El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Honorable Embajada de Suiza, Sección de Intereses de los Estados Unidos de América, en ocasión de informarle lo siguiente:
El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió el pasado lunes 28 de agosto, mediante textos entregados en Washington y en La Habana que aunque se parecen el uno al otro curiosamente no son idénticos, la nota 241/19 del Departamento de Estado, una de cuyas dos versiones fue simultáneamente entregada por sus autores a medios de prensa en Washington D.C., y a la cual damos respuesta con esta nota. Posteriormente el mismo día el vocero del Departamento de Estado, Philip Reeker. hizo algunas declaraciones que merecen ser comentadas en nuestra respuesta. A este tipo de declaraciones se han sumado el subsecretario Peter Romero y hasta la Secretaria de Estado, en una maniobra publicitaria y calumniosa sospechosamente coincidente con las visitas a Miami de los candidatos presidenciales, que compiten por los fondos y el apoyo de la mafia terrorista cubano-americana.
El texto del Departamento de Estado es un intento carente de toda seriedad, que trata de falsificar los hechos y de ocultar la irresponsable conducta de su Gobierno que viola abierta y sistemáticamente los acuerdos migratorios suscritos con Cuba.
La única verdad contenida en la nota norteamericana es que todo lo que en ella se alega, incluyendo sus elementos más risibles, ha sido expuesto por sus representantes durante las conversaciones migratorias bilaterales. En cada ocasión la delegación cubana les ha dado la respuesta apropiada y demostrado la superficialidad o la carencia de fundamentos de las alegaciones norteamericanas. De eso no se habla en la nota del Departamento de Estado. Tampoco se hace mención en ella a los problemas fundamentales que afectan seriamente la ejecución de los acuerdos migratorios y que han sido los que realmente han concentrado la mayor parte del tiempo en nuestras discusiones, como consta en las actas de las reuniones. El sentido común recomienda que primero nos refiramos a estas cuestiones importantes sin dejar de responder después, una por una, la lista de falsedades que sobre otras materias, todas ellas secundarias, rebosan en el documento del Departamento de Estado. Lo hemos hecho pacientemente en las reuniones bilaterales. No nos queda otra alternativa que hacerlo públicamente porque así lo ha hecho Washington.
Entre sus más pintorescas declaraciones, el señor Reeker hizo referencia a las denuncias por parte de Cuba de la Ley de Ajuste cubano y las presenta como una supuesta excusa y como algo que sólo habría sido planteado por nuestro Gobierno recientemente. Nada más alejado de la verdad. Esa Ley, la política que ella expresa, sus nefastas consecuencias y la necesidad de ponerle fin, han sido siempre el principal planteamiento de la delegación cubana, y por ello han estado en el centro de las discusiones en las conversaciones bilaterales, incluyendo las que condujeron a los acuerdos de 1984, 1994 y 1995.
En las más recientes, después de intensas negociaciones, en el verano de 1994 se arribó a un Acuerdo el 9 de septiembre, en cuyo primer párrafo, específicamente, se señala que: "A los migrantes rescatados en el mar y que intenten ingresar a los Estados Unidos no se les permitirá entrar en los Estados Unidos". Y más adelante se agrega que: "Adicionalmente, los Estados Unidos han descontinuado su práctica de otorgar la admisión provisional a todos los migrantes cubanos que lleguen al territorio de los Estados Unidos por vías irregulares". Es fácil comprender que este párrafo contiene un claro reconocimiento por parte de Estados Unidos, que hasta ese momento a quienes interceptaba en el mar los trasladaba a su territorio, a los que llegaban por su cuenta los admitía igualmente, y a todos ofrecía la residencia al amparo de la Ley de Ajuste. El compromiso de cesar con esa práctica, claro, explícito en ese párrafo, es la base en que se sustentan los acuerdos de 1994 y 1995.
El cumplimiento de esta obligación por parte de Estados Unidos se fue deteriorando con el andar del tiempo. Se ha ido haciendo cada vez más selectiva la devolución a Cuba de personas interceptadas en el mar y aumenta el número de los que son trasladados por las unidades del Servicio de Guardacostas hasta el territorio de Estados Unidos. Esta situación ha sido reiteradamente denunciada por Cuba, al igual que lo hacemos con la sistemática y prepotente negativa de Washington a dar cuenta acerca de los que de algún modo llegan al territorio norteamericano a pesar de que son informaciones que tanto las autoridades como los familiares en Cuba tienen el deber y el derecho de solicitar, y de modo especial cuando se han producido accidentes.
El 19 de abril del pasado año, además, la Comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización, Doris Meissner, dirigió una circular a sus subordinados para aclarar que a los migrantes cubanos "independientemente de cómo hubiesen arribado a los Estados Unidos" no se les aplicarían los procedimientos que la Ley Migratoria de 1996 establece para personas de cualquier otra nacionalidad y que a los cubanos se les seguiría admitiendo y otorgando después la residencia, conforme a la Ley de Ajuste cubano. Una semana después, el 26 de abril, el INS reiteró la misma decisión en un comunicado de prensa. Las emisiones radiales subversivas del Gobierno norteamericano dirigidas hacia Cuba, los libelos propagandísticos de la mencionada mafia y medios informativos comerciales, dieron amplia difusión a los anuncios de la Comisionada y se han ocupado de magnificar cada caso de emigración ilegal elaborando una sedicente política bautizada como de "pies secos o mojados", llegando al extremo de atribuir a esa política una supuesta relación con los acuerdos migratorios. Desde entonces Cuba protestó y denunció por los canales diplomáticos lo que constituye una grave e irresponsable violación no sólo del espíritu sino de la letra de los acuerdos adoptados en 1994 y 1995.
El 2 de junio de 1999 ese fue uno de los dos principales temas alrededor de los cuales giró la reunión bilateral efectuada en Nueva York. Específicamente nuestra delegación emplazó a la representación norteamericana a que explicase el significado de la política anunciada por la Comisionada y cómo podía la misma corresponder con la vigencia de unos acuerdos que evidentemente contradecía y socavaba. Tan obvia era y es la contradicción que en esa oportunidad la delegación de Estados Unidos no pudo dar una respuesta oficial que, sin embargo, prometió entregar posteriormente por los canales diplomáticos. Durante los seis meses siguientes, a pesar de nuestros reiterados reclamos, Estados Unidos no pudo o no quiso intentar dar una explicación. Fue así como llegamos a la siguiente ronda migratoria efectuada en La Habana el 13 de diciembre. Esta fue, en esencia, una repetición de la realizada en junio. Cuba denunciando la criminal Ley de Ajuste y su modificación y ampliación desde abril del año anterior y Estados Unidos incapaz de explicar su irresponsable e incoherente política que ignora los acuerdos que ha suscrito y atenta contra su vigencia cada día.
El otro tema que centró la atención de ambas delegaciones, tanto en junio como en diciembre, fue el del contrabando de personas. En ambas ocasiones denunciamos la inacción rayana en la tolerancia manifestada por Washington ante este creciente y abyecto tráfico que pone en grave riesgo las vidas de seres humanos para beneficio de bandas de delincuentes organizados en Estados Unidos, por personas que allí residen, operan desde su territorio y emplean medios y recursos norteamericanos. Hemos insistido en la obligación de Estados Unidos de perseguir y sancionar de verdad este crimen, hemos reclamado que juzguen allá a los culpables y para facilitarles la tarea les entregamos en junio los 26 expedientes de los individuos envueltos en tales fechorías que para esa fecha habíamos capturado en Cuba. Nada han hecho al respecto. Reiteramos la misma demanda en diciembre, sólo que entonces ascendían a 56 los contrabandistas presos en Cuba. La reiteramos hoy cuando ya la cifra es de 68.
Cuando nos reunimos en La Habana el pasado año, estábamos en una etapa relativamente temprana del secuestro y la arbitraria retención en Estados Unidos del niño Elián González Brotons. Era, sin dudas, ese caso una expresión dramática de a dónde conduce la política norteamericana. Precisamente el día que nos reunimos, 13 de diciembre, dos funcionarios norteamericanos se entrevistaron en Cárdenas con Juan Miguel González, el padre del niño, y recibieron abundantes pruebas de su paternidad ejemplar. Si Washington hubiese tenido el más mínimo apego por las normas internacionales, si lo hubiera animado algún respeto por el orden y la legalidad en materia migratoria, si, al menos, hubiera acatado sus propias leyes o los sentimientos de su pueblo, el caso de Elián se habría resuelto a los pocos días de aquella ronda migratoria. Lo que ocurrió después es sobradamente conocido.
En vistas de que a pesar de nuestros esfuerzos no se había producido avance alguno en cuestiones tan esenciales como la aplicación de la Ley de Ajuste y el contrabando de personas, y con el ánimo constructivo de asegurar condiciones que propicien la plena vigencia de los acuerdos suscritos, Cuba propuso y así lo anunció, además, públicamente, volvernos a reunir para discutir esos temas en enero del 2000. Aunque esta propuesta fue aceptada en principio por la delegación visitante, casi inmediatamente después el vocero del Departamento de Estado la rechazó ante la prensa. Al presentarles nuestra protesta, se nos respondió que lo que había dicho el vocero no era la posición oficial y que la parte norteamericana estaba buscando una fecha para la reunión inicialmente aceptada. Pasaron varios meses y los norteamericanos propusieron reunirnos en junio en los días en que se esperaba la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el caso de Elián González, porque hasta allí y hasta ese momento había llegado ese problema por la inaudita conducta de las autoridades norteamericanas. Por ello, otra vez como expresión de nuestro espíritu constructivo les propusimos aplazar la reunión para cuando existiesen condiciones más propicias. Desde entonces, hemos estado esperando porque Estados Unidos proponga una fecha.
Por eso si no se tratase de un asunto importante que afecta las vidas de seres humanos, movería a risa lo que se dice en la nota norteamericana cuando se permite "exhortar al Gobierno cubano a aceptar la inmediata continuación de las conversaciones migratorias las cuales previamente ha pospuesto". Resulta imposible contener el risueño asombro al leer en el mismo texto la referencia a "diálogo profundo y significativo sobre temas migratorios". ¿Se atrevería el Departamento de Estado a repetir esa frase ante sus amigos de Miami? ¿No es ese mismo Departamento el que en víspera y después de cada reunión migratoria se esmera por repetir que no se trata de otra cosa que de una reunión técnica, rutinaria, sin importancia, como hicieron, por cierto, cuando anunciaron, finalmente, en junio, el encuentro "profundo y significativo" que se les había propuesto seis meses atrás?.
Pasemos a examinar someramente los "profundos y significativos" temas que menciona la nota del Departamento.
Comienzan afirmando que la política cubana, supuestamente, estaría "forzando a migrantes que califican legalmente a considerar la emigración ilegal como medio de ganar la entrada en los Estados Unidos". Esta absoluta falsedad tiene como réplica lo que la delegación cubana les ha planteado, sin recibir respuesta, en las conversaciones bilaterales: mencionen el nombre de una persona, aunque sea una que habiendo recibido la visa norteamericana haya decidido arriesgar la vida en una travesía ilegal, porque Cuba le hubiese impedido hacerlo normalmente. Allá en Estados Unidos han recibido a varios miles de cubanos en los últimos años que llegaron ilegalmente ¿por qué nunca han mencionado a uno sólo que tuviese la visa norteamericana?.
Sin haber dado nunca un dato concreto la nota prosigue aduciendo, sin embargo, que se trata de "un amplio y creciente número" y se permite con arrogante desprecio por el derecho internacional, emitir juicios sobre normas y regulaciones cubanas que son de nuestra jurisdicción interna y por tanto, de nuestra exclusiva incumbencia. Al hacerlo se interesan especialmente por dos categorías de personas: los desertores y los profesionales de la salud. Aunque es comprensible que el Imperio trate de favorecer a quienes se ponen a su servicio no existe justificación moral para privilegiar a estos individuos, que decidieron traicionar a la Patria y abandonar a sus familias, frente a ciudadanos que buscan emigrar normalmente. En cuanto a aquellos pocos profesionales de la salud dispuestos a seguir los cantos de sirena de Washington, resulta vergonzosa esta manifestación de la práctica norteamericana de pretender robarle a un país subdesarrollado personal calificado que se formó en Cuba gratuitamente desde la edad preescolar, mediante el sacrificio del pueblo y como resultado de una política de desarrollo social y educacional que allá, pese al poderío económico, no han sido capaces de realizar, y se refleja en la deplorable realidad de más de cuarenta millones de norteamericanos desprovistos de protección adecuada en materia de salud. Tal conducta es doblemente deleznable si se toma en cuenta que la misma responde al propósito de sabotear los programas integrales de salud que Cuba, a pesar de su pobreza, el bloqueo y la guerra económica de Estados Unidos, presta a numerosos países del Tercer Mundo asistiendo a millones de personas y salvando miles de vidas.
Continuando su irreflexivo injerencismo, la nota se arroga la facultad de opinar sobre el pago que los emigrantes deben hacer por determinados servicios que les suministra la sociedad cubana para que puedan cumplir con los requisitos establecidos por Estados Unidos. Tales servicios, que incluyen costosos exámenes médicos, los tiene que brindar el único país del mundo sometido a un bloqueo económico total que encarece o hace de difícil acceso los insumos necesarios para brindarlos; un país, además, que a todos sus ciudadanos, incluidos los que deciden emigrar, ha garantizado gratuitamente la educación y la atención médica durante toda su vida.
Pero es sencillamente asombroso que se le ocurra a Washington aludir a este asunto cuando son ellos los que cobran fuertes sumas a quienes aspiran a emigrar o visitar ese país, incluso para los numerosos casos en que les deniegan las visas. Para refrescarles la memoria recordemos algunos datos. Sólo por ser entrevistados los que figuren en el llamado Programa Migratorio Especial Cubano deben pagarle a la SINA 260 dólares; quienes aparezcan en el denominado Programa Mundial deben desembolsar 350 dólares. En ambos casos, si al final no les conceden las visas, tampoco les devuelven el dinero. Los que sí las obtengan deberán pagar, adicionalmente, otros 65 dólares. En cuanto a aquellos cubanos que sólo desean visitar temporalmente Estados Unidos, tienen que pagar 45 dólares apenas por ser entrevistados, y en el caso de que les fuera otorgada la visa, deberán entregar otros 26 dólares . Si se la negaran, como en los casos anteriores, tampoco les devolverían el dinero. No sumamos aquí, porque requerirían varias páginas, los numerosos pagos que tiene que realizar posteriormente cualquier emigrado para muy diversos trámites, entre ellos, por ejemplo, los 220 dólares que debe pagar por la solicitud de residencia y los 100 dólares que le cuesta el permiso de trabajo. ¿Recuerdan en el Departamento de Estado las reglas elementales de la aritmética? ¿A cuanto asciende lo que han obtenido con este lucrativo negocio en Cuba y en todo el mundo aun cuando los aspirantes a emigrar no hubiesen conseguido la benevolencia norteamericana?
En resumen, la nota anexa una lista de los afectados por lo que llama "amplio y creciente problema". Se trata nada más y nada menos que de 56 casos. En uno de los momentos más divertidos de su encuentro con la prensa, el señor Reeker, aludiendo a las supuestas dificultades para emigrar derivadas de los costos que es necesario pagar a Cuba, mencionó otro número aún más luminoso: una persona, según él, no ha podido emigrar por ese motivo.
Por cierto, en la versión de la nota entregada en La Habana figura un párrafo que no aparece en la que nos fue presentada en Washington y en el que se advierte que algunos de esos casos pudieran estar resueltos y que quizás ciertas personas aludidas en el anexo habrían emigrado ya.
¿Qué representan esas ridículas cifras frente a las más de cien mil personas que han emigrado legalmente desde 1994 al amparo de los Acuerdos? ¿Y las decenas de miles, incluyendo miles de ex presos contrarrevolucionarios que actuaron contra nuestro país al servicio de Estados Unidos, y sus familiares, que lo han hecho a lo largo de los años en virtud de la política consecuente y seria y los generosos principios que han guiado siempre nuestra política migratoria? ¿Qué significarían, en fin, 56 casos de personas individuales o núcleos que no hayan podido emigrar, ante las decenas de miles de inmigrantes ilegales recibidos con los brazos abiertos por Washington, sin haber cumplido requisito alguno, desde el primero de enero de 1959, incluyendo a los batistianos y su ralea de asesinos y malversadores, y a quienes antes y después de los Acuerdos secuestraron naves y emplearon la violencia y el crimen para emigrar?
Hacia el final de su nota, el Departamento de Estado relaciona varios asuntos que dice están pendientes y para los que pide se les enfoque con "la seriedad que merecen". Ellos son:
Por más de cuarenta años, Estados Unidos ha manipulado cínicamente las cuestiones migratorias como parte del arsenal empleado en su infructuoso empeño por derrotar a la Revolución cubana. Su conducta no ha estado inspirada nunca por consideraciones humanitarias. Todo lo contrario. Ha ejecutado una política cruel, causante de numerosas muertes e incontables sufrimientos humanos. La Ley de Ajuste cubano es síntesis de una práctica sistemática de desprecio por la vida y la dignidad de las personas que debe cesar completa y definitivamente.
Lo que tiene que ajustar ese Gobierno es el status de millones de latinoamericanos que viven allá en un interminable limbo jurídico y padecen un infierno de pobreza, discriminación y persecución, carentes de los más elementales derechos humanos, marginados en una sociedad en la que trabajan más que nadie, pero que los excluye por completo de la participación en la vida civil y política.
En la nota del Departamento de Estado y en las declaraciones de sus funcionarios se menciona varias veces la próxima ronda de conversaciones migratorias y se trata de desafiar a Cuba en cuanto a su celebración. Nuestra respuesta es muy sencilla: Si Estados Unidos está dispuesto a discutir seriamente los verdaderos problemas, indique una fecha precisa, la que mejor le parezca, que allí estará la delegación cubana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aprovecha la ocasión para reiterar a la Honorable Embajada de Suiza, Sección de Intereses de los Estados Unidos de América, el testimonio de su consideración.
La Habana, agosto 30 del 2000