En la era digital en la que vivimos, la intersección entre el Derecho y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se ha convertido en un tema de vital importancia en la sociedad actual. La creciente adopción de las TIC en todos los aspectos de la vida ha planteado desafíos éticos y legales que requieren una respuesta clara y efectiva por parte de los sistemas legales en todo el mundo.
Uno de los principales desafíos que enfrenta la interacción entre el Derecho y las TIC es la necesidad de adecuar las leyes existentes a la rápida evolución de la tecnología. Muchas normativas actuales no fueron concebidas para abordar cuestiones específicas relacionadas con el uso de las TIC, tales como la gestión y tratamiento automatizado de datos personales, la ciberseguridad o la generalización del uso de la inteligencia artificial, especialmente la de tipo generativa.
Un desafío importante es la aplicación coherente de las leyes en el entorno digital y por ello es fundamental que se actualice y adapte el orden legal para garantizar que se protejan los derechos de los ciudadanos y la sociedad en general en un contexto digital en constante cambio.
El Derecho se enfrenta a la complejidad de resolver demandas de casos de disputas legales en línea, lo que le impone apropiarse también de las bondades de las tecnologías para soportar los procesos legales. Se puede afirmar que la interacción entre el Derecho y las TIC también presenta oportunidades para mejorar la eficiencia del sistema legal y facilitar el acceso a la información jurídica. Las tecnologías como la inteligencia artificial, la blockchain y la computación en la nube pueden utilizarse para agilizar procesos legales, automatizar tareas repetitivas, facilitar la recopilación de pruebas y mejorar la gestión de casos judiciales. En la medida en que las estructuras de servicios jurídicos se apropien del uso de dichas tecnologías se convierte también en un recurso acelerador y habitador de la transformación digital de la sociedad y además contribuye a brindar mejores soluciones de regulación legal.
¿Cómo ha evolucionado esta intersección?
La evolución de la intersección entre el Derecho y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha sido un proceso dinámico que ha ido adaptándose a los avances tecnológicos y a los desafíos emergentes en el mundo digital. A lo largo del tiempo, esta intersección ha experimentado cambios significativos que han marcado la forma en que se denominan, se regula y se interactúa con las TIC en el ámbito legal. Algunas de las principales etapas de esta evolución incluyen:
- Adaptación de las leyes existentes: En un principio, las leyes no estaban preparadas para abordar específicamente los temas relacionados con las TIC. Con el tiempo, se ha producido una adaptación de los ordenamientos jurídicos para incluir disposiciones que regulen aspectos como la protección y tratamiento de datos, la ciberseguridad, el comercio electrónico, la identidad digital, entre otros.
- Legislación específica: A medida que las TIC se han ido expandiendo y transformando la sociedad, se han promulgado disposiciones normativas específicas para regular su uso. Este marco legal busca establecer pautas claras en áreas como la privacidad en línea, la tipificación de las conductas indebidas y otros aspectos que son esenciales para reconocer derechos y delimitar responsabilidades en la era digital.
- Solución de conflictos: Los tribunales y órganos de solución de conflictos han desempeñado un papel crucial en la evolución de la intersección entre el Derecho y las TIC a través de la interpretación y aplicación de las leyes en casos específicos. También han servido a la relectura de instituciones tradicionales del Derecho y los principios jurídicos, además de la identificación de otros nuevos. La jurisprudencia generada en torno a temas como la responsabilidad de los proveedores de servicios en línea, la validez de los contratos digitales y la protección de la propiedad intelectual ha contribuido a sentar las bases para una adecuada regulación en este ámbito.
- Creación de organismos reguladores: En muchos países se han establecido entidades gubernamentales especializadas en regular el uso de las TIC, supervisar el cumplimiento de las leyes relacionadas con la tecnología y promover buenas prácticas en el entorno digital. Estos organismos desempeñan un papel fundamental en la aplicación efectiva de las normativas y en la protección de los derechos de los usuarios de las TIC. Está muy vinculado a la instauración de mecanismos de gobernanza.
En este devenir se reconocen segmentos especializados de legislación y prácticas jurídicas para protección de derechos y delimitación de responsabilidades, así el Derecho extiende su accionar regulador a través de lo que hemos conocido como: Derecho Cibernético, Derecho Informático o simplemente Derecho de las TIC. En la actualidad, se identifica como Derecho Digital.
En todo su recorrido evolutivo, la pretensión ha sido, y sigue siendo, la de poner el énfasis en la protección de los derechos prexistentes y la incorporación de otros nuevos, fruto de la evolución de la humanidad, extender su accionar preventivo y protector en la búsqueda de soluciones jurídicas, contribuir a que se intensifiquen también las interacciones con las llamadas ramas tradicionales de las ciencias jurídicas, así como con otras áreas de conocimiento, por ejemplo las neurotecnologías, que han dado origen a los neuroderechos.
Lo cierto es que el Derecho, si bien no va a la par de los avances tecnológicos no puede permanecer ajeno a las actividades y el comportamiento en el ciberespacio para abordar cuestiones jurídicas relacionadas con el uso de las TIC, internet, redes sociales y otros aspectos que están vinculados al mundo digital.
Las tensiones entre lo regulado y el carácter disruptivo de la tecnología que demandan respuestas del Derecho, entre otras, se encuentran:
- Protección de datos personales: Regulaciones que garantizan la privacidad y seguridad de la información personal almacenada y procesada a través de tecnologías informáticas. Las normas de privacidad y protección de datos buscan garantizar que la información personal de los individuos sea manejada de manera ética y segura por las entidades que la recopilan y procesan. Este constituye uno de los puntos más críticos en un mundo digitalizado que está diseñado sobre la base del uso intensivo de datos para la toma de decisiones y valor contable para la economía digital.
- Derechos de autor y propiedad intelectual: Normativas que protegen la propiedad intelectual en el entorno digital, incluyendo la regulación de la reproducción, distribución y uso de contenido digital.
- Comercio electrónico y contratos en línea: Regulaciones relacionadas con el comercio electrónico y la contratación en línea que buscan garantizar la validez legal de los contratos electrónicos, normar las transacciones comerciales en internet y proteger a las partes involucradas en estos procesos comerciales realizadas a través de plataformas digitales.
- Responsabilidad legal en internet: Normativas que establecen la responsabilidad de los proveedores de servicios en línea, como proveedores de alojamiento web, redes sociales y plataformas de contenido, en relación con el contenido publicado por terceros. Incluye también las responsabilidades para los usuarios de estos servicios.
- Teletrabajo y el Trabajo en Plataforma: El teletrabajo como una modalidad laboral que permite trabajar fuera del área tradicional. El trabajo en plataformas referido a la forma de empleo donde los trabajadores realizan tareas a través de plataformas digitales que conectan a empleadores con trabajadores. En ambos casos surge la necesidad de regular los derechos laborales, protección social y regulación de condiciones de trabajo.
- Identidad digital y medios de autenticación: La identidad digital se refiere a la representación de una persona en el entorno digital. Incluye información personal, como nombre, fotos, perfiles en redes sociales, historial de la navegación, transacciones en línea, entre otros datos. Es la imagen virtual que una persona o entidad tiene en el mundo digital y juega un papel crucial en la forma en que se le percibe en línea, así como en la gestión de la privacidad y la seguridad en el ciberespacio. Reconoce todos los medios que se pueden emplear para hacer constar la voluntad en el entorno digital: pulsar el click, firma digital y medios biométricos, demostrando relaciones de confianza.
- Ciberseguridad: La ciberseguridad es otro ámbito crucial donde el Derecho y la Tecnología convergen. Normativas y leyes que abordan la protección de sistemas informáticos y la prevención de delitos informáticos, como el acceso no autorizado, el fraude cibernético y el robo de datos. Las regulaciones en este campo buscan prevenir y sancionar ciberataques, proteger la integridad de los datos y las infraestructuras digitales, así como promover la seguridad en línea.
Con la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas, surge la necesidad de incentivar la reflexión sobre esta realidad desde el Derecho para regular adecuadamente su desarrollo, propiciar la innovación y su uso ético, así como definir la responsabilidad legal en caso de daños causados por algoritmos, robots o sistemas automatizados empleados para resolver situaciones complejas y brindad servicios según la evolución tecnológica en la sociedad actual.
El Derecho enfrenta el desafío de adaptarse y desarrollar el sistema legal que aborde los retos y oportunidades que se plantean por la sociedad tecnológicamente avanzada de la que dimanan los derechos digitales, cual extensión de protección de los derechos fundamentales de las personas en el entorno digital, como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el acceso a la información y establece normas claras que reflejen los principios democráticos y el respecto a la dignidad humana en la era digital.
El Derecho Digital es un área especializada en constante evolución, ya que las tecnologías y la forma en que se utilizan continúan cambiando rápidamente.
¿Cómo entender el Derecho Digital en Cuba?
La Constitución reconoce la importancia de la sociedad de la información y promueve el acceso de todos los ciudadanos a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como un derecho fundamental. En ella se encuentran los basamentos jurídicos para legislar varios temas relacionados con la sociedad de la información, la tecnología y la innovación. Unido a ello, se reconoce la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales de los ciudadanos en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, garantizando su uso adecuado, la no divulgación y limitando su acceso por parte de terceros. También instituye el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de carácter público y se promueve la transparencia en la gestión de los asuntos públicos.
El Estado cubano promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social. Igualmente desarrolla formas de organización, financiamiento gestión de la actividad científica; propicia la introducción sistemática y acelerada de sus resultados en los procesos productivos y de servicios, mediante el marco institucional y regulatorio correspondiente.
Desde nuestro modelo de desarrollo, se fomenta el desarrollo tecnológico y la innovación como pilares para el progreso en diversos sectores de la sociedad cubana. Por otra parte, la transformación digital es un concepto más complejo, que busca soluciones a partir de un entorno digital, en el cual el proceso no solo debe adaptarse a las nuevas tecnologías o centrarse en mejorar la experiencia de los usuarios. Además, requiere de un respaldo jurídico, del liderazgo y de una capacitación de los actores para llevarlo a cabo y se promueve el fortalecimiento de las estructuras locales de gobierno, incentivando la participación ciudadana en la toma de decisiones, así como la gestión de los recursos en las comunidades, siendo el ecosistema digital una vía de ejercicio de este derecho ciudadano.
De modo que podemos entender que la Constitución cubana de 2019 establece un marco legal que promueve la sociedad de la información, la tecnología y la innovación, de la que dimana nuestro derecho digital, encontrando una correlación con la legislación informática vigente y a su vez con otras normas que resultan conexas, aunque son especiales para la materia que regulan.
Tanto esa legislación conexa como la legislación cubana sobre la informatización de la sociedad tiene como objetivo principal promover el uso de las TIC en todos los ámbitos de la vida social, económica y cultural del país. Entre las leyes y disposiciones normativas más relevantes en este ámbito se encuentran:
- Ley No. 88 de 1999, de Protección de la Soberanía Nacional y la Economía de Cuba. Establece medidas para proteger la soberanía nacional en el ciberespacio y garantizar la seguridad de la información.
- Decreto Ley No. 370 de 2018, contiene las regulaciones para el uso de las TIC, la seguridad informática y la protección de la información en Cuba.
- Decreto Ley No. 35 de 2021, regula la creación, gestión y uso de redes informáticas en el país, fomentando su desarrollo y expansión.
- Decreto No. 360 de 2019, Sobre la Seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la defensa del Ciberespacio Nacional.
- Decreto No. 359 de 2019, Sobre el Desarrollo de la industria cubana de programas y aplicaciones informáticas.
- Resolución No. 98 de 2019 del MINCOM que define las políticas y estrategias para el desarrollo de la informatización en Cuba, incluyendo la promoción del uso de software libre y la formación de profesionales en el área de las TIC.
- Ley No. 149 de 2022, Protección de datos personales. Ofrece la seguridad necesaria para la protección de la privacidad de la información que en instituciones o servicios públicos se posea.
- Decreto Ley No. 3 de 2020, del Sistema nacional de gestión documental y archivos de la República de Cuba. Complementada por la Resolución No. 202 de 2021 del CITMA que establece los Lineamientos generales para la digitalización de las fuentes documentales de la República de Cuba.
- Decreto No. 42 de 2021, Reglamento General de Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Decreto No. 43 de 2021, Reglamento sobre el uso del Espectro Radioeléctrico.
- Ley No. 154 de 2022, De los derechos de autor y del artista intérprete.
- Ley de Comunicación social.
Así, nuestro ordenamiento jurídico regula y promueve el uso de las TIC para modernizar la economía, fortalecer la educación y la cultura, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y fomentar la participación ciudadana en la era digital, constituyendo la base legal para extender de nuestra visión de transformación digital.
El análisis sistemático para su actualización e incorporación de nuevas materias objeto de regulación es tarea permanente de los órganos reguladores y de la academia. A su vez, los profesionales del Derecho deben estar al tanto de las últimas innovaciones tecnológicas y entender cómo estas afectan a la sociedad, la economía y los derechos. Contribuir, además, a la cultura jurídica de la población, dotándola de los fundamentos jurídicos que sustentan nuestra legislación en estos temas, promoviendo el cumplimiento consciente de lo establecido y generando la capacidad legislativa para disminuir los tiempos de respuestas que exige la regulación de la realidad social que emerge de la interacción con las tecnologías, cada vez más disruptivas y cotidianas en nuestras vidas.