Cerca de 400 especialistas y estudiantes asisten hoy al acto de apertura de la XVI Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que se efectuará hasta el próximo viernes en el Palacio de Convenciones de La Habana.
A 12 asciende la cantidad de países que expresaron su interés en participar en el evento y entre ellos los más representados son de Argentina, Colombia, Cuba y México, según su comité organizador.
Carlos Manuel Rodríguez Otero, secretario ejecutivo del encuentro, con sede en La Habana desde 1978, no descartó la posibilidad de que en las sesiones de trabajo puedan firmarse cartas de intención sobre intercambios académicos, encuentros y capacitación en el exterior, sobre la base de los intereses de cada cual y si se tiene en cuenta la presencia de organismos e instituciones gubernamentales o no.
De acuerdo con el programa, en las sesiones se tratará acerca del ordenamiento territorial y sistema de asentamientos humanos, ciudades sostenibles, barrios precarios e informalidad urbana, hábitat y vivienda, cambios globales, medio ambiente y gestión de riesgos.
También, temas relacionados con el territorio, economía y fuentes de financiamiento, catastro e información territorial, enseñanza de ordenamiento, gobernanza, normas jurídicas y metodológicas, gestión y control.
La legislación urbana constituye uno de los tres pilares de la Nueva Agenda Urbana, firmada por más de 90 países, incluida Cuba, en la III Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, efectuada en 2016 en Quito, capital de Ecuador.
Una de las acciones cubanas en ese sentido consistió en la adecuación de tales experiencias a su Nueva Agenda Urbana, que proporcionará a las autoridades herramientas y referencias para la elaboración de su política e implementación, según expertos del IPF en la más reciente edición de la revista del organismo.
El Artículo 82 del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, sometido a debate popular, establece que el Estado trabaja para hacer efectivo el derecho de las personas a una vivienda digna, mediante programas de construcción, con la participación de entidades y la población, en correspondencia con las normas del ordenamiento territorial y urbano, y las leyes.
