Recientemente fue aprobado por el Consejo de Estado y publicado en la Gaceta Oficial de la República No. 96, el Decreto-Ley No. 42 que dispone la extinción del Instituto de Planificación Física y la creación del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo como Organismo de la Administración Central del Estado.
¿Qué fundamenta esa decisión? ¿En qué consisten los cambios? ¿Cuáles son las metas del nuevo organismo? A tales preguntas respondieron directivos del sistema de planificación física en la Mesa Redonda de este miércoles.
Ordenamiento territorial y el urbanismo
Al respecto, Samuel Carlos Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física (IPF), dijo que la reorganización del sistema de la planificación física responde al perfeccionamiento del modelo económico y social que requiere el fortalecimiento del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo.
“Nuestra actividad desde su creación en 1960 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con el objetivo de acompañar las transformaciones estructurales que demandó el triunfo de la Revolución se ha ido perfeccionando para garantizar ese cometido”, comentó.
Puntualizó que esta nueva etapa es el resultado de un proceso de trabajo que inició con la aprobación de la política de perfeccionamiento del Instituto de Planificación Física por el Acuerdo 52 del Consejo de Ministros en el año 2012. “La primera etapa se implementó en 2015, los cambios de mayor impacto se relacionan con el traspaso de funciones desde el sistema de la vivienda, retornan la emisión de permisos de construcción para las personas naturales”.
No obstante, dijo, quedó pendiente para una segunda etapa el completamiento y fortalecimiento de algunos de los componentes de la estructura orgánica del IPF y la adecuación de las estructuras provinciales y municipales de planificación física.
“Se estudiaron los resultados del proceso de implementación del perfeccionamiento del Instituto de Planificación Física; la evolución de las estructuras para el desarrollo de la actividad en sus 61 años de existencia; las bases organizativas y los estudios del perfeccionamiento de los órganos locales del Poder Popular, prácticas internacionales en el ejercicio de estas disciplinas; y aprobación de varias políticas y sus normas jurídicas que disponen la creación de nuevas unidades organizativas; ejemplo: la comunicación institucional, innovación e informatización”.
Más adelante, al explicar lo que se mantiene y lo que se transforma, añadió que el organismo mantiene la misión y las funciones específicas, “y considerando que estas deben estar reflejadas en el nombre de la institución se cambia su denominación, teniendo en cuenta que el nombre Planificación Física no expresa la esencia de la actividad que realizamos, por ello se crea con el nombre de su rol estatal fundamental; el Ordenamiento Territorial y el Urbanismo”.
Otro elemento significativo, expresó, es el cambio de jerarquía de entidad nacional a OACE y la subordinación de las estructuras provinciales y municipales.
En otro momento de su intervención, Rodiles Planas reiteró que desde la creación en el año 1960 de este instituto se ha venido trabajando, con resultados positivos, en la evaluación de las estructuras para su desarrollo.
“Esto permite que el nuevo organismo nazca con buenos resultados en el planeamiento; no surge de la nada, sino con una trayectoria, con resultados concretos”.
En la actualidad, prosiguió, el país cuenta con un esquema nacional de ordenamiento territorial, herramienta con enfoque estratégico y fundamento científico, “la referencia espacial del plan de desarrollo económico-social”.
¿Qué estructura asume este organismo y qué impacto tiene?
Por su parte, Margoris Méndez Rodríguez, vicepresidenta del IPF, se refirió a la estructura aprobada por el nuevo organismo.
Sobre este tema dijo que el Instituto Nacional de OTU se organiza en un Órgano Central con unidades subordinadas, delegaciones provinciales, direcciones municipales y en el caso específico de los municipios de Santiago de Cuba y de Camagüey, oficinas de distrito y oficinas gestoras del ordenamiento territorial y urbanismo en provincias con zonas con regulaciones especiales que así lo demanden.
“Las estructuras se conforman según las características del territorio, la complejidad en el planeamiento, la gestión y el control. Se fortalecen las direcciones municipales como células básicas de nuestra actividad”.
Agregó que en octubre inicia el traspaso de las DPPF del gobierno al Instituto nacional OTU y continúa con el traspaso de las DMPF de las administraciones municipales a las delegaciones provinciales OTU.
Resaltó, además, que la principal transformación es el cambio a una subordinación vertical con impacto positivo que se refleja en una mayor exigencia en el cumplimiento de la política del Estado en su ámbito, una mayor efectividad en la fiscalización del territorio, así como más eficacia y eficiencia en la prestación de servicios a personas naturales y jurídicas.
“Igualmente impacta en un sistema de información expedito, la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros se fortalece, y se robustece y se facilita el ejercicio del ordenamiento territorial y urbano y el catastro”.
Méndez Rodríguez subrayó que también se pretende elevar la gestión y credibilidad; “se robustece su rol como asesor técnico del gobierno en el cumplimiento del mandato constitucional, por ejemplo, los gobiernos convocan, dirigen, aprueban y gestionan los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, otorgan los solares yermos para la construcción de viviendas a las personas naturales, y les corresponde valorar las propuestas de modificaciones de los coeficientes para la determinación del valor catastral en su territorio y realizar las propuestas que correspondan”.
En otro momento de la Mesa Redonda, la vicepresidenta del IPF comentó que los servicios a personas naturales y jurídicas se mantienen en las direcciones municipales de OTU, “los términos ni se interrumpen ni suspenden, continúa la tramitación normal de los asuntos radicados”.
Es por ello, valoró, que las estructuras de las direcciones municipales se fortalecen, pues se crea un departamento de gestión del planeamiento que emite la documentación técnica para la construcción y otros, y un departamento de asuntos legales que atiende los trámites jurídicos y el asesoramiento legal de la entidad.
¿Cuáles son las metas de este nuevo organismo?
Anelis Marichal González, directora general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del IPF, dijo que este nuevo organismo tiene entre sus metas elevar la jerarquía del sistema del ordenamiento territorial y urbano, así como la gestión del suelo, porque “el municipio es la instancia que más se fortalecerá con el perfeccionamiento”.
Serán las administraciones locales, precisó, las encargadas de convocar, conducir y dar el visto bueno a lo que se haga en los municipios, siempre con la participación ciudadana.
Otro propósito es perfeccionar los servicios y trámites a las personas naturales y jurídicas con alto nivel de informatización, dijo la directiva y destacó que se trabaja, desde la plataforma Bienestar, en lograr el acceso a los servicios por vía digital.
Marichal González comentó que las regulaciones urbanísticas establecen los permisos de licencias de obras, certificados de habitables y los dictámenes técnicos. Hasta la fecha se cuantifican unas 3 000 solicitudes tramitadas mediante dicha plataforma, relacionadas fundamentalmente con las regulaciones urbanísticas.
Esto refleja que la población desea conocer cómo se deben hacer las acciones constructivas, dijo.
En este proceso para alcanzar la agilidad y eficacia en los servicios y trámites que se prestan, destaca la experiencia de la provincia de Villa Clara (en particular en ochos de sus municipios), mientras que Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Camagüey, Sancti Spíritus y Granma están listas para incorporar esta posibilidad.
Por otra parte, Marichal González se refirió al proceso de creación y actualización del catastro urbano y rural, en el cual participa la población. “Una herramienta que facilitará agilizar los trámites y la evaluación de cómo se va transformando el territorio, necesario para la toma de decisión, así como para definir el valor del suelo”.
Elevar la efectividad del control y la inspección en materia de ordenamiento territorial y urbano resulta otra meta del nuevo organismo. La directiva enfatizó en la existencia de indisciplinas como violaciones de los planes de ordenamiento, construcciones desordenadas y ocupaciones de espacio en edificios multifamiliares.
Precisamente, agregó, uno de los llamados es a revertir esa situación, prioridad de la institución recién creada.
De acuerdo con la directiva, este es un proceso complejo y paulatino que requiere de especial atención y seguimiento, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la falta de personal calificado para estas actividades en las instancias municipales.
Para ello, argumentó, se priorizará la capacitación de los recursos humanos con la creación de la escuela ramal con filiales en las provincias de Villa Clara y Holguín.
Marichal González subrayó que el nuevo organismo da continuidad a 61 años de labor en el planeamiento de ciudades y territorios, aportando la visión físico-espacial del desarrollo económico y social del país.
El instituto cuenta con el anteproyecto de Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, que está listo para ser sometido a su evaluación y aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
