LA PÉRFIDA POLÍTICA MIGRATORIA DE ESTADOS UNIDOS CON LA LEY DE AJUSTE CUBANO.
En el discurso de clausura del VII Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, al concluir la Tribuna Abierta de la Juventud y los Estudiantes el pasado 8 de marzo, el compañero Fidel comunicó que al día siguiente, jueves, un escampavía norteamericano devolvería 18 ciudadanos cubanos interceptados de los 107 que habían intentado alcanzar sus costas entre el 2 y el 6 de marzo.
La devolución anunciada por los guardacostas no se produjo el jueves sino el viernes. En total regresaron siete mujeres, siete hombres, dos niñas de dos años, un varón de cuatro y otro de doce.
Por los testimonios de los adultos y del niño de doce años, más los datos de archivos, se pudo reconstruir con bastantes detalles la historia del viaje aventurero en que fueron interceptados y las personas que de forma consciente o inconsciente, como los niños, participaron en él.
Lo que a continuación se informa es una apretada síntesis:
Milagros Reyes León, de 37 años de edad, natural de Caibarién, Villa Clara. Madre del menor de doce años Yaisel Hernández Reyes. Había realizado en 1998 una salida ilegal junto con su hijo, siendo devueltos por las autoridades de Bahamas. Expresó con toda sinceridad que tanto en aquel intento como en este, el niño le había manifestado su negativa a marcharse del país. Añadió que en el último viaje le planteó que quería quedarse en Cuba con su abuela.
Dijo que su motivación principal era reunirse con un hermano residente en Estados Unidos, que influyó sobre ella, y que no era el aspecto económico lo que la impulsó a esta acción.
Julia Estela Araque García, de 22 años de edad, natural de Caibarién, Villa Clara. Motivación: Salir ilegalmente con su hija de dos años para unirse a su esposo, Humberto Campos Rodríguez, que viajó de igual forma a Estados Unidos.
Laisy Karina Becerra, de 29 años de edad, natural de Santa Clara, Villa Clara. Su esposo, Luis Alberto Gallardo Rojas, abandonó ilegalmente el país a mediados de febrero de este año, ocasión en la que ella no quiso participar alegando tener una hija menor. Sin embargo, 15 días después se embarca con su hija de dos años en el viaje ilegal.
Su modo de vida era desahogado, ya que su esposo, como transportista por cuenta propia, recibía elevados ingresos.
Niurka María Alejo Trujillo, de 33 años de edad, natural de Santa Clara, Villa Clara. Expresó que en 1995 se inscribió en el sorteo de visas convocado por Estados Unidos, repitiendo esto en los sorteos posteriores sin recibir respuesta alguna, valorando incluso la posibilidad de divorciarse y contraer nuevo matrimonio con algún individuo que resultara ganador del sorteo.
Motivación: salir ilegalmente con su hijo de cuatro años para reunirse con su esposo, nombrado Orestes Bernal Ruiz, que abandonó ilegalmente el país hace dos años y reside actualmente en Tampa. Recibía de él una ayuda económica de 100 dólares mensuales, con lo cual sufragaba sin dificultad alguna sus necesidades y las del niño.
Al no recibir visa, intentó la salida junto a su pequeño hijo de cuatro años, sin pensar que pudiera presentarse problema alguno. Fue contactada por Alberto Reyes Manso, organizador de la salida ilegal, por la que debería pagar seis mil dólares cuando llegara a territorio norteamericano.
Yoanna Anoceto Rial, de 24 años de edad, natural de Caibarién, Villa Clara. Expresó haber tenido una infancia problemática, al ser abandonada por sus padres cuando era pequeña, quedando al cuidado de una tía. Intentó abandonar el país por primera vez en febrero de 1998, siendo devuelta al mes siguiente a Cuba.
Motivación de este segundo intento: Seguir a su esposo, Luis Orlando Vento Pérez, que abandonó el país de forma ilegal en julio de 1999.
María Isabel Rodríguez Perera, de 28 años de edad, natural de Caibarién, Villa Clara. Motivación: Reunirse con su esposo, Rayner Normando Herrera Pérez, que se marchó ilegalmente del país en julio de 1999 y reside en Estados Unidos. Tiene un niño y una niña, ambos menores de edad, que no son hijos de Rayner Normando Herrera Pérez, que no llevó consigo por no estar bajo su custodia y cuidado.
Nercy Gómez Gómez, de 47 años de edad, natural de Camagüey. Graduada de preuniversitario en 1970, contrajo matrimonio con Ángel Barbera. En 1980 éste inició trámites para adquirir la ciudadanía española por ser hijo de españoles. Ese propio año viajó a España, trasladándose posteriormente hacia Miami. Nercy comenzó a laborar en comercio, ocupando el cargo de administradora, caracterizándose por su eficiencia. Además, recibía todos los meses una remesa del padre de sus hijos. En 1990 se desvincula laboralmente y vivía de estas remesas. En 1994 su ex esposo inicia los trámites de reclamación de sus dos hijos, Ángel Barbera Gómez y Kadel Barbera Gómez, los que salen del país legalmente en agosto de ese propio año, radicándose con su padre en Miami. Ella se inscribe desde ese año en los diferentes sorteos de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. No recibe visa. Para pagar lo que le cobraban por su salida ilegal, Gómez Gómez vendió su vivienda. Esta señora, aunque fue devuelta en el grupo de los 18, es la única que cuando fue interceptada no viajaba en la misma embarcación que las 17 restantes.
Yaisel Hernández Reyes, de 12 años, hijo de Milagros Reyes y el único niño que puede expresar con precisión sus sentimientos, cursa el octavo grado en la secundaria básica "Julio Antonio Mella" de Caibarién. Expresó que le gustaba su escuela, aunque no tenía definida su vocación futura. Dijo que le gustaba jugar en la calle con sus amiguitos y que su entretenimiento preferido era la cría de palomas.
Este niño ha sido obligado a participar en dos salidas ilegales junto a sus padres cuando tenía 10 y 12 años, en ambos casos contra su voluntad, a pesar de que le había dicho reiteradamente a su mamá que no quería marcharse. Contó que le dolía dejar su escuela, sus amiguitos y sus palomas. Le dijo a una periodista que él quería quedarse con su abuela, que iba a ser operada.
Se refirió a que en ambas ocasiones sintió miedo de que se hundiera la embarcación, caerse al mar, que una ola grande lo tapara o lo ahogara. "Ni ahora ni nunca quisiera que se repitiera."
Los hombres que participaron:
Heberto Arango Aguiar, de 38 años de edad, natural de Villa Clara. Su padre se encuentra en Estados Unidos hace alrededor de veinte años. El pasado mes de febrero lo visitó por espacio de 15 días, lo cual influyó en su decisión de salir del país ilegalmente. En los archivos no le aparecen antecedentes penales.
Dasni Landaburu Padrón, de 22 años de edad, natural de Ranchuelo, Villa Clara. Catalogado como elemento antisocial. Nunca se vinculó laboralmente. Desde que abandonó los estudios de secundaria se dedicó a actividades ilícitas. Fue procesado por compra de productos robados en virtud de la denuncia 173/95 y detenido además por hurto ese mismo año en la provincia de Cienfuegos.
Juan Hernández Pérez, de 47 años de edad, natural de Caibarién, Villa Clara. Expedidor de ómnibus en la Terminal de Caibarién. Fue procesado por malversación en 1997. El primero de marzo de 1998 abandona el país ilegalmente por la base de pesca deportiva de Caibarién, a bordo de la embarcación "Azael" en unión de otras 30 personas, entre ellos varios niños, incluido su propio hijo. Fue devuelto por las autoridades de Bahamas el 18 de mayo de 1998 por el aeropuerto internacional José Martí. El 20 de junio de ese mismo año intentó de nuevo salir ilegalmente por el malecón de Caibarién. Se le aplicó profilaxis. No le aparecen otros antecedentes.
Antonio Sosa Carballal, de 34 años de edad, natural de Santa Clara, Villa Clara. No conoce a su padre. Multirreincidente en delitos comunes, ex recluso por hurtos y desorden público, en la causa 45/85, sanción de tres años. Estuvo en prisión desde mayo de 1987 hasta abril de 1989.
Ex recluso por lesiones graves en la causa 563/90 del Tribunal Provincial de Villa Clara. Permaneció en prisión desde noviembre de 1990 hasta mayo de 1995.
Intentó una vez salir ilegalmente del país, siendo devuelto por el Servicio de Guardacostas norteamericano el 2 de julio de 1998.
Inocente Rafael Aguiar Rodríguez, de 36 años de edad, natural de Ranchuelo, Villa Clara.
Presentó problemas en la enseñanza primaria por tener enfermedad psiquiátrica de esquizofrenia. Se altera con frecuencia y facilidad.
Laboró inicialmente en una tabaquería. Dejó el trabajo para realizar actividades ilícitas y llegó a convertirse en un elemento antisocial de pésima conducta.
Fue sancionado por el Tribunal Municipal de Ranchuelo a 8 meses en la causa 146/92 por el delito de resistencia. Cumplió la sanción entre abril y octubre de 1992.
Ha sido objeto de numerosas denuncias por desacato, tenencia ilegal de arma blanca, adquisición de productos robados y actividades ilícitas de todo tipo. Se le aplicaron diversas sanciones.
Humberto Teodoro García Sosa, de 41 años de edad, natural de Ranchuelo, Villa Clara.
Ex recluso por delito de hurto en la causa 511/87.
Ex recluso por receptación en la causa 285/90.
Lesiones menos graves en la denuncia 645/90.
Hurto en la denuncia 46/91.
Sanción en la causa 36/96 por hurto y sacrificio de ganado mayor.
Le han sido aplicadas contravenciones por especulación el 10.9.97, alteración del orden el 12.9.98 y por hurto el 9.3.99.
Receptación en la denuncia 284/99.
Conducta antisocial en la denuncia 162/99.
Ha sido objeto de reiteradas advertencias por actividades ilícitas de tráfico de carne y vagancia habitual.
Noy Agustín Enríquez Caballero, 31 años de edad, natural de Santa Clara, Villa Clara.
Denuncia 122/91 por delito de robo con intimidación.
Delito de hurto el 2.4.91.
Denuncias 519/91, 979/97, 981/97, 438/97 y 833/97, en los municipios de Santa Clara y Cifuentes, por robo con violencia y hurto y sacrificio de ganado mayor.
Procesado por delito de evasión de preso en la denuncia 312/95.
Circulado por prófugo desde el primero de abril de 1999 al evadirse del Combinado Centro de Villa Clara, donde cumplía sanción de 12 años por el delito de hurto y sacrificio de ganado mayor en la causa 131/98.
Intentó salir ilegalmente del país en varias ocasiones.
Todos estos individuos con antecedentes particularmente preocupantes, a los que jamás habrían dado visas para entrar en Estados Unidos, habrían sido recibidos sin la menor objeción si pisan sus costas, en virtud de la Ley de Ajuste Cubano.
Alberto Reyes Manso, de 45 años de edad, natural de Villa Clara. Fue el organizador del viaje. Salió de Caibarién con su familia y varios participantes en la aventura en el tren de Caibarién a Santa Clara, a las 4:40 de la madrugada. En ese punto toman un camión que los conduce por carretera hasta Sagua la Grande. Desde allí caminan hasta un lugar de la costa adonde llegan al anochecer. Una pequeña embarcación los transporta en dos viajes hasta un cayo cercano. En ese lugar los recoge una embarcación con dos motores de las que se dedican al tráfico de personas, procedente de la Florida, conducida por un individuo cuyo nombre no ha podido precisarse, acompañado por Rayner Herrera Pérez y Humberto Campos Rodríguez, que habían abandonado el país en julio de 1999 y residían en Estados Unidos, esposos de María Isabel Rodríguez Perera y de Julia Estela Araque, que salían en este viaje ilegal.
La lancha de dos motores, que llegó con uno de ellos averiado, avanzaba lentamente por el Canal de las Bahamas sobrecargada con 22 emigrantes a bordo y los tres residentes en la Florida que venían en la embarcación.
El combustible pronto se agota. Piden ayuda a un yate norteamericano de color blanco que navega por las proximidades. Este se niega. Tal vez avisa a los guardacostas, que más tarde interceptan la embarcación en precario y suben a bordo a todas las personas que en ella viajaban.
Viene después el enredo. El día 9 anuncian a nuestras autoridades que devolverían 18 personas interceptadas en alta mar que se dirigían hacia Estados Unidos. Posteriormente afirman que vendrían dos más. Eran nada más y nada menos que los dos ilegales cubanos que habían recibido residencia en Estados Unidos, que contrataron la embarcación de dos motores y acompañaron al traficante que la conducía. Se les respondió que estos dos ciudadanos vinculados a la operación eran residentes en Estados Unidos y no se aceptaban.
Por otro lado, separaron del grupo al organizador del viaje, a su mujer y a sus tres hijos, entre ellos una niña de 4 años de edad.
Alberto Reyes Manso, el principal responsable de aquella operación, abandonó su trabajo en Caibarién hace aproximadamente diez años, dedicándose por entero a negocios ilícitos y al juego prohibido. Había sido sancionado por salida ilegal el 11 de febrero de 1992, causa 1053/92. Abandonó el país el 1º de marzo de 1998 y fue devuelto a Cuba en mayo de ese mismo año por las autoridades de Bahamas. En ese viaje ilegal y riesgoso, en una embarcación con 30 personas a bordo, llevó consigo a su mujer y a sus tres hijos, el menor era entonces una niña de sólo dos años.
Al profundizar en las posibles razones de la extraña decisión de no devolver a Reyes Manso y su familia, se pudo conocer que éste tenía contactos con miembros de un grupúsculo en Caibarién de los "amiguitos" de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba que había adoptado el pintoresco nombre de Asociación de Balseros Paz, Democracia y Libertad. Todo un símbolo del maridaje de Estados Unidos con apátridas, anexionistas y delincuentes en Cuba.
Toda la perfidia política de Estados Unidos con la Ley de Ajuste Cubano sale a la luz en esta historia.
Cada ciudadano que en virtud de ella viaja ilegalmente a Estados Unidos genera una cadena de nuevos viajes ilegales, con todos sus riesgos y frecuentes pérdidas de vidas humanas.
Tratan de devolver a Cuba a dos viajeros ilegales que en virtud de esa ley recibieron residencia en Estados Unidos y ahora participaban en una operación de contrabando. No se atreven a juzgarlos en la Florida. Devuelven a Cuba 17 de los 22 que viajaban en la embarcación averiada cuyo combustible se agotó. Añaden una mujer que fue interceptada en otro viaje ilegal. Nadie sabe una palabra de las otras numerosas personas que con ella viajaban en la otra operación de contrabando de emigrantes. Al organizador que ha puesto en peligro la vida de 21 personas, de ellas 7 mujeres y 5 niños al incluir a su esposa y a su hija menor y descontando la señora que había sido interceptada en el otro misterioso viaje, lo retienen con su familia para darles residencia en Estados Unidos, sin duda para contentar a sus amigos de la Fundación y a los aliados de éstos en el Congreso de Estados Unidos.
No dicen una palabra sobre el número total de personas interceptadas en la embarcación ni de aquéllas que, debiendo ser devueltas como las demás, según los términos de los acuerdos migratorios, no lo fueron.
Al preguntarse el número total de mujeres y niños que habían viajado ilegalmente a Estados Unidos en la primera semana de marzo, que llegaron a sus costas o fueron interceptados, se negaron a responder esa pregunta al país cuya ciudadanía ostentan esas personas, cual si fuesen fantasmas vagando por el mar. Saben que es un punto muy sensible en medio del problema creado con el escandaloso secuestro de un niño cubano náufrago que no había cumplido seis años.
Embarazados por sus propias contradicciones, asustados por la gritería de la mafia terrorista cubano-americana de Miami, envueltos en la politiquería de una multimillonaria campaña electoral, cometen errores tras errores. El Servicio de Guardacostas, golpeado por las trampas, zancadillas y campañas publicitarias desatadas contra él, está cada vez más desmoralizado y es cada vez menos eficiente.
Existen acuerdos que establecen con toda claridad que los que fuesen interceptados en alta mar serían devueltos a Cuba. De los interceptados durante años dejaban de hacerlo con el 30% de ellos, evidente concesión a los enemigos de los acuerdos migratorios. El número de los que se interceptan es cada vez menor. Si nos atenemos al dato de 140 ciudadanos cubanos, cifra oficial aproximada reconocida por su Sección de Intereses en La Habana, correspondiente a la primera semana de marzo, de cada 100 de los que intentan salir ilegalmente, Estados Unidos intercepta sólo el 12,85%. Una gran burla o una total impotencia.
Ha surgido el contrabando con naves matriculadas en Estados Unidos y traficantes que residen en ese país. Ni uno solo de estos ha sido arrestado. ¿Burla? ¿Impotencia? ¿Mala fe?
Hemos suscrito acuerdos que establecen que cada parte adoptará las medidas necesarias para garantizar la migración legal, ordenada y segura; hemos hecho un compromiso para promover la reunificación familiar y evitar pérdidas de vidas humanas.
Estados Unidos no ha podido o no ha querido cumplir sus compromisos. La propia concesión de no menos de veinte mil visas anuales —sin duda lo único que han cumplido— nada resuelve. Mientras haya familias divididas y algunas de ellas desesperadas, que se incrementan con cada salida ilegal —como se ha demostrado en los datos que aquí se ofrecen—; delincuentes, vagos y holgazanes que sueñan con un paraíso para el ocio y el delito, o simples ciudadanos que no resisten el rigor que impone a nuestro pueblo un bloqueo criminal y genocida y desean mejores condiciones de vida material, sabiendo que con correr el riesgo de llegar hasta un islote de las Bahamas donde serán después recogidos por lanchas rápidas de traficantes como se recoge un cargamento de drogas, o que con dejarse arrastrar por la corriente del Golfo en una frágil embarcación rústica, hay residencia automática, derecho al empleo inmediato, salarios mucho más altos y ningún riesgo de repatriación desde tierra o mar, habrá decenas de miles de ciudadanos cubanos expuestos al peligro de perecer en las no pocas veces tormentosas aguas del mar.
¿Qué ocurriría con los millones de mexicanos, haitianos y dominicanos que sin bloqueo económico ni residencia ni derecho al trabajo inmediato arriesgan cada año sus vidas, si existiera para ellos una Ley de Ajuste? Nadie sería capaz de calcular el número de los que morirían.
Estados Unidos cumple cada vez menos aspectos esenciales de los acuerdos migratorios.
Cuba, en cambio, ha cumplido rigurosamente con todos y cada uno de sus compromisos. Ya los 18 que llegaron el día 10, excepto uno que por ser prófugo de la justicia irá a prisión, han sido enviados a sus hogares con el mismo status que tenían al salir del país. Si los niños regresados o sus madres necesitan ayuda, el estado revolucionario se la prestará, como ha hecho siempre con todos los que la han requerido. Por algo somos un estado socialista.