El pasado 6 de marzo, a las 9:45 am, fue detenido en una casa particular en el reparto Siboney, Municipio Playa, donde alquilaba, el ciudadano de origen colombiano Rafael Miguel Bustamante Bolaños, quien había entrado al país el 6 de enero de 2002, procedente de Jamaica, utilizando un pasaporte venezolano a nombre de Alberto Pinto Jaramillo.

A partir del 31 de enero se habían estado obteniendo a través de mecanismos de cooperación con varios servicios antidrogas de la región, informaciones sobre la presencia en nuestro país de Bustamante Bolaños, individuo sobre quien pesan fuertes acusaciones de estar vinculado al tráfico de drogas en el área.

A través de los mencionados mecanismos, se pudo ir estableciendo, entre otras cuestiones, que Bustamante Bolaños está vinculado a una importante banda de narcotraficantes bahamenses y que hace aproximadamente 10 años se había fugado de una cárcel en Santa Marta, Colombia, donde cumplía sanción por lavado de dinero. Igualmente se conoció que es buscado por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) por estar implicado en operaciones para introducir drogas en dicho país.

Adicionalmente, se conocieron informaciones que planteaban que este individuo también es reclamado por las autoridades norteamericanas por haberse evadido de una prisión federal en Alabama, donde cumplía sanción por lavado de dinero y tráfico de cocaína, además de estar involucrado en un caso importante de narcotráfico que investiga la DEA en la actualidad, por la introducción de cocaína desde Jamaica hacia los Estados Unidos.

Junto con Bustamante fue detenido Roberto Lewis, ciudadano bahamense sobre el que también pesan serias acusaciones que lo vinculan al tráfico de drogas.

Ambos narcotraficantes continúan detenidos, se les ha iniciado un proceso judicial y enfrentan cargos por tráfico de drogas y falsificación de documentos.

Las investigaciones prosiguen con un gran rigor, dada la gravedad del caso. Los delitos por los que se acusa a estas dos personas, como nuestro pueblo conoce, están claramente definidos en el Código Penal cubano, en el que se prevén las más duras condenas para los delitos vinculados al tráfico de drogas.

Por otra parte, el 12 de enero pasado, en un gesto de buena voluntad y que muestra de forma diáfana y seria la disposición de nuestro Gobierno de cooperar con todos los países en el combate al tráfico de drogas, las autoridades cubanas entregaron al Gobierno de los Estados Unidos a Jesse James Bell, ciudadano norteamericano, prófugo de la justicia estadounidense, acusado de 15 cargos relacionados directa o indirectamente con el tráfico de drogas en Estados Unidos.

Bell se encontraba detenido en nuestro país desde el 10 de octubre de 2001, al detectarse en el cruce de frontera de salida del país que portaba una identidad falsa. Nuestras autoridades informaron de manera inmediata a la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana sobre la detención de esta persona.

El 19 de octubre de 2001, las autoridades norteamericanas solicitaron de manera oficial la entrega del detenido mediante la nota diplomática 573, presentada por la Sección de Intereses de los Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Nuestro Gobierno decidió responder positivamente a esta solicitud tras establecer claramente que Bell no se encontraba involucrado en ninguna actividad ilegal dentro del país.

La entrega de este individuo a las autoridades de la DEA se realizó con carácter excepcional, pues, a pesar de la voluntad manifiesta y las propuestas de la parte cubana, no existe ningún acuerdo de cooperación entre los Gobiernos de Cuba y los Estados Unidos de América en materia de lucha contra el tráfico de drogas y, por lo tanto, nuestro Gobierno no tenía ninguna obligación de entregar al mencionado delincuente.

En ese sentido, es importante destacar que el 29 de noviembre de 2001 el Director de América del Norte de nuestra Cancillería Rafael Dausá, entregó en La Habana al Jefe del Buró Cuba del Departamento de Estado una ayuda memoria contentiva de las propuestas del Gobierno cubano al Gobierno de los Estados Unidos con el fin de lograr un acuerdo en materia migratoria para combatir la emigración ilegal y el tráfico de personas, un acuerdo sobre cooperación para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y un programa de cooperación bilateral para combatir el terrorismo. La propuesta de un acuerdo sobre asuntos migratorios había sido previamente presentada a las autoridades norteamericanas desde septiembre de 2000.

Ya en 1999, el Comandante en Jefe Fidel Castro, en el acto central por el 26 de Julio, en la provincia de Cienfuegos, después de explicar las actividades de nuestro país en la lucha contra el narcotráfico, refiriéndose a su encuentro con el destacado y prestigioso senador republicano Arlen Specter, quien había visitado Cuba en junio de ese año, dijo textualmente que "... podían establecerse tres formas posibles de cooperación: una cooperación modesta, una cooperación mayor y más eficaz, o una cooperación integral.

[ ...]

"Ruego les pregunte a las máximas autoridades de su país qué nivel de cooperación desean: si quieren el nivel actual, un nivel más alto, o un nivel total. Yo simplemente afirmo que estamos dispuestos a cualesquiera de esas formas de cooperación".

Unos días después, en un acto similar celebrado en Matanzas, el Comandante en Jefe abordó también el problema de la emigración ilegal promovida durante cuarenta años por Estados Unidos contra Cuba, la Ley de Ajuste Cubano, las numerosas vidas que ha costado al país y la necesidad de buscarle una solución a ese grave problema.

El 3 de diciembre de 2001, durante la más reciente ronda de las conversaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos efectuada en la Ciudad de La Habana, el compañero Ricardo Alarcón, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Jefe de la delegación cubana a estas conversaciones entregó nuevamente las tres propuestas de acuerdo en materia de inmigración, lucha contra el narcotráfico y enfrentamiento al terrorismo a la contraparte norteamericana presente en esta reunión. La delegación estadounidense expresó en aquel momento que dichos proyectos se encontraban fuera del marco de las conversaciones migratorias, sugiriendo que los mismos se presentaran por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países.

Tomando en cuenta esa sugerencia, el 12 de marzo de 2002, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Sección de Intereses de Cuba en Washington, entregaron de forma oficial tres notas diplomáticas a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana y al Departamento de Estado norteamericano, respectivamente, en las que se anexan los textos de las propuestas de acuerdos sobre estos importantes temas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, considerando el beneficio mutuo que entrañarían los acuerdos en materia migratoria, de lucha contra el tráfico de drogas y contra el terrorismo, ratifica la total disposición del Gobierno de Cuba de negociar y suscribir dichos acuerdos con el Gobierno de los Estados Unidos.

La administración norteamericana tiene ahora la posibilidad de demostrar que realmente está dispuesta a asumir con seriedad y sin dobles raseros, el enfrentamiento a estos graves flagelos de la humanidad.

Está en manos del Gobierno de los Estados Unidos probar, ante la opinión pública norteamericana e internacional, que es capaz de poner a un lado mezquinos intereses de pequeños grupos anticubanos y defender los verdaderos intereses de su pueblo.

Estados Unidos tiene la palabra.

La Habana, 17 de marzo del 2002