El Plan de Estado del gobierno cubano, conocido como Tarea Vida, está dirigido al enfrentamiento del cambio climático, que también daña a la nación caribeña a causa de las acciones negativas de la especie humana sobre la naturaleza. El Consejo de Ministros lo aprobó el 25 de abril de 2017.
Su nacimiento tiene como inspiración el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, cuando en la Cumbre de La Tierra en Río de Janeiro, el 12 de junio de 1992, expresó: “[…] Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre […]”.
Conforman el proyecto cinco acciones estratégicas y 11 tareas, que desde un primer momento identificaron las zonas y los lugares priorizados, sus afectaciones y tareas a acometer. La propuesta integradora puede ser enriquecida durante su desarrollo e implementación.
Sustentada sobre una base científica multidisciplinaria, la Tarea Vida prioriza a 73 de los 168 municipios cubanos, 63 de ellos en zonas costeras y otros 10 en el interior del territorio, y tiene como ente rector al ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), encargado de implementar y controlar las actividades pertinentes.
Los antecedentes del Plan radican en las investigaciones realizadas por la Academia de Ciencias de Cuba en 1991 acerca del cambio climático, las cuales se intensificaron a partir de noviembre de 2004, luego de un exhaustivo análisis y debate relacionados con los impactos provocados por los huracanes Charley e Iván, en el occidente del país.
A partir de entonces comenzaron en la Isla los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo territoriales para la reducción de desastres.
En el año 2007, se incrementaron las investigaciones científico-tecnológicas que permitieron empezar la elaboración del macroproyecto vinculado a los peligros y vulnerabilidades de las costas para los años 2050-2100, bajo la dirección del Citma y con la participación de 16 instituciones de cinco organismos de la Administración Central del Estado.
En cuanto a los cambios medioamientales en la Mayor de las Antillas, datos avalados por estudios científicos ratifican que el clima es cada vez más cálido y extremo; desde 1960 la frecuencia y extensión de las sequías han aumentado; y se estima que el nivel del mar ha subido de forma acelerada.
Las inundaciones costeras ocasionadas por la sobreelevación del mar y el oleaje, producidos por huracanes, frentes fríos y otros eventos meteorológicos extremos, representan el mayor peligro debido a las afectaciones ocasionadas sobre el patrimonio natural y el construido.
Mediante evaluaciones, los especialista han determinado el daño acumulado en los principales elementos de protección costera como las playas arenosas, los humedales -bosques, herbazales de ciénaga y manglares– y las crestas de los arrecifes coralinos, que de modo integrado amortiguan el impacto del oleaje provocado por fenómenos naturales.
Para la identificación de las áreas priorizadas, se ha tenido en cuenta la preservación de la vida de las personas en los lugares más vulnerables, la seguridad alimentaria y el desarrollo del turismo.
Entre ellas encontramos el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque; el litoral norte de La Habana y su bahía; la Zona Especial de Desarrollo Mariel; Varadero y sus corredores turísticos; los cayos de Villa Clara y del norte de Ciego de Ávila y Camagüey; el litoral norte de Holguín; la ciudad de Santiago de Cuba y su bahía; así como los territorios amenazados por la elevación del nivel medio del mar en Cienfuegos, Manzanillo, Moa, Niquero y Baracoa.
Dentro de las acciones del proyecto para contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables está la prohibición de construir nuevas viviendas en los asentamientos costeros con posibles inundaciones, así como reducir la densidad demográfica en esas zonas.
También se buscan soluciones para la adaptación de las actividades agropecuarias, en particular, las de mayor incidencia en la seguridad alimentaria del país.
De igual manera constituye una necesidad planificar en los plazos determinados los procesos de reordenamiento urbano de los asentamientos e infraestructuras amenazadas, en correspondencia con las condiciones económicas de la nación.
La Tarea Vida posee un alcance y jerarquía superiores a los documentos elaborados con anterioridad referidos al tema. Su implementación a corto plazo concluyó en el 2020. El programa de inversiones progresivas abarca los periodos 2030, 2050 y 2100.
