Asumir las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como un sector estratégico dentro de la economía cubana y potenciar el desarrollo de su infraestructura, nos exigirá, consecuentemente, una mejor gestión del conocimiento e incrementar la eficiencia en la producción de contenidos digitales y de servicios asociados.
Sin embargo, tal empeño no es exclusivo del sector estatal, sino que requiere del interés y la voluntad de todos los actores afines al ramo, incluyendo los trabajadores por cuenta propia. De ahí que, dentro del marco legal que ordena el proceso de informatización de la sociedad cubana, se hayan esgrimido disposiciones que reconocen la participación y contribución de las formas de propiedad y gestión no estatal.
Ernesto Rodríguez Hernández, vicetitular del Ministerio de Comunicaciones (Mincom), precisó que el Decreto 359 de 2019 sobre el Desarrollo de la Industria Cubana de Programas y Aplicaciones Informáticas reconoce la participación y contribución de las formas de propiedad y gestión no estatal en la informatización de la sociedad.
«Esa posibilidad favorece el desarrollo de esta fuerza productiva, le permite complementarse en el trabajo con las empresas estatales de la informática, incluida su contratación por estas últimas, habilita su participación en la informatización de determinadas actividades, en la asistencia técnica y el soporte tecnológico de aplicaciones, le facilita participar y aportar al desarrollo local en tareas vinculadas a la informatización.
«Por ejemplo, Apklis, una plataforma nacional para la descarga de las conocidas apk o aplicaciones para dispositivos móviles, ofrece la oportunidad, tanto para el sector estatal como no estatal, de contribuir con el desarrollo de estas aplicaciones a la modernización del país, y a mejorar la calidad de vida del pueblo con su uso».
–¿Son privativas de Cuba las regulaciones de la Informatización y el uso de internet?
–Con el auge de las TIC e internet y su impacto en los aspectos de la vida política, económica y social de las naciones, muchos países –incluyendo Cuba– se han planteado una política, una agenda de informatización, o de transformación digital, que lógicamente se respaldan con un marco regulatorio que ordena su implementación y desarrollo.
«La penetración de internet en general, y el uso cada vez más intensivo de plataformas tecnológicas y de servicio soportadas en esta, se han convertido en un reto para el Derecho, aspecto que de alguna forma enfrentan hoy todos los países y donde confluyen, y es necesario regular coherentemente, elementos tecnológicos, éticos y de contenido.
«En Alemania, desde 2017, existe una ley que exige, entre otras cuestiones, un proceder eficaz y transparente para tratar los reclamos de eliminar contenidos ilegales y discriminatorios en las redes sociales; Francia tiene una ley contra el odio en internet con la que pretenden obligar a las plataformas en esta red a retirar contenidos ofensivos, y en ee. uu., que tanta apología hace de la libertad de expresión, existe una disposición que fija responsabilidades sobre la publicación de contenidos nocivos en la red de redes.
«La Ley de Ciberseguridad de Vietnam, aprobada en 2018, exige la eliminación de contenido ofensivo de las plataformas digitales, mientras en China hay regulaciones que promueven el uso responsable de las TIC, protegen las transacciones que se realizan en este ámbito y proveen seguridad a los datos personales de los ciudadanos.
«También podemos mencionar a Brasil, donde existe un Marco Civil de internet que establece criterios para la protección de los registros, los datos personales y las comunicaciones privadas, y recientemente el Senado de ese país aprobó el texto de un proyecto de ley para combatir la difusión de noticias falsas en redes sociales.
«En Cuba, el acceso y el uso de internet es una política prioritaria para el desarrollo integral de las personas y del país, ya que se reconoce no solo como un espacio de información, sino también de acceso para la comunicación social, la cooperación, la asociación y el trabajo en sus más variadas manifestaciones. Es una herramienta al servicio de la identidad y la cultura nacional y de la inserción soberana y universal de los cubanos.
«El derecho a internet se acompaña también de los deberes del ciudadano y de las organizaciones e instituciones para con la sociedad, supone deberes en relación con su uso adecuado y conforme a la ley, así como la responsabilidad de velar por la defensa del país y su integralidad».
–En el plano de los derechos individuales, ¿qué protege el Decreto Ley 370?
–Varios son los elementos que se protegen en el Decreto Ley 370/2018 sobre la informatización de la sociedad. Por ejemplo, se ordena y garantiza el derecho al acceso y participación de las personas naturales en dicho proceso; responsabiliza a los órganos, organismos de la Administración Central del Estado y demás entidades estatales con el uso de plataformas tecnológicas que protejan los datos de los usuarios y garanticen la veracidad y autenticidad de la información; establece que los datos personales en soporte electrónico solo se pueden revelar a terceros que posean interés legítimo, debidamente acreditado ante autoridad competente o que estén autorizados por el titular de estos datos, y ante el incumplimiento de ello, se procede conforme a lo establecido en la legislación vigente.
«Asimismo, la disposición establece que las personas naturales y jurídicas que participen en actividades de comercio electrónico han de cumplir con la legislación vigente en materia de comercio, en tanto, las que provean bienes y servicios por medios digitales, están obligadas a desarrollar un entorno técnicamente seguro para las transacciones.
«De igual forma, determina las contravenciones por la usurpación de los derechos de acceso de usuarios debidamente autorizados, y por la difusión, a través de las redes, de información contraria al interés social, la moral y la integridad de las personas, como contenidos sexuales y discriminatorios».
–La ciberseguridad se estipula como una parte esencial dentro del proceso de informatización en Cuba, ¿por qué la importancia de este nexo?
–La informatización se realiza para dinamizar los procesos que se ejecutan en el mundo real, posibilitando su gestión, utilizando las TIC, mientras la ciberseguridad provee las herramientas necesarias desde varios ámbitos (tecnológico, comunicacional, organizativo y jurídico, entre otros), para proteger, tanto a los usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación como las infraestructuras que soportan las aplicaciones y los servicios informáticos.
«La informatización y la ciberseguridad son dos procesos estrechamente vinculados en los que se requiere avanzar simultáneamente, pues solo así se garantiza un acceso a las TIC de forma segura, sostenible, con calidad y con la garantía de la oportunidad en la información o la comunicación que se requiera».