La reciente aprobación por el Consejo de Ministros de las modificaciones a la política destinada a la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas, posibilitará una mayor producción de alimentos para el pueblo y de estímulos a los productores del sector no estatal.
El máster en ciencias Eddy Soca Baldoquín, director de Suelos y Control de la tierra del Ministerio de la Agricultura, explicó en conferencia de prensa, efectuada en esta capital, los nuevos cambios previstos, que dan respuesta a reclamos del campesinado y de las bases productivas, los cuales deberán acompañarse, en meses venideros, de sus normas jurídicas.
Mencionó como novedades que las personas naturales que reciban tierras, o ya las posean, se pueden vincular o integrar a las empresas agropecuarias, azucareras o forestales.
Citó que con el objetivo de evitar el mal empleo del suelo y la pérdida de su agroproductividad, continuará el proceso de otorgamiento de terrenos en usufructo, aunque se insistirá en su explotación.
Soca Baldoquín añadió que se autorizará la entrega de áreas ociosas de la ganadería comercial para las producciones de cría y ceba, no así de aquellas tierras destinadas a la obtención de leche, que cuenten con su programa.
De igual manera, destacó que el plazo de la vigencia del usufructo a todas las personas naturales se ampliará de 10 a 20 años, prorrogables por igual término; en tanto para las personas jurídicas será por tiempo indefinido (actualmente es de 25 años), siempre que cumplan las obligaciones pactadas.
Como expresión de la voluntad del Estado de estimular este movimiento se incrementó de 13.42 hectáreas (ha) a 26.84 el área máxima a entregar a quienes soliciten tierras por primera vez, en tanto se establece un mínimo de 26,84 ha (dos caballerías) para las solicitudes con destino a la ganadería mayor y a cultivos en polos productivos.
El área máxima autorizada puede llegar a ser de 67,10 ha (cinco caballerías), puntualizó el directivo de la Agricultura.
También, en aras de la sostenibilidad del programa, otra modificación consiste en la obligatoriedad de sembrar alimento animal en las áreas concedidas para la actividad ganadera, hasta cubrir el balance alimentario de la masa que posea el propietario.
Soca Baldoquín aseveró que la entrega de terrenos a personas naturales se condiciona a que los puedan trabajar y administrar de forma personal y directa; y entre otras novedades sobresale el incremento hasta de un tres por ciento del área total concedida para la construcción de bienhechurías, como las viviendas.
Asimismo informó que en 2018 comenzará la aplicación gradual del cobro de los impuestos previstos en la Ley Tributaria, en lo concerniente al uso, posesión y ociosidad de la tierra.
Soca Baldoquín dio a conocer que del 2008 al 2016 se asignaron tierras a más de 222 mil personas en el país, para un total de 1.9 millones de hectáreas, y refirió que hoy permanecen más de 151 mil productores en 1.2 millones de hectáreas.
Significó que Cuba cuenta con un 24,3 por ciento de áreas productivas, con categorías uno y dos (de mayores posibilidades para alcanzar altos rendimientos), por lo cual desde un inicio tuvieron una gran demanda por personas naturales y jurídicas.
Sin embargo, alegó, hoy apenas quedan áreas con categoría dos, y sí son mayoritarias para otorgar aquellas con baja agroproductividad.
El director de Suelos y Control de la tierra subrayó que el país posee 0.8 millones de hectáreas ociosas, de las cuales 300 mil están disponibles con vistas a su entrega a personas naturales, distribuidas en casi toda la Isla, con excepción de La Habana, Artemisa y Mayabeque, las dos últimas con bajos niveles de terrenos ociosos.
Dijo que las áreas disponibles se encuentran alejadas de los asentamientos poblacionales y de los servicios básicos, con carencia de agua y alta infestación de marabú, lo que no significa que no existan tierras en lugares asequibles, buenos, con posibilidades para la siembra de diferentes cultivos, aclaró.
En aras de poner en explotación la mayor cantidad de tierras, el Estado destinó más de 50 millones de pesos en materia de recursos, lo cual se ha patentizado en el otorgamiento de créditos bancarios, tecnologías, maquinarias e insumos, y así lograr mayores rendimientos agropecuarios y humanizar el trabajo de los usufructuarios.
Recordó que todos estos cambios tienen como antesala los Decretos Ley 259 de 2008 y 300 de 2013, y el perfeccionamiento de esta política responde a los lineamientos económicos y sociales del Partido y la Revolución.
En la reciente reunión del Consejo de Ministros se ratificó que las tierras otorgadas en usufructo son propiedad intransferible del Estado y deben mantenerse en explotación, evitando un mal uso del suelo y la pérdida de su productividad.
