vuelo que demoró en general, aproximadamente unas dos horas, una hora y tres cuartos, una hora y cuarenta y cinco minutos, los aviones estuvieron sobrevolando la Florida o volando en el área del estrecho que está bajo la jurisdicción norteamericana a los fines del control aéreo, lo que se llama la Zona de Información de Vuelo, que corresponde a Estados Unidos de América, del Paralelo 24 hacia arriba.

Durante una hora y tres cuartos, de las dos horas del vuelo, estos aviones estuvieron violando el territorio norteamericano, las leyes norteamericanas, las regulaciones norteamericanas y Estados Unidos no hizo absolutamente nada para evitar que se continuase la violación de sus propias normas, o para evitar que ocurriese un incidente internacional.

Fíjense cómo, apartándose de la ruta autorizada -y apartarse de la ruta autorizada, según los convenios internacionales,es una causal para obligar a un avión a detener su vuelo y aterrizar-, ellos vieron y registraron, y se lo informan a la OACI, cómo en lugar de una ruta que los hubiera llevado aproximadamente al norte de Villa Clara, los aviones se dirigieron exactamente hacia el sur, cuando se encontraban frente a la capital de la República de Cuba y mantuvieron esa dirección todo el tiempo, hasta este punto en que ellos deciden ser discretos y no hablar de más allá de las 15 horas 20 minutos.

Pero como siempre suele suceder, las mentiras no pueden vivir mucho tiempo y no es fácil ocultar la verdad todo el tiempo; después de la investigación de la OACI, en Estados Unidos de América tuvo lugar un proceso ante un juez federal norteamericano, ante el cual concurrieron algunos testigos y se presentaron algunos documentos. Entre los testigos hubo un señor de apellido Houlihan, que es oficial responsable de los servicios de radares de Estados Unidos, que tiene la responsabilidad de registrar y controlar los vuelos hacia o desde Estados Unidos.

Este señor, en la larga documentación que apareció ante ese juez -que, por supuesto, no ha sido publicada en la gran prensa, pero son documentos públicos-, para que tengan una idea de la extensión de esa documentación, en la página 1796 aparece el testimonio del señor Houlihan, donde dice que el 17 de febrero -¡el 17 de febrero!--, es decir, una semana antes del incidente, él había sido citado a una reunión con otros oficiales o funcionarios norteamericanos que no puedo decir quienes son, porque él tampoco lo dijo, pero explica que es una reunión oficial a la cual fue citado y tuvo que concurrir por su responsabilidad, en la que se le dijo que el día 24 de febrero este grupo iba a volar desde Oppa Locka hasta Cuba para crear un incidente político.

Unas páginas más adelante, en su testimonio, el señor Houlihan explica que el 23 de febrero -o sea, el día antes- lo volvieron a citar y él volvió a concurrir, a una reunión en la que se le reiteró: ¨Mañana, 24 de febrero, este grupo va a despegar desde Miami para volar sobre Cuba, para crear un incidente político.¨

El día 24 de febrero, según lo que dice Houlihan en la página 1808 -y son declaraciones bajo juramento, ante un juez, en un proceso legal, en un juicio--, precisó que el 24 de febrero, a las 7:45 de la mañana, lo volvieron a citar y él volvió a concurrir a una reunión con otros oficiales, donde le ratificaron que ese día se produciría dicho vuelo y el incidente programado.

Ante el juez de marras no sólo concurrieron testigos, sino que, además, se presentaron documentos como este (lo muestra), que es la relación -es como el cuaderno de bitácora-- de los servicios de radar de Estados Unidos, donde van dando cuenta, por minutos, de donde, en el caso que nos ocupa, se está refiriendo a estos aviones, vieron que el mapa terminaba a las y 20, ¿no es así? ¿Porque ellos no tenían más datos?, no, porque no les convenía presentar ante el mundo los datos que tenían como este.

Lo que ocurre a las y 22, dos minutos después, lo voy a leer textualmente:

¨Observé tres aviones -del grupo contrarrevolucionario-cruzando hacia el territorio cubano y avanzando hasta unas tres millas, mantenían dirección hacia el sur. A las 3:23 -nuevamente dice- los tres aviones continúan avanzando dentro del territorio cubano con rumbo sur.¨ Si recapitulamos los hechos, veremos que estamos hablando ya prácticamente del instante en que nuestra Fuerza Aérea, cumpliendo su deber, actuando con plena responsabilidad, defendió el cielo de la patria y puso fin a una violación de nuestra soberanía y a una amenaza, y evitó una seria amenaza, un serio riesgo para la población de Ciudad de La Habana.

Habría que preguntarse: ¿Cuál es el gobierno responsable de estos hechos? ¿Quién sabía de antemano? ¿Quién podía evitar que el incidente ocurriese? ¿El gobierno de Cuba, que había recibido promesas, que había sido informado de medidas que se habían adoptado contra esta gente, que había cooperado en la adopción de esas medidas, o el gobierno cuyas autoridades, evidentemente, sabían con anticipación que habría de producirse el vuelo con la finalidad provocadora que el señor Houlihan testimonió?

¿Cómo explicar que supieran con una semana de anticipación que iba a producirse ese vuelo sí, como todo el mundo sabe, el permiso para despegar en un aeropuerto por un avión civil lo solicita unos minutos antes de despegar, como además aparece en todos los testimonios de la OACI? Es decir, aparentemente, nadie sabía, hasta el 24 de febrero al mediodía, que iban a hacer ese vuelo; pero lo sabían en el Departamento de Estado, lo sabían en el Servicio de Radares, lo habían advertido y reiterado en diversas ocasiones. ¿Cómo explicar ese conocimiento, sino por connivencia con los autores de la fechoría?

Verificaron -además, se tomaron ese trabajo- que los aviones estaban allí, que despegaron, registraron el curso completo que siguieron hasta violar el espacio cubano, comprobaron que durante todo ese curso estaban violando las normas norteamericanas y después ocultaron las pruebas, justificaron la provocación e intentan utilizar la ONU como pretexto para imponerle al mundo una ley que el mundo entero rechaza.

En resumen, se puede afirmar que del lado norteamericano hay autoridades que fueron responsables por el incidente, que lo permitieron, que ayudaron a encubrirlo, que de hecho facilitaron o estuvieron asociados de algún modo a su preparación y planificación. ¿Hasta qué nivel? La historia lo dirá en su día.

Yo solamente quiero apuntar lo siguiente: el 8 de mayo de 1996, en una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el señor Dennis Hayes, que había sido hasta el mes de mayo del año anterior jefe de la sección que atiende a Cuba en el Departamento de Estado, interrogado por algunos senadores, reconoció que él, personalmente, había volado en los aviones de este mismo grupo. Cuando un senador pareció sorprenderse de tal cosa y le preguntó que cómo era posible eso, la respuesta que recibió fue prácticamente olímpica, él dijo: ¨Cuando yo fui designado en ese cargo, me encontré que eso era lo normal, lo que habían hecho mis predecesores¨. No sé si después del señor Hayes, sus sucesores han hecho lo mismo. Pero, hasta el que tenía que velar por las relaciones con Cuba, acompañó a los provocadores en algunos de sus vuelos.

Está demostrado que algunos de estos aviones, además, procedían de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, y la OACI tiene documentos que le entregó Cuba que prueban que estos individuos, además, recibieron equipamiento, recibieron adiestramiento y tienen películas filmadas donde se ven reuniones de oficiales norteamericanos con los pilotos provocadores.

Es, compañeras y compañeros, con este trasfondo de mentira, de falsificación, de adulteración grosera de los hechos, como algunos han tratado de justificar la promulgación del engendro conocido como Helms-Burton.

Esa ley norteamericana -llamémosla de alguna forma-- pretende negar la existencia de cuba como Estado soberano, busca eliminar la nación cubana, imponerle la servidumbre colonial y esclavizar a su pueblo; buscar intensificar y universalizar el bloqueo mediante sanciones y amenazas ilegales contra terceros, para forzarlos a acatar la política yanki. Se propone asfixiar económicamente a Cuba y aumentar las dificultades del pueblo; utiliza inmoralmente los alimentos y las medicinas como armas de guerra; trata de convertir los sufrimientos, las penurias, las enfermedades en instrumento de una política cínicamente manipuladora del concepto de la libertad, que prostituye la idea de la libertad y se propone, en realidad, llevar al martirio a una nación entera. Ante ella palidece la Enmienda Platt. Se trata, en rigor, de un proyecto genocida, públicamente anunciado y promovido abierta y descaradamente.

Esta ley, además, aunque a veces la propaganda norteamericana trata de sembrar la confusión a este respecto, está siendo aplicada desde marzo de este año, cuando el presidente Clinton juzgó pertinente firmarla.

El 16 de agosto de este año, el propio presidente Clinton formuló unas declaraciones en la Casa Blanca por las que designaba a un señor de apellido Eizenstat, como enviado especial para los asuntos de Cuba. Desde entonces este caballero ha estado bastante ¨fatigado¨ viajando por el mundo, tratando de confundir o presionar a otros gobiernos; tratando de crear un frente común contra Cuba, supuestamente para promover lo que ellos denominan ¨la democracia¨. Le dan ese título a él: ¨enviado especial para la democracia en Cuba¨.

Pero el propio Clinton en su declaración, cuando presentó a este caballero, explica que él va a seguir teniendo los cargos que ha tenido durante muchos años en Estados Unidos. Uno de ellos es subsecretario de comercio, el otro es enviado especial para la restitución de propiedades en Europa Oriental y Central. Esa la idea de la democracia norteamericana: democracia es devolverle la tierra al latifundista, la fábrica al antiguo explotador y de esa es de la única democracia que el señor Eizenstat sabe algo. No creo que él sepa nada de parlamentos obreros, no creo que se haya reunido nunca en ningún consejo popular, no creo que nunca haya ido a buscar los sentimientos, las preocupaciones del pueblo norteamericano o de ningún otro pueblo; lo que sabe él, en lo que ha tenido algún éxito -según voy a explicar después--, es en recuperar propiedades nacionalizadas o expropiadas, que es, en definitiva, la esencia de lo que para los yankis, con esta ley, significaría la destrucción de la Revolución Cubana y la imposición en Cuba del modelo o del tipo de democracia que ellos promueven.

No nos confundamos. La ley nos permite tener absoluta claridad al respecto. No se trata de que los problemas entre Cuba y Estados Unidos fueran a resolverse si nos volviésemos locos y fuésemos a aceptar la imposición aquí del régimen norteamericano; no se resolverían nuestros problemas con ellos, ni siquiera de ese modo. No se trata, ni siquiera, de que se nos proponga la rendición para evitar que continúe la guerra; no se trata ni siquiera, de que con el suicidio colectivo pudiésemos poner fin al diferendo con Estados Unidos. Si hay algo que agradecerle al señor Helms y al señor Burton es que lo hayan dicho y lo hayan puesto claramente en la Ley. No voy a analizar esa ley ni mucho menos, sólo me voy a referir a un parrafito de ella, el párrafo que cierra el segundo título de esa ley que, como ustedes saben, es todo un recuento del plan anexionista, es toda una descripción de cómo ellos pretenderían organizar la República de Cuba después que mediante la intensificación de la guerra económica hubieran destruido a la Revolución Cubana -cosa que, por supuesto, jamás van a lograr--; pero después que hubieran hecho eso, vendría una etapa que llaman de transición, que sería, realmente, una brutal carnicería, el exterminio de nuestro pueblo que no se iba a dejar arrebatar sus conquistas graciosamente, del cual saldría -según la ley-- lo que ellos llaman el ¨régimen democrático¨ en Cuba, que para que sea democrático tiene que estar certificado por el Presidente de Estados Unidos, aprobada por el Congreso esa certificación.

Pero ese ¨gobierno democrático¨ que ha surgido después de la victoria de la contrarrevolución, que ha surgido después que Cuba se organiza como ellos quieren que se organice, para que no haya duda ninguna, el último párrafo de ese título cierra con la siguiente afirmación: ¨¼las futuras relaciones diplomáticas y económicas, la posibilidad de normalizar las relaciones diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y ese gobierno democrático de Cuba tienen como condición indispensable¨ lo que ellos llaman la solución del problema de las propiedades.

El 20 de septiembre, el Departamento de Estado anunció el establecimiento de una unidad especial para la aplicación de la Ley Helms-Burton como parte de la Oficina de Asuntos Cubanos de ese ministerio yanki. Al hacer el anuncio no sólo explicaron las funciones de esa oficina, sino que dieron su número de teléfono, su número de fax, su dirección postal y anunciaron que darían también la dirección de correo electrónico de la misma, y explicaron para qué creaban esa comisión. La creaban para realizar un esfuerzo para localizar dentro de Estados Unidos a personas que puedan haber tenido alguna propiedad que hubiera sido expropiada en Cuba después de 1959.

Se refieren a que había el grupo conocido de los norteamericanos afectados por la reforma agraria y por las leyes de nacionalización, los que eran norteamericanos en aquella época. Pero dicen que hay muchos, muchos otros, y que algunos todavía no se han presentado. Crean esta unidad para propiciar, para buscarlos, para localizarlos, para, en otras palabras, movilizar a toda esa caterva de antiguos explotadores, torturadores, mafiosos, y embullarlos a que reclamen, a que pongan pleitos a que persigan a los países y a las empresas que invierten en Cuba. De manera que, aunque a veces traten de decir que actúan con moderación, que actúan ¨democráticamente¨, en la práctica han continuado dando paso a paso para aplicar la ley de un modo que para los cubanos no puede pasar inadvertido.

Poco más tarde, el 27 de septiembre, el Departamento de Estado, en cumplimiento de la Ley Helms-Burton, publicó este informe.

Este informe es el que ellos están obligados a hacer en conformidad con la Sección 207 de la mentada ley. Esa sección le pedía al Departamento de Estado que presentase un estudio acerca de cómo sería el tema de las propiedades ahora que se amplía la reclamación norteamericana, ahora que agregan, que suman a los batistianos, a los malversadores, etcétera, etcétera, qué significaría eso y qué propuestas tendría el gobierno para aplicar esa parte de la ley.

Este es el documento que emiten el 27 de septiembre, y aquí, entre otras cosas, definen un poco cómo sería ese gobierno democrático del futuro.

Ese gobierno, entre otras cosas, contaría con asesores norteamericanos que vendrían a este país para redactar las leyes que sirvieran para resolver las cuestiones de propiedad. Tendría asesores para ayudar a crear los mecanismos institucionales para el proceso de devolución de las propiedades, y tendría asesores para ayudar a llevar a cabo -y no se sorprendan-- lo que ellos dicen que sería un programa de educación para el pueblo de Cuba, para enseñarles las virtudes y las ventajas que tendría volver a convertir a los terratenientes en dueños de las tierras, a los antiguos explotadores en dueños de las fábricas, a los propietarios de terrenos en dueños de las viviendas que ocupan hoy la mayoría de los cubanos, etcétera, y termina ese conjunto de recomendaciones mostrando la verdad del sentido de la ¨misión democrática¨, el señor Eizenstat. Dice que sería muy útil, sería una verdadera contribución a la aplicación de ese programa que conciben para el futuro de Cuba, la experiencia del señor Eizenstat, lo que él ha podido hacer en Europa oriental y central en términos de restitución de propiedades.

Tomando en cuenta todo esto, la significación que tiene la medida adoptada por los yankis, es que les ha sido presentado el Proyecto de Resolución, y el conjunto de modificaciones que proponen las tres comisiones ya mencionadas.

Con este proyecto buscamos asegurar una respuesta integral de toda la nación cubana contra ese engendro que quiere destruirla. La ley nuestra buscaría impedir y castigar la realización en Cuba de cualquier forma de colaboración con la puesta en práctica de la Helms-Burton y cualquiera de sus cláusulas. Definiría claramente nuestra posición con relación al famoso tema de la compensación de propiedades, reiterando claramente que sólo mediante un proceso de negociación sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de la República de Cuba, que incluyese la indemnización a Cuba por el bloqueo, por las agresiones, por los robos y los crímenes de los malversadores y batistianos; sólo en ese contexto se podría encontrar una solución justa a la compensación justa y adecuada que nuestras propias leyes previeron siempre para los antiguos propietarios que fueron nacionalizados en su momento.

Aclaramos, además, que cuando hablamos de la posible compensación justa y adecuada en el contexto ya descrito, estamos hablando exclusivamente de los que eran ciudadanos de Estados Unidos en el momento de las nacionalizaciones, y de nadie más. Pero, además de eso, que esos ciudadanos norteamericanos, que eran norteamericanos en el momento de las nacionalizaciones, podrán ser tomados en cuenta sus intereses, si no se asocian en modo alguno con la Ley Helms-Burton, si no se acogen a sus posibilidades, si no tratan de utilizarla contra terceros, si no la usan en cualquier forma.

Nuestra Ley buscaría, además, proteger las inversiones extranjeras en Cuba, ayudar a los inversionistas que pudiesen enfrentar consecuencias adversas a ellos en los intentos de aplicarles la Ley Helms-Burton, lo que nos parece una obligación elemental, un deber nuestro para con aquellos que han sabido respetar la soberanía cubana, que han sabido confiar en nuestras posibilidades de desarrollo, que han respetado nuestras leyes y que pudieran verse amenazados o agredidos injustamente como consecuencia de la Helms-Burton.

Busca nuestra Ley promover, además, la participación popular en el enfrentamiento al engendro yanki. Por una parte en la actualización de los datos de nuestra reclamación nacional, a través del mecanismo que se propone en uno de sus artículos, a través de las comisiones de reclamaciones que se le encargaría al Ministerio de Justicia establecer, y, además, con la continuación del movimiento de estudio del engendro yanki para que todos los cubanos lo conozcan al detalle, para que conscientemente todos estemos preparados para enfrentarla y para asegurar que las generaciones venideras también lo estarán.

Una palabra, finalmente, con relación a la cuestión de las propiedades, elemento esencial, por lo que se refiere a Cuba, del engendro norteamericano.

Hay que recordar que esta nación fue fundada por hombres que supieron unirse a los explotados, a los esclavos, a los humildes, y sacrificar sus riquezas, su familia, sus bienes personales y sus propias vidas; supieron sacrificarlo todo por la gran propiedad que ellos crearon, la patria que quisieron fuera poseída por todos y no por unos pocos. Ellos, por cierto, aquellos patricios del 68, fueron injustamente desposeídos de sus bienes, sin compensación alguna por los colonialistas españoles, y de esos bienes se apoderaron después, en muchos casos, los monopolios yankis y sus secuaces nativos.

No es el imperio, sino la patria, quien tiene mucho que reclamar; la patria intervenida y humillada, la patria agredida y asediada, y su pueblo, el pueblo cubano: los que conocieron el hambre y la desnutrición, los que sufrieron la pobreza y el desamparo mientras una minoría se enriquecía con el sudor ajeno; los humildes que no tenían escuelas ni hospitales, porque otros se adueñaron del tesoro público.

No son los latifundistas quienes tienen nada que reclamar aquí, sino, en todo caso, los campesinos que sufrieron el desalojo, la miseria y la explotación; no son los explotadores, que vivieron a costa del sudor de nuestros trabajadores, sino, en todo caso, nuestros obreros que ayudaron al enriquecimiento de una minoría privilegiada y que carecieron antes de todo derecho; no son los racistas los que tienen nada que reclamar aquí, sino el pueblo negro y mestizo que sufrió la discriminación y la humillación en el pasado; no es el imperio, sino la nación, la que tiene mucho que reclamar y que exigir, la que tiene todos los derechos y la que no va a renunciar a los suyos jamás.

Esta leyecita norteamericana la bautizaron usando los términos de solidaridad y democracia. Nosotros, que sabemos que esa ley sigue siendo un misterio para los norteamericanos, que son pocos los que han podido conocerla o leerla por la sencilla razón de que nadie la ha publicado; nosotros, que sí la hemos publicado acá y nos hemos tomado el trabajo de hacer lo necesario para que cada vez más todo nuestro pueblo la conozca al detalle, nosotros vamos a darle una respuesta verdaderamente democrática.

Nosotros vamos a demostrar qué cosa es la democracia y qué cosa es la solidaridad. Nosotros vamos a hacer que todo nuestro pueblo, que todas nuestras organizaciones la conozcan, estén conscientes de lo que significa el plan anexionista para Cuba, conozcan, además, nuestra respuesta, y estén preparados mentalmente, intelectualmente para asegurar que las generaciones actuales de cubanos no serán jamás esclavizadas, no serán jamás destruidas, no verán su obra liquidada por el enemigo imperialista; pero, además de eso, que seremos capaces de asegurar que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, tengan por los siglos por venir la misma voluntad de hierro y la misma conciencia firme e indoblegable de los cubanos de hoy para asegurar que nunca jamás volverán a este país ni la explotación, ni la miseria ni el imperio.

Muchas gracias (Aplausos).

HAGO SABER: Que la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su sesión del día 24 del mes de diciembre de 1996, "Año del Centenario de la Caída en Combate de Antonio Maceo", correspondiente al VII Período Ordinario de Sesiones de la Cuarta Legislatura, ha aprobado lo siguiente:

POR CUANTO: En los Estados Unidos de América se ha puesto en vigor la denominada Ley "Helms-Burton" que tiene como finalidad la reabsorción colonial de la República de Cuba.

POR CUANTO: Cuba ha sufrido la política imperialista de Estados Unidos de América empeñada en apoderarse de ella por diferentes vías, desde los intentos de comprar la Isla a España, la aplicación de la teoría del "destino manifiesto y de la fruta madura" y su reflejo en la doctrina Monroe, tratando de impedir sistemáticamente nuestras luchas por la liberación nacional hasta la intervención de 1898 que frustró la independencia por la que los cubanos habían peleado a golpe de machete, coraje, inteligencia y audacia, y convertir a Cuba en su colonia.

POR CUANTO: Mediante la Enmienda Platt y su continuada injerencia e intervención en los asuntos internos del país, Estados Unidos de América usurpó parte del territorio nacional instalando la Base Naval de Guantánamo, impuso regímenes corruptos y despóticos a su servicio, incluyendo las oprobiosas y sangrientas tiranías machadista y batistiana, y desde 1959 agrede sistemáticamente a Cuba con el declarado propósito de poner fin a su independencia, eliminar la nacionalidad cubana y someter al pueblo a la servidumbre.

POR CUANTO: El pueblo cubano, fiel portador del legado independentista de los mambises, de los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales que han combatido y combatirán las pretensiones de su enemigo secular, está dispuesto a realizar los mayores esfuerzos y sacrificios para mantener la soberanía, la independencia y la libertad que definitivamente conquistó el Primero de Enero de 1959.

POR CUANTO: El proceso de nacionalización de las riquezas y los recursos naturales de la Nación, llevado a cabo por el Gobierno Revolucionario en nombre del pueblo cubano, fue realizado conforme a la Constitución, las leyes vigentes y el Derecho Internacional, sin discriminaciones, con propósito de beneficio público; disponiéndose las compensaciones adecuadas, las que fueron acordadas mediante negociación bilateral con todos los gobiernos involucrados, con excepción del de Estados Unidos de América que se negó a ello por su política de bloqueo y agresión, perjudicando gravemente con esta actuación a sus nacionales.

POR CUANTO: El pueblo cubano jamás permitirá que los destinos de su país sean regidos por leyes dictadas por ninguna potencia extranjera.

POR CUANTO: La ley "Helms-Burton" ha sido rechazada de manera casi unánime por la comunidad internacional por su carácter violatorio de los principios del Derecho Internacional reconocidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, así como por su aplicación extraterritorial en contradicción con las normas internacionales, pretendiendo dictar arbitraria e ilegalmente reglas para ser cumplidas por otros estados.

POR CUANTO: Un número importante de empresarios extranjeros ha demostrado su confianza en Cuba al invertir en el país o negociar potenciales inversiones, constituyendo un deber utilizar todas las fórmulas legales posibles para contribuir a proteger sus intereses.

POR CUANTO: La Asamblea Nacional del Poder Popular, como representante de todo el pueblo, repudia la Ley "Helms-Burton" y declara su decisión irrenunciable de adoptar las medidas que estén a su alcance como respuesta a esa legislación anticubana y reclamar las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho.

POR TANTO: En uso de la facultad que le otorga el Artículo 75, inciso b, de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha aprobado la siguiente:

Artículo 1. Se declara ilícita la Ley "Helms-Burton", inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno.

Consecuentemente se considera nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad.

Artículo 2. Se reafirma la disposición del Gobierno de la República de Cuba, expresada en las leyes de nacionalización promulgadas hace más de treinta y cinco años, en lo relativo a una adecuada y justa compensación por los bienes expropiados a las personas naturales y jurídicas que en ese momento ostentaban la ciudadanía o nacionalidad de los Estados Unidos de América.

Artículo 3. Las indemnizaciones por las propiedades estadounidenses nacionalizadas en virtud de ese proceso legítimo, validado por las leyes cubanas y el Derecho Internacional, a las que se refiere el artículo anterior, podrán formar parte de un proceso negociador entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Cuba, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.

Las reclamaciones de indemnización por la nacionalización de dichas propiedades deberán ser examinadas conjuntamente con las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho, con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo, cuya responsabilidad corresponde al Gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo 4. Quedará excluida de futuras posibles negociaciones referidas en los artículos 2 y 3, cualquier persona natural o jurídica de los Estados Unidos de América que utilice los procedimientos y mecanismos de la Ley "Helms-Burton",se acoja a éstos o trate de emplearlos en perjuicio de otros.

Artículo 5. Se encarga al Gobierno de la República de Cuba la adopción de las disposiciones, medidas y facilidades adicionales que resulten necesarias para la total protección de la actuales y potenciales inversiones extranjeras en Cuba y la defensa de los legítimos intereses de éstas frente a las acciones que pudieran derivarse de la Ley "Helms-Burton".

Artículo 6. El Gobierno de la República de Cuba está facultado para aplicar o autorizar las fórmulas que se requieran para la protección de los inversionistas extranjeros contra la aplicación de la Ley "Helms-Burton", incluyendo el traslado de los intereses del inversionista extranjero a empresas fiduciarias, entidades financieras o fondos de inversión.

Artículo 7. Los órganos estatales competentes, que autorice el Gobierno de la República de Cuba, cumpliendo lo dispuesto en las regulaciones legales vigentes, proporcionarán a los inversionistas extranjeros que así lo soliciten, la información y documentación disponibles que les sean necesarias para la defensa de sus legítimos intereses frente a las disposiciones de la Ley "Helms-Burton".

Asimismo, facilitarán las mencionadas informaciones y documentación disponibles a los inversionistas extranjeros que lo soliciten para promover procesos legales ante los tribunales de sus respectivos países, al amparo de disposiciones jurídicas protectoras de sus intereses o que hayan sido dictadas para impedir o limitar la aplicación de la Ley "Helms-Burton".

Artículo 8. Se declara ilícita cualquier forma de colaboración, directa o indirecta, para favorecer la aplicación de la Ley "Helms-Burton". Se entiende como colaboración, entre otras conductas:

Buscar o suministrar información a cualquier representante del Gobierno de Estados Unidos de América o a otra persona con el objeto de que pueda ser utilizada directa o indirectamente en la posible aplicación de esa ley o prestar ayuda a otra persona para la búsqueda o el suministro de dicha información.

Solicitar, recibir, aceptar, facilitar la distribución o beneficiarse de cualquier modo de recursos financieros, materiales o de otra índole procedentes del Gobierno de Estados Unidos de América o canalizados por este, a través de sus representantes o por cualquier otra vía, cuya utilización favorecería la aplicación de la Ley "Helms-Burton".

Difundir, diseminar o ayudar a la distribución, con el propósito de favorecer la aplicación de la Ley "Helms-Burton", de informaciones, publicaciones, documentos o materiales propagandísticos del Gobierno de Estados Unidos de América, de sus agencias, o dependencias, o de cualquier otro origen.

Colaborar de cualquier forma con emisoras de radio o televisión u otros medios de difusión y propaganda con el objetivo de facilitar la aplicación de la Ley "Helms-Burton".

Artículo 9. El Gobierno de la República de Cuba deberá presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado en su caso, los proyectos legislativos que sean necesarios para sancionar todos aquellos hechos que de una forma u otra entrañen colaboración con los propósitos de la Ley "Helms-Burton".

Artículo 10. Se ratifica que las remesas económicas de personas de origen cubano residentes en el exterior, a sus familiares que residen en Cuba no serán afectadas por impuesto alguno. El Gobierno de la República de Cuba deberá adoptar cuantas medidas estime convenientes para facilitar dichas remesas.

Las personas de origen cubano residentes en el exterior podrán operar cuentas bancarias en moneda libremente convertible o en pesos cubanos en bancos de la República de Cuba, y los intereses que perciban por estas cuentas no serán objeto de impuesto alguno.

Asimismo, podrán contratar con entidades aseguradoras, pólizas de seguros cuyos beneficiarios sean residentes permanentes en Cuba. Los beneficiarios podrán recibir libremente, sin pago de impuesto alguno, las correspondientes prestaciones.

Artículo 11. El Gobierno de la República de Cuba mantendrá actualizados los datos sobre las indemnizaciones a que está obligado el Gobierno de los Estados Unidos de América como consecuencia de los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero y sus agresiones contra el país y añadirá a estas reclamaciones los daños y perjuicios causados por ladrones, malversadores, políticos corruptos y mafiosos, y, además, por los torturadores y asesinos de la tiranía batistiana por cuyas acciones se ha hecho responsable el Gobierno de los Estados Unidos de América al promulgar la Ley "Helms-Burton".

Artículo 12. Las personas naturales que hubieren sido víctimas en su persona o bienes o en las personas o bienes de sus familiares, de las acciones auspiciadas o apoyadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América a que se refiere el párrafo siguiente, podrán reclamar las correspondientes indemnizaciones ante Comisiones de Reclamaciones que creará y organizará el Ministerio de Justicia de la República de Cuba, las que estarán facultadas para decidir sobre su validez, así como su monto y la responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Las acciones a que se refiere el párrafo anterior, incluirán las muertes, lesiones y daños económicos causados por los torturadores y asesinos de la tiranía batistiana y, además, por saboteadores y criminales al servicio del imperialismo norteamericano contra la Nación cubana desde el Primero de Enero de 1959.

El Ministerio de Justicia está facultado para regular la tramitación de las reclamaciones a las que se refiere este artículo y dictar cualquier otra disposición a ese efecto.

Artículo 13. La Asamblea Nacional del Poder Popular y el Gobierno de la República de Cuba cooperarán y coordinarán con otros parlamentos, gobiernos y organismos internacionales, con el fin de promover cuantas acciones se entiendan necesarias para impedir la aplicación de la Ley "Helms-Burton".

Artículo 14. Se convoca a todo el pueblo de Cuba a continuar el examen profundo y sistemático del plan anexionista y colonial del Gobierno de los Estados Unidos de América incluido en la Ley "Helms-Burton", con el fin de asegurar que en cada territorio, comunidad, centro de trabajo o estudio y unidad militar, exista conocimiento cabal de las consecuencias específicas que para cada ciudadano acarrearía la ejecución de dicho plan y garantizar la participación activa y consciente de todos en la aplicación de las medidas necesarias para derrotarlo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Gobierno de la República de Cuba y a los organismos estatales competentes para dictar cuantas disposiciones sean necesarias a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.

SEGUNDA: Se derogan cuantas disposiciones legales o reglamentarias se opongan a lo dispuesto en la presente Ley, la que comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADA en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Palacio de las Convenciones, en la ciudad de La Habana, a los veinticuatro días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

With the participation of legislators from the Commissions on International Relations, Constitutional and Legal Affairs and Economic Affairs, I have the privilege of presenting this bill, which is our response to the illegitimate and interventionist monstrosity that violates all norms of international law, and which has been passed by the Congress of the United States, known by the names of its authors.

Before laying the basis for the bill we propose, I would like to refer briefly to the circumstances surrounding the enactment of that document by the United States government.

Completely and deliberately falsifying the truth, the incident of February 24 has been used as an attempted excuse for proposing the adoption of that so-called law by the United States.

In the first place, it must be said that at no time before February 24, after February 24 or after the passage of the so-called Helms-Burton Law did the U.S. authorities declare clearly, specifically or officially their intention of vetoing the bill, of stopping it.

Moreover, the essence of the Helms-Burton Law, as enacted, remained practically unchanged after November, 1995, precisely after November 13, 1995. It was then that the Senate and House agreed on a single bill--previously, there were two versions--and both Democrats and Republicans concurred on the wording of the text, which, I repeat, is practically identical to the one which was finally adopted.

This occurred little more than three months before the incidents of February. But, additionally, as we are well aware, an essential element of this U.S. monstrosity relates to the intention of returning their so-called "properties" to Batista's cohorts, to the embezzlers and exploiters born in Cuba who later became U.S. citizens.

I have here a public document, a report which is presented annually to the U.S. Congress by the Federal Claims Commission, the agency which deals with reclamation of North American citizens' properties in other countries.

This is the 1990 report: that is, five years before the first version of what is now the Helms-Burton Law was submitted to Congress, and two years, even, before the so-called Torricelli Law was adopted.

The last section of the report, referring to future programs of the Commission, states that the agency has before it requests to re-open the Cuban claims program, which was carried out in the sixties and culminated in the seventies, related to U.S. reclamation on U.S. properties that were nationalized in Cuba at the beginning of the Revolution. The requests call for extending this program to include so-called new claimants.

The U.S. Congress received this public report in 1990; and received reports repeating the same thing in 1991, 1992, 1993, 1994, and 1995. That is, the pretension of extending supposed rights to alleged new claimants for the return of their properties in Cuba significantly predates the February incident, and certainly the Helms-Burton and Torricelli Laws.

At this point, I won't elaborate on the facts that clearly illustrate that this incident was in no way Cuba's responsibility, but that of the United States alone.

There is no need to detail the history of small aircraft, flying from the North, which have been used since the triumph of the Revolution for sabotage, military provocations, introducing elements and biological substances, and introducing into this country bacteria to affect our crops, but also to affect, as they have, the lives of our fellow citizens.

I won't refer at this time to the long list of incidents violating our sovereignty carried out by the same counterrevolutionary group which participated in the February 24th events. But it should be remembered that the North Americans themselves, long before February 24th, had initiated an investigation, legal proceedings, against these persons. They had asked for and received Cuba's cooperation in order to act against these individuals. They had thanked us for our cooperation, and had ordered that group to cease and desist from repeating such illegal actions.

Nor will I extend myself noting the fact that, through various channels, our government had warned the United States government of the dangers inherent in the repetition of such incidents and illegal actions by groups in Florida; nor the fact that through the same channels, we received assurances and commitments, expressing the intent of putting a stop to further incidents, a willingness which moreover corresponded with the communication between both foreign offices, with what is expressed in this document, with the cooperation they had requested and which we had offered to avoid a repetition of such actions.

Neither will I refer to the fact that, contrary to all the false reports that spoke of supposed civilian aircraft, it happens that the plane in question, a Cessna-337, is defined in all the aviation manuals as a dual-purpose craft, suitable for either civilian or military missions.

I do not need to remind you that these planes were used for military purposes in Vietnam and Central America; nor will I refer to the abundant literature in the Miami press, where some persons requested the Pentagon let them have several of the Cessna-337s, available precisely because the Salvadoran conflict had ended.

I am not going to repeat, but simply demonstrate that articles like this one (shows the press clip) appeared in the Miami press, where you can see a U.S. newspaper editor on board a plane which still bears the insignia USAF, identifying it as a U.S. Air Force aircraft. Nor will I explain this photo (exhibits photo) of a plane, with the identifying letters of the U.S. Air Force still on its wing, and which investigators of the International Civil Aviation Organization (ICAO) reported they found in Miami in the same hangar used by this group, and as they stated--quite accurately--still carried the letters. The "F", although somewhat blurred, could be easily seen in close-ups.

Neither will I delve into the way the United States manipulated the investigation entrusted to the International Civil Aviation Organization: they did not permit investigators to interview any witnesses; falsified evidence and refused to turn over the original tape recordings in their possession; and destroyed or did not submit data from their radar systems. They obstructed the investigation, made it more difficult, and prolonged it to the utmost. In short, they manipulated it.

But I do want to dwell on a single point which proves the responsibility which fell and falls on certain U.S. authorities.

In the ICAO investigators' report itself, they refer to the fact that on February 13, the State Department had sent a communication to other branches of the U.S. government, warning them of the possibility that some problem might occur with these aircraft, an incident that might involve Cuba.

On February 24th, the same Department requested the tower at Oppa Locka airport near Miami report whether these planes had taken off or were about to do so. At 13:08, Oppa Locka informed Washington that the planes were on the runway, and were positioning themselves to begin takeoff; and at 13:15, they communicated with Washington once again, this time to report that the planes had just taken off. This is what the North Americans admitted, and permitted to be reflected publicly in the investigators' report. They also furnished the investigators with this map (exhibits map), which traces with this light green broken line the route which had been authorized, the flight plan approved by the federal authorities for that plane; and then in a darker, blue unbroken line, the actual route followed. The map reads:a route pproved here, planned route, and actual route.

If you look closely, you will see that the flight begins at 13:15 from Oppa Locka and the map stops at 15:20 when the planes are already entering Cuban airspace--it stops there for reasons I will explain later. But note that this means that for one hour and 45 minutes of a flight that lasted approximately two hours, the planes were flying over Florida or the area of the straits which are under U.S. air control jurisdiction, or what is termed the Flight Information Zone, which belongs to the United States of America from the 24th Parallel north.

During one and three-quarters hours of a two-hour flight, these planes were violating U.S. territory, U.S. laws and U.S. regulations. Yet, the United States did absolutely nothing to halt the continued violation of its own norms, or to prevent an international incident.

Notice how, departing from the authorized route--an action that international covenants determine is reason enough to force a craft to terminate its flight and land--they saw and recorded, and so informed the ICAO, that instead of following a route which would have taken them approximately north of Villa Clara, the planes headed directly south, with the capital of the Republic of Cuba straight ahead, and they maintained that direction at all times, until that point where they decided to observe discretion and not refer to anything beyond 15:20 hours.

But as often happens, lies are short-lived and it is not easy to hide the truth forever. After the ICAO investigation, a legal case was heard by a U.S. federal judge, before whom several witnesses testified and several documents presented. Among the witnesses was a Mr. Houlihan, the officer in charge of the United States radar services, who has the responsibility of recording and controlling flights to and from the United States.

This gentleman is cited in the lengthy documentation reviewed by the judge, which of course has not been reported in the major media, but which is public record. To give you an idea of the length of the documentation, Mr. Houlihan's testimony appears on page 1796, where he states that on February 17th--February 17th!--that is, one week before the incident, he was summoned to a meeting with other U.S. officers or officials whose identities I do not have, since he did not name them. However, he did explain that the meeting was an official one to which he was summoned because of his responsibilities, where it was stated that on February 24, this group was going to fly from Oppa Locka to Cuba to create a political incident.

A few pages later in his testimony, Mr. Houlihan explains that on February 23, that is one day before the incident, he was summoned to a second meeting, where it was confirmed: "Tomorrow, February 24, this group will take off from Miami to fly over Cuba, to create a political incident."

On February 24th, according to Mr. Houlihan's testimony on page 1808--and these are statements made under oath, during a trial--he was summoned at 7:45 am to yet another meeting with other officers, where it was reaffirmed that the flight and the programmed incident would take place that day.

In addition to testimony from witnesses, the judge was presented with documents like this one (exhibits document), which is a record, a log, of the U.S. radar services, which gives a minute-by-minute account. In the case of these planes, you see that the map ended at 20 past the hour, correct? Was this because they lacked further data? No, it was because it was not in their interests to reveal this data to the world.

I am going to read what this log says transpired at 22 past, two minutes later. I quote:

"I saw three airplanes"--these belonged to the counterrevolutionary group--"crossing into Cuban territory and advancing some three miles, maintaining a southerly course. At 3:23," it continues, "the three planes continue advancing inside Cuban territory towards the south." If we review these events, we will see that we are talking about the very instant that our Air Force, fulfilling its duty and acting with absolute responsibility, defended our country's skies and put an end to the violation of our sovereignty and to this threat, a serious threat to the population of the City of Havana.

The question must be asked: Which government is responsible for this incident? Which one had prior knowledge? Which one could have prevented this from happening? The Cuban government, which had received promises, which had been informed that measures had been taken against these people, which had cooperated in adopting these measures; or the government whose authorities obviously knew in advance that the flight was going to take place as a provocation, just as Mr. Houlihan testified?

How can it be explained that they knew about the flight one week in advance, if--as is well known, and is also reflected in the ICAO testimonies--permission for take-off by a civilian aircraft is requested only minutes before take-off? That is, apparently, no one knew until mid-day on February 24th, that the flight would take place: but the State Department knew, the Radar Service knew, and they had reiterated their warnings about the flight on several occasions. How can you explain such knowledge, if not as collusion with the ones responsible for this outrageous and malicious act?

They went to the trouble of verifying that the planes were there, that they took off; they traced their entire route, registered the violation of Cuban airspace, confirmed that throughout the flight they were violating U.S. regulations, and later concealed the evidence. They justified the provocation and are attempting to use the United Nations as a pretext for imposing on the world a law which the whole world rejects.

Summing up, it can be said that on the U.S. side, there are authorities who were responsible for the incident, that allowed it to happen, that aided in the cover-up, and that in fact facilitated or were associated in some way with its preparation and planning. To what extent? History will tell.

I only wish to point out the following: on May 8, 1996, Mr. Dennis Hayes, who until May of the year before had headed the State Department section dealing with Cuba, was questioned at a U.S. Senate hearing, and admitted that he personally had flown in this group's planes. When one senator appeared surprised at such a thing, and asked how it could be possible, the answer he received was extraordinary. Said Mr. Hayes: "When I was named to that post, I found that was normal practice, that my predecessors had also done it." I don't know if Mr. Hayes successors have continued the tradition. But even he, who was charged with attending to relations with Cuba, accompanied the provocateurs on several of their flights.

It has also been demonstrated that some of these planes, in addition, came from the U.S. Air Force, and the ICAO has documents submitted by Cuba which prove that these individuals, moreover, received equipment, received training, and the pilot provocateurs are even pictured on film in meetings with U.S. officers.

It is against this backdrop of lies, falsifications, gross adulteration of the facts, that some have tried to justify the enactment of the monstrosity known as Helms-Burton.

That North American law--to somehow label it--attempts to deny Cuba's existence as a sovereign state, to eliminate the Cuban nation, impose colonial servitude and enslave our people; it seeks to intensify and universalize the blockade by sanctions and illegal threats against third parties, to force them to accept Yankee policy. Its purpose is to economically strangle Cuba, and increase our people's difficulties; it makes immoral use of food and medicines as weapons of war; attempts to turn suffering, hardship and sickness into instruments of a policy which cynically manipulates the concept of freedom, that prostitutes the idea of liberty and whose real objective is to lead an entire nation to martyrdom. The Platt Amendment pales in comparison. This is, strictly speaking, a genocidal act, publicly announced and openly and shamelessly promoted.

Moreover, this law, although U.S. propaganda has attempted to confuse this issue, has been in effect since March of this year, when President Clinton saw fit to sign it.

On August 16th this year, President Clinton declared at the White House that he was designating a man by the name of Eizenstat as special envoy for Cuban affairs. Since then, this gentleman has tired himself out traveling the world over, trying to confuse or put pressure on other governments, trying to create a common front against Cuba, supposedly to promote what they call "democracy". That is the title they have assigned him: "special envoy for democracy in Cuba."

But when Clinton presented this gentleman, he explained that he would continue in the posts he has held during many years in the United States. One of these is Under Secretary of Commerce, the other is special envoy for the return of properties in Eastern and Central Europe. That is the U.S. idea of democracy: democracy is returning the lands to the big landowners, the factories to the former exploiters. And this is the only democracy that Mr. Eizenstat knows anything about. I don't think he knows anything about workers parliaments; I don't believe he has ever met with a People's Council; nor do I think he has ever sought out the feelings and concerns of the North American or any other people. What he knows a great deal about, and where he has been successful--as I'll explain later--is in recovering nationalized or expropriated properties, which with this law, is the essential meaning for the Yankees of the destruction of the Cuban Revolution and the imposition in Cuba of the model or kind of democracy that they promote.

Let us not confuse the issue. The law makes this absolutely clear. It does not mean that the problems between Cuba and the United States would be solved if we were to go insane and accept the imposition here of the U.S. regime; even so our problems with them would not be resolved. Neither does it propose our surrender to put a stop to the war; nor does it even suggest that our collective suicide could put an end to the differences with the United States. If there is something for which we should be grateful to Mr. Helms and Mr. Burton, it is that they have put things quite clearly in the law. I don't plan to analyze the law, but I would like to refer to a particular paragraph, the one that ends Title II of the law, which as you know, is the part outlining the annexationist plan. It offers a description of how they would organize the Republic of Cuba once, through intensified economic warfare, they had managed to destroy the Cuban Revolution--something that of course, they will never accomplish. But in their plan, once they had done this, then Cuba would enter what they call a period of transition, which in reality would be a bloodbath, the extermination of our people who would not be willing to give up their achievements so easily. Then, according to the law, the "democratic regime" would emerge in Cuba, which to be considered democratic would have to be certified by the President of the United States, subject to approval by Congress.

So, now there is this "democratic government" which has emerged after the victory of the counterrevolution, which has been set up to organize Cuba as they would have it organized. But nevertheless, so there is no room for doubt, the last paragraph of that Title closes with this statement: "the future diplomatic and economic relations, the possibility of normalizing diplomatic and economic relations between the United States and that democratic government of Cuba have an indispensable prerequisite", which they term the solution of the property question.

On September 20, the State Department announced the establishment of a special unit to oversee application of the Helms-Burton Law, within the Office of Cuban Affairs of that Yankee ministry. In making the announcement, they not only outlined the functions of the office, but also gave its telephone and fax numbers, its mailing address, and announced they would provide its e-mail address, and went on to explain why the unit had been created. They set it up to make an effort to locate persons who might have owned some property which had been expropriated in Cuba after 1959.

They make reference to the already-known group of North Americans affected by the agrarian reform and nationalization laws, persons who were U.S. citizens at the time. However, they say that there are many, many others who have still to come forward. So they create this unit to promote the search for these people, to find them. Or in other words, to mobilize the whole mob of former exploiters, torturers, mafiosos, and spur them on to make their claims, to file suits and go after those countries and companies investing in Cuba. Thus, while at times they try to say they are acting with moderation, "democratically", in practice they have continued step-by-step applying the law in a way that cannot go unheeded by Cubans.

A little later, on September 27, the State Department published a report, in fulfillment of provisions set down by the Helms-Burton Law.

This is the report they are mandated to make under Section 207 of the law. This section asks the State Department to present its assessment of how the issue of properties will be treated, now that the U.S. claimants are joined by the Batista followers, the embezzlers, etc., etc. They are asked for a study on the significance of this, and for government proposals on how this section of the law should be applied.

This is the document they publish on September 27, and here, among other issues, they define to some extent the nature of that future democratic government.

That government, among other things. would have U.S. advisors coming to this country to write the laws to govern the solution of property questions. It would have advisors to help create institutional mechanisms for returning properties, and advisors to carry out--and this is no surprise--a program to educate the people of Cuba, to teach them the virtues and advantages of once again making the big landholders owners of the land, the former exploiters owners of the factories, the landlords owners of the housing where the majority of Cubans live today, etc. And this series of recommendations is capped by demonstrating the true nature of Mr. Eizenstat's "democratic mission". It says that Mr. Eizenstat's experience in Europe, his accomplishments in Eastern and Central Europe in terms of recovered properties, would be extremely useful, a valuable contribution to applying this program conceived for the future of Cuba.

The draft bill has been presented to you, with the series of modifications proposed by the three commissions mentioned earlier, taking into consideration all the foregoing, and the significance of the measures adopted by the Yankees.

With this bill, we seek to ensure a comprehensive response by the entire Cuban nation to that monstrosity which intends to destroy it. Our law seeks to prevent and punish any form of collaboration in Cuba with the application of Helms-Burton or any of its clauses. It would clearly define our position on the famous issue of property compensation, clearly reaffirming that a process of negotiation based on equality and mutual respect between the government of the United States and the government of the Republic of Cuba, which would include indemnization to Cuba for the blockade, attacks, theft, and crimes of Batista's men and embezzlers, is the only way to find a just solution to fair and adequate compensation, which our own laws have always contemplated for former owners whose properties were once nationalized.

I would like to clarify, what's more, that when we refer to possible fair and adequate compensation in the context just described, we are speaking exclusively of those who were U.S. citizens at the time of nationalization, and no one else. But, furthermore, the interests of these U.S. citizens, who were citizens at the time of nationalization, would only be considered if they in no way associate themselves with the Helms-Burton Law, take advantage of its possibilities, or try to use it against third parties or in any other form.

In addition, our law seeks to protect foreign investments in Cuba, assist investors who might face adverse consequences due to attempts to apply the Helms-Burton Law against them. We consider this a fundamental obligation, our duty towards those who have shown respect for Cuban sovereignty, who have had confidence in our development potential, and who have respected our laws and find themselves threatened or unjustly attacked as a consequence of Helms-Burton.

Our law also seeks to encourage our people's participation in confronting this Yankee monstrosity. First, by updating the data on our national claim, through mechanisms proposed in one of its articles, via the claims commissions which the Ministry of Justice is mandated to establish. And in addition, we will continue promoting the study of this Yankee monstrosity so that every Cuban knows it in full detail, so that all of us are consciously prepared to confront it, and to assure that future generations will also be prepared.

One last word on the property question, an essential factor of the U.S. law, as it refers to Cuba.

We must remember that this nation was founded by men who decided to join with the exploited, the slaves, the poor people, sacrificing their wealth, their families, their personal property and their own lives. They decided to sacrifice everything for the great property they created, a homeland that they thought should belong to all, not just a few. In fact, those patricians of the independence war of 1868 were unjustly stripped of their properties, receiving absolutely no compensation from the Spanish colonialists, properties that in many cases, were later taken over by Yankee monopolies and those who served them in this country.

It is not the U.S. empire, but our homeland, that has so much to reclaim: compensation for intervention and humiliation, aggression and siege; and compensation for its people, the Cuban people, who suffered hunger and malnutrition, poverty and homelessness as a few became rich off the sweat of others, the poor people who had no schools or hospitals, because others had embezzled from the national treasury.

It is not the big landowners who have anything to reclaim here, but in any case, the small farmers who suffered evictions, misery and exploitation; not the exploiters, who lived off the labor of our workers, but our workers who helped to enrich a privileged minority and who before had no rights at all; not the racists who have claims here, but the black and mestizo people who in the past suffered discrimination and humiliation; it is not the empire, but the nation, which has much to reclaim and to demand, which has all the rights and which will never renounce them.

This U.S. law was christened using the words solidarity and democracy. We know the law continues to be a mystery for North Americans, that only a few of them have become acquainted with it or even read it for the simple reason that no one has published it. But we have published it here, and taken the trouble to do whatever is necessary for our people to become familiar with its every detail. And we are the ones who will give it a truly democratic answer.

We are going to demonstrate what democracy and solidarity are. We are going to make sure that all our people, all our organizations, are aware of what the annexationist plan means for Cuba; that they know our response, and are mentally and intellectually prepared to guarantee that the present generation of Cubans will never be enslaved, will never be destroyed, will not see their achievements liquidated by the imperialist enemy. But, in addition, that we are able to guarantee that our children and our children's children have the same will of steel for centuries to come, the same firm and indomitable consciousness of today's Cubans, to ensure that neither exploitation, poverty nor the U.S. empire will ever return to this country.

Thank you very much. (Applause)

RICARDO ALARCON DE QUESADA Quesada, president of the National Assembly of People's Power of the Republic of Cuba

LET IT BE KNOWN: That the National Assembly of People's Power, in its session on December 24, 1996, Centennial Year of the Death in Combat of Antonio Maceo, corresponding to the 7th Regular Session of the 4th Legislature, has approved the following:

WHEREAS: In the United States of America, the Helms-Burton Act, which has as its objective the colonial reabsorption of the Republic of Cuba, has been put into effect.

WHEREAS: Cuba has long suffered the imperialist policies of the United States of America designed to take control of Cuba through different means, starting with the attempts to buy the island from Spain, through the application of its ideas of Manifest Destiny and the concept that Cuba is a ripe apple which will fall into U.S. hands, and the resulting Monroe Doctrine, attempting to systematically impede our struggles for national liberation, to the 1898 intervention which thwarted the independence for which the Cubans had been fighting with machetes, courage, intelligence, and audacity, thus converting Cuba into its colony.

WHEREAS: Through the Platt Amendment and its continued intervention and meddling in the internal affairs of the country, the United States of America usurped part of the national territory by installing the Guantánamo naval base, imposed corrupt and despotic regimes, including the ignominious and bloody tyrannies of Machado and Batista, and since 1959 has systematically attacked Cuba with the declared objective of putting an end to its independence, eliminating Cuban nationality, and forcing the population into servitude.

WHEREAS: The Cuban people, faithful bearers of the independence legacy of the Liberation Army fighters, of the workers, peasants, students and intellectuals who have fought and will continue to fight the pretensions of their enemy of over a century, are prepared to undertake the greatest efforts and sacrifices to maintain the sovereignty, independence and freedom that they won forever on January 1, 1959.

WHEREAS: The process of nationalizing the riches and the natural resources of the Nation, carried out by the Revolutionary Government in the name of the Cuban people, was put into effect in accordance with the Constitution, existing laws and international law, without discrimination, with the objective of public benefit, making available adequate compensations, which were agreed upon through bilateral negotiations with all of the governments involved, with the exception of the United States of America, which refused it because of its policy of blockade and aggression, gravely damaging its own citizens with its actions.

WHEREAS: The Cuban people will never permit their country's destiny to be determined by laws dictated from any foreign power.

WHEREAS: The Helms-Burton Act has been almost unanimously rejected by the international community, due to its violation of the principles of international law, recognized in the United Nations Charter, as well as for its extraterritorial application which contradicts international norms, attempting to arbitrarily and illegally dictate rules to be followed by other states.

WHEREAS: An important number of foreign businesspeople have demonstrated their confidence in Cuba by investing in the country or negotiating possible investments, using all the possible legal formulas to contribute to the protection of their interests.

WHEREAS: The National Assembly of People's Power, as the representative of all of the people, repudiates the Helms-Burton Act and declares its uncompromising decision to adopt all possible legal formulas as a response to this anti-Cuba legislation, and to demand the compensation to which the State and the people of Cuba have a right.

THEREFORE: By the powers granted by Article 75, subparagraph b, of the Constitution of the Republic, the National Assembly of People's Power has adopted the following:

LAW NUMBER 80

Reaffirmation of Cuba dignity and sovereignty act.

Article 1: The Helms-Burton Act is declared illegal, inapplicable and without value or legal impact.

Consequently, all claims by persons or corporations, regardless of citizenship or nationality, on the basis of the Helms-Burton Act, shall be considered null and void.

Article 2: The disposition of the Government of the Republic of Cuba, expressed in the nationalization laws implemented more than 35 years ago, in relation to an adequate and just compensation for the expropriated goods of persons and corporations which had U.S. citizenship or nationality at that time, is reaffirmed.

Article 3: The compensation for the U.S. properties nationalized by virtue of this legitimate process, validated by Cuban laws and international law, to which the previous article refers, may form part of a negotiating process between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Cuba on the basis of equality and mutual respect.

The compensation claims for the nationalization of said properties should be examined

together with the compensation to which the Cuban State and people have a right, as a result of the damages caused by the blockade and all types of aggressions for which the Government of the United States of America is responsible.

Article 4: Any person or corporation of the United States of America that uses the procedures and mechanisms of the Helms-Burton Act, seeks its protection or tries to employ it in any way shall be excluded from the possible future negotiations referred to in Articles 2 and 3.

Article 5: The Government of the Republic of Cuba is in charge of adopting the provisions, means and additional facilities that will be necessary for the complete protection of current and potential foreign investments in Cuba, and the defense of legitimate interests of the same in the face of actions that could derive from the Helms-Burton Act.

Article 6: The Government of the Republic of Cuba is charged with applying or authorizing the formulas that are required for the protection of foreign investors against the application of the Helms-Burton Act, including the transfer of foreign investors' interests to fiduciary companies, financial units or investment funds.

Article 7. The competent state bodies, as authorized by the Government of the Republic of Cuba, in accordance with the provisions of the legal regulations in force, shall provide foreign investors who request them all available information and documentation necessary for the defense of their legitimate interests against the provisions of the Helms-Burton Act.

In addition, they shall supply the above-mentioned information and documentation to foreign investors who request them in order to pursue legal action in the courts of their respective countries, by authority of legal provisions that protect their interests or that have been established to prevent or limit the application of the Helms-Burton Act.

Article 8. Any form of collaboration, direct or indirect, which favors the application of the Helms-Burton Act is declared unlawful. Collaboration shall be defined as, among other acts:

Seeking information for or supplying information to a representative of the Government of the United States or any other individual for the purpose of using it directly or indirectly in the possible application of the act, or aiding another person in seeking or supplying such information.

Requesting, receiving, accepting or facilitating the distribution of or benefiting in any way from financial, material or other forms of resources issued by the Government of the United States of America or channeled by it through its representatives or through any other means, for purposes which would benefit the application of the Helms-Burton Act.

Divulging, disseminating, or aiding in the distribution of information, publications, documents or propagandistic material from the Government of the United States of America, its agencies or dependencies or any other source, with the purpose of facilitating the application of the Helms-Burton Act.

Collaborating in any way with radio or television stations or other media or propaganda sources with the purpose of facilitating the application of the Helms-Burton Act.

Article 9. The Government of the Republic of Cuba shall present the National Assembly of People's Power or the Council of State, depending on the jurisdiction involved, with the draft legislation necessary for imposing sanctions for all actions which in one way or another involve collaboration with the objectives of the Helms-Burton Act.

Article 10. It is hereby ratified that monetary remittances sent by persons of Cuban origin resident abroad to family members residing in Cuba shall not be subject to taxes of any kind. The Government of the Republic of Cuba shall adopt all measures deemed necessary to facilitate such remittances.

Persons of Cuban origin resident abroad shall be permitted to hold bank accounts in freely convertible currency or in Cuban pesos in Cuban banks, and the interest accruing on these accounts shall not be subject to taxes of any kind.

In addition, it shall be permitted for insurance policies to be taken out naming permanent residents of Cuba as beneficiaries. The beneficiaries shall be allowed to freely collect the corresponding payments without paying taxes of any kind.

Article 11. The Government of the Republic of Cuba shall maintain current data on the compensation owed by the Government of the United States of America as a consequence of the effects of the economic, trade and financial blockade and its aggression against the country, and shall add to these claims the damages and losses caused by thieves, embezzlers, corrupt politicians and mafiosos, as well as the torturers and murderers who were part of the Batista dictatorship, for whose actions the Government of the United States has taken responsibility by approving the Helms-Burton Act.

Article 12. Individuals who themselves or whose family members have been the victims of personal injury or material damage as the result of the actions sponsored or supported by the Government of the United States of America referred to in the following paragraph shall be able to file claims for the corresponding compensation before the Claims Commissions that shall be created and organized by the Ministry of Justice of the Republic of Cuba, and which shall be authorized to decide upon the validity of these claims, as well as upon the amount owing and the responsibility of the United States of America.

The actions referred to in the preceding paragraph shall include death, injury or economic losses caused by the torturers and murderers of the Batista dictatorship, as well as by saboteurs and criminals in the service of U.S. imperialism against the Cuban nation since January 1, 1959.

The Ministry of Justice shall be authorized to regulate the procedures involved in filing the claims referred to in this article and to issue any further resolutions for this purpose.

Article 13. The National Assembly of People's Power and the Government of the Republic of Cuba shall cooperate and work in coordination with other parliaments, governments and international agencies, with the aim of promoting any actions deemed necessary to block the application of the Helms-Burton Act.

Article 14. The people of Cuba as a whole are called upon to continue the profound and systematic examination of the annexationist and colonialist plans of the Government of the United States of America included in the Helms-Burton Act, as a means of ensuring that in every territory, community, workplace, educational institution and military unit there is full knowledge of the specific consequences that the execution of these plans would entail for each and every citizen, and to guarantee everyone's active and conscientious participation in the measures needed to defeat them.

FINAL PROVISIONS

FIRST: The Government of the Republic of Cuba and the appropriate state agencies shall be authorized to issue any resolutions deemed necessary for the fulfillment of the provisions of the present Law.

SECOND: Any laws or regulations contrary to the present Law shall be rendered null and void when this law enters into effect, upon publication in the Official Gazette of the Republic.

ISSUED at the National Assembly of People's Power session at the International Conference Center in the City of Havana, on the twenty-fourth day of december of nineteen hundred and ninety-six.