Como parte del programa del primer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados analizaron la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada por la ANPP en mayo de 2022.
Al analizar la puesta en marcha de la normativa, a partir del informe presentado a los diputados por Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República de Cuba, se recordó la atención que han dado el Partido y el Gobierno a la seguridad alimentaria y nutricional, con la adopción de políticas en los diferentes sectores de la economía, las que se concretaron en leyes, estrategias, programas y planes.
Luego, con la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución fue aprobado un grupo de políticas públicas, agrarias y alimentarias, que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional.
“Pero no es la ley la que resolverá esta problemática. Es en los territorios, con producción, donde se soluciona. La ley nos da herramientas para lograr que los alimentos lleguen al plato de los cubanos, que es el objetivo”, reflexionó el vice primer ministro.
“La mirada debe ser qué más podemos hacer para alcanzar de una vez la tan necesitada soberanía alimentaria”, subrayó.
Tapia Fonseca refirió que en el año 2021 fueron adoptadas 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria, que propiciaron la eliminación de trabas y flexibilizaron procesos.
“En sus inicios, tuvieron un impacto importante, y más tarde, a consecuencia de la agudización de la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo, algunas de las metas no han podido cumplimentarse o solo se alcanzaron parcialmente”.
Ese contexto conlleva la adecuación del modelo productivo y de gestión, que ha marcado también el diseño de políticas públicas sobre la seguridad alimentaria y nutricional en el país, señaló el vice primer ministro.
Por eso, en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba en 2020, así como su instrumentación jurídica, la Ley 148/2022, De Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en conjunto con su reglamento, el Decreto No. 67 de 2022.
¿Cómo avanza la implementación de la ley?
Según trascendió en el informe presentado a los parlamentarios, el cronograma de implementación contiene tres etapas: la primera, relativa a la comunicación social; la segunda, enfocada en la creación de capacidades con proyección territorial y comunitaria, y la tercera, dirigida a la implementación, con fases de preparación y diagnóstico.
“Un número considerable de las acciones previstas hasta la fecha han sido cumplidas por los responsables; no obstante, se requiere elevar el rigor en el control y establecer indicadores medibles para las tareas contenidas en cada etapa”, dijo Tapia Fonseca.
En la primera etapa se desarrollaron las acciones generales de comunicación social, que propiciaron el conocimiento, la retroalimentación y la evaluación constante, para la adecuada implementación de los contenidos de la ley y su reglamento.
“Cada cubano debe comprender la necesidad de producir alimentos. Esto debe hacerse desde las mismas escuelas”, sostuvo Tapia Fonseca, y agregó que se debe realizar una revolución desde la agricultura, que incluya a todos los organismos de la Administración Central del Estado vinculados con la ley.
Dentro del plan destacan acciones divulgativas, la producción y puesta en parrilla de cápsulas y spots, así como el desarrollo del proyecto Cultivar Conciencia como plataforma promocional de las buenas prácticas relacionadas con la implementación de estas normas.
La segunda etapa de formación de capacidades, con proyección territorial y comunitaria, se inició por el entrenamiento de formadores para dinamizar el acompañamiento, la asesoría y creación de capacidades endógenas, a través de la concepción político-pedagógica de la educación popular.
Al respecto, Tapia Fonseca mencionó entre los principales resultados hasta la fecha la formación de agentes dinamizadores en 152 municipios del país.
Asimismo, la realización de talleres nacionales, provinciales y municipales, un total de 694, sobre la sensibilización de la ley SSAN, las herramientas metodológicas, los planes de acción y las estrategias y medidas para prevenir y reducir pérdidas y desperdicios de alimentos.
Además, se capacitó a 23 297 personas en todo el país, un 42% mujeres y un 17% jóvenes menores de 35 años. En el curso online sobre la ley, disponible en el Observatorio para la Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional Con más Ciencia, han participado 614 personas.
El vice primer ministro dijo que la tercera etapa, que concierne al cronograma de implementación, comenzó en noviembre de 2022 con la constitución de las comisiones de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en sus tres niveles.
En cuanto a la gobernanza e institucionalidad de las comisiones, en específico de la Comisión Nacional, se aprobó su funcionamiento mediante la creación de cinco grupos temporales de trabajo, según los ejes estratégicos del Plan SSAN.
A su vez, la comisión nacional tiene adscrito el Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, constituido por el Ministerio de la Agricultura.
De acuerdo con el informe presentado a los parlamentarios, como parte de la implementación y aplicación de la ley cada grupo temporal que integran las comisiones SSAN identificó entre los principales problemas que la creación del sistema empresarial agroindustrial municipal, a modo de experimento, se implanta en 18 municipios, lo cual se ha desarrollado con lentitud. Paralelamente, se trabaja en el resto de los municipios del país.
En la fase de diagnóstico se identificaron las brechas nutricionales existentes, concentradas en el déficit de energía, grasas y proteínas. Se logró identificar en la mayoría de los territorios que estos no se autoabastecen según la demanda definida.
“Tenemos que partir de las potencialidades de cada territorio, para que los análisis y planes sean correctos, e incorporar las investigaciones de los científicos”, afirmó Tapia Fonseca.
Añadió que “todos los municipios y provincias pudieran ser soberanos y seguros en la producción de viandas, hortalizas y frutas. En los casos del arroz, granos, leche, carne vacuna y ganado menor, no todos pueden alcanzarlo”.
Para producir alimentos no se necesitan tantos papeles
Asamblea Nacional.
Las provincias y municipios con más bajos resultados al cierre de mayo fueron: Holguín 22 libras/per cápita (lb/pc); Pinar del Río 23 lb/pc; Las Tunas 23 lb/pc.
“Se reportan con dificultades en el abastecimiento 240 comunidades (4% del total), con las mayores incidencias en Holguín 82 (8%); Las Tunas 77 (18%); Matanzas 32 (8%) y Camagüey 16 (4%)”, detalló el vice primer ministro.
Refirió que el Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar en lo que va de año ha incorporado 100 nuevos organopónicos y en el Movimiento Productivo Popular con las familias, 30 000 nuevos patios y parcelas.
“En este programa se incorporan nuevas medidas como la transformación y revitalización de los consultorios tiendas del agricultor, como la aprobación de la comercialización libre de impuesto de los productos obtenidos en los patios familiares”, sostuvo.
En cuanto a la conformación y atención a los polos productivos, el levantamiento realizado por la Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios (ENPA) arrojó 23 993 hectáreas a incorporar.
De un plan de creación de 5 139 módulos pecuarios, al cierre de mayo de 2023, hay 4 314, para un 84 %. Las provincias de Las Tunas, Pinar del Río y Artemisa son las que presentan los niveles más bajos de ejecución.
“Falta trabajo para producir alimentos. Todos esperamos que nos manden la comida, pero no hacemos nada para producirla. Falta cultura productiva”
¿Cuánta tierra tenemos vacía? ¿Cuántos centros de trabajo tienen tierras ociosas sin producir?, interrogó Tapia. “Esas son las preguntas a las que debemos de dar respuesta inmediata, es necesario producir en todos los pedazos de tierra que tengamos”.
“Para producir alimentos no se necesitan tantos papeles. No son cifras en un informe, sino ¿cuándo vamos a empezar a sembrar? ¿quienes lo van a hacer? ¿cuántas hectáreas de un producto necesitamos para satisfacer las demandas de la población?”, señaló el vice primer ministro.
Informó que con el fin de evaluar aspectos concernientes a la implementación de la ley y otros relacionados con la producción de alimentos, se constituyeron tres comisiones presididas por el gobierno central, que durante los meses de abril, mayo y junio, realizaron el chequeo en las regiones Oriental, Occidental y Central del país, respectivamente.
Hasta la fecha, se visitaron 133 de los 158 municipios previstos. Participaron los principales cuadros del Gobierno, el Partido y la UJC, los miembros de las Comisiones SSAN a ese nivel, organizaciones de masas, directivos del sistema empresarial, productores, asesores, científicos y agentes dinamizadores, los cuales analizaron las problemáticas presentes en cada localidad.
Tapia Fonseca informó que solo se ha podido garantizar el 74 % del diesel y poco más de 10 toneladas de fertilizante de las mil que se necesitan para la agricultura.
Trascendió en el informe que entre las principales deficiencias en la implementación de la ley se encuentran:
-Falta de conocimiento sobre los contenidos de la ley SSAN y deficiencias en el funcionamiento de las Comisiones
-En varios municipios se evidenció inadecuada articulación entre la ley y las estrategias de desarrollo local.
-En determinados casos, no se ha logrado identificar a todos los actores vinculados a los diferentes procesos alimentarios locales.
-El diseño de los programas que conforman los sistemas alimentarios locales, según lo establecido en la ley, en algunos casos, no se corresponde con las demandas nutricionales que tiene el territorio y sus potencialidades para producir en el fondo de tierras disponibles.
-Es lento el proceso de creación de autoconsumos en las entidades de la producción y los servicios, que satisfaga parte de las necesidades nutricionales de los trabajadores y sus familias.
-Es insuficiente los niveles de siembra y las existencias de cultivos en las viandas, fundamentalmente aquellas menos exigentes a los paquetes tecnológicos como el plátano, la yuca, el boniato y la malanga.
-En hortalizas, si bien se crece en las siembras, no se logran las producciones previstas, determinado por los bajos rendimientos agrícolas.
-En el programa de granos, la falta de insumos y la presencia de plagas determinan el incumplimiento de los niveles de siembra proyectados para estos años.
-Se identifica como insuficiente las producciones de las empresas estatales agropecuarias, que aportan entre un 15 y un 20% a la producción.
-De los 5 kg de proteína animal mensuales per cápita, solo se han alcanzado 438 gramos por habitantes en 2022 y en mayo de 2023, descendió a 347 gramos por habitantes, por falta de celeridad en la construcción de módulos pecuarios, la dotación de masa básica de las diferentes especies y en la producción de alimento animal.
- Es insuficiente la cría de gallinas camperas y semirústicas en las comunidades rurales y del Plan Turquino, para la producción de huevos y carne con destino al autoabastecimiento familiar.
-Es insuficiente la producción de ganado menor (ovino, caprino y cunícola (conejos)), de acuerdo a sus potencialidades en los sistemas agroalimentarios locales.
-El Programa porcino aún mantiene niveles de producción muy bajos, siendo las causas fundamentales la disponibilidad de alimento animal, provocado por las dificultades con la siembra de maíz, soya, sorgo y girasol; la recogida de palmiche y residuos de cosechas agrícolas e industriales, entre otros, lo que no ha permitido un funcionamiento estable de las plantas de pienso.
“Hay que rescatar la disciplina en los planes de la agricultura, pues en muchos casos no se cumplen y no pasa nada”, alertó.
Trascendió en la presentación del informe que, en este programa estratégico no se ha logrado incrementar la producción estatal, en lo cual es decisivo la recuperación de las 205 naves de los centros de ceba previstas, junto a la base alimentaria con fuentes nacionales. Hasta la fecha solo se han recuperado 92 naves para un 45%.
-No se avanza en la recuperación de la ganadería vacuna, con un decrecimiento sostenido de la masa. La existencia, al cierre de mayo de 2023, es de 3 439 038 cabezas de ganado vacuno.
Todo ello provocado por las elevadas cifras en el índice de mortalidad; el déficit de alimento animal, incumpliéndose los planes de siembra de caña, kingrass, otros pastos y las plantas forrajeras proteicas y bajo nivel de acuartonamiento.
Agregó como otras de las causas del decrecimiento en este renglón las dificultades con el abasto de agua; el hecho de que solo se alcanza el 27% de las hembras reproductoras bajo la inseminación y la contratación resulta deficiente, entre otras determinantes.
Dijo que existen productores que poseen de una a tres vacas, con una alta dispersión, sin una cultura ganadera, que requieren de capacitación y extensionismo para incrementar sus resultados productivos y aportes al encargo estatal.
El hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor crece en todas las provincias, con 44 318 cabezas (23 651 más que igual etapa de 2022), se informó.
Agregó que existe un insuficiente trabajo a todos los niveles en la actividad de control pecuario, donde se identifican problemas organizativos, logísticos y falta de gestión.
-El modelo de gestión no ha promovido suficientemente la innovación y la difusión de los resultados y el productor como importante actor económico del sistema, no ha estado en el centro de atención
-Se comprobó en varios municipios que las estadísticas informadas por las bases productivas en los programas de autoabastecimiento, sobre los planes de siembra, la existencia de cultivos y las libras per cápita, no están en correspondencia con los productos presentes en placitas y puntos de ventas y el nivel de satisfacción de la población.
-Las comunidades pesqueras han iniciado la reorganización de las brigadas de pescadores y la comercialización de los productos, siendo aún insuficientes.
-Deficiente aprovechamiento de las potencialidades del programa de la acuicultura, una de las vías más rápidas para incrementar la producción de proteínas de origen animal, tanto en los centros acuícolas, presas, micro presas, empresas arroceras y otros productores.
-Es limitada la presencia de directivos que forman parte de la Comisión Municipal SSAN en reuniones de las juntas directivas, asambleas generales de cooperativistas y en las fincas de los productores.
-Es apreciable la pérdida de prácticas comunes en las viviendas rurales, como lo fue la cría de cerdos, gallinas, chivos, ovejos, conejos y otras aves, así como la siembra de yuca, plátano, frutas y otros cultivos en los patios para el autoconsumo familiar y la comercialización de los excedentes.
-Insuficientes mercados y puntos de ventas gestionados por las formas productivas y las empresas agropecuarias para comercializar directamente sus producciones, lo que permitiría abaratar el precio de venta a la población.
Señaló que en la actualidad la red de comercialización de productos agropecuarios está integrada por 10 669 actores económicos en diferentes modalidades, de ellos solo bajo administración estatal, 2 526 que representan el 24%
-La contratación a los productores es deficiente, muestra del mal funcionamiento de las empresas y acopiadores, reflejándose las mayores dificultades en las empresas cárnicas y lácteas, quedando producciones sin contratar o subdeclaradas.
Inciden en este resultado negativo la preparación del proceso de contratación por parte de los directores de empresas, los asesores legales y los productores; no se crea un ambiente favorable entre las partes para alcanzar resultados satisfactorios, imponiendo, en algunos casos, el contrato sin fase de negociación. Las provincias con más bajos niveles de contratación son Cienfuegos, Camagüey y Las Tunas.
-Poca utilización de las facilidades creadas para que los acopiadores paguen oportunamente a los productores (créditos de comercialización, pago por factura y otros); así como la bancarización de las operaciones y potenciar aquellas de forma digital, donde existan las condiciones.
El informe refirió que al cierre del mes de mayo la deuda con los productores asciende a 49 831 000 pesos. Las provincias con mayores incidencias son Artemisa con 19 636 000 pesos y Mayabeque con 6 755 000 pesos, concentrándose en estos territorios el 50% de las deudas.
También están presentes impagos en MLC a los productores, añadió.
-En los municipios hay venta ilícita de productos agropecuarios, con precios muy superiores a los establecidos en el territorio, lo que denota deficiente trabajo de los cuerpos de inspectores, incumpliendo lo establecido en las normas vigentes.
“Tenemos que lograr que las empresas y cooperativas contraten de manera directa con los productores, sin intermediarios que encarecen los precios de los productos”.
-En varias comunidades rurales se comprueba insuficiente atención por los gobiernos a problemas existentes en la calidad de algunos servicios: viales, vivienda, conectividad, entre otros fundamentales, que influyen en el incremento de la emigración hacia los poblados y ciudades.
-Es insuficiente la elaboración de proyectos, para la búsqueda de fuentes de financiamiento mediante la colaboración y la inversión extranjera, dirigidas fundamentalmente al incremento de las áreas bajo riego y el desarrollo local.
-La producción de harinas alternativas (para panes, repostería, industrias cárnica, láctea, pesca y conserva), está insuficientemente respaldada por planes de siembra que garanticen las materias primas para ello.
-Dificultades en el uso y explotación de la tierra, así no como problemas organizativos, logísticos y falta de agilidad en la gestión de los cuadros, que generan lentitud en el proceso de entrega de tierras ociosas. Al cierre del mes de abril existían 258 388 hectáreas de tierras ociosas pendientes de entrega.
Entre las acciones prioritarias para lograr una implementación eficaz de la Ley de Soberanía Alimentaria, el informe señaló la importancia de atender por el sistema de trabajo de la comisión nacional hasta la base, el control de la implementación de la ley y su reglamento mediante las siguientes acciones:
-Creación de capacidades de los miembros de las comisiones y jefes de programas en cuanto a sus responsabilidades en este proceso.
-Continuar capacitando a los diferentes actores a todos los niveles, incluidos los nuevos directivos de los órganos locales del Poder Popular y otros del sistema alimentario local.
-Rendiciones de cuentas de los organismos con responsabilidades en la implementación.
-Despachos con los responsables de los ejes estratégicos para la evaluación del cronograma de implementación.
-Visitas de trabajo y control a los municipios.
-Rendición de cuenta de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y los Organismos de la Administración Central del Estado, responsables del sistema de información, para la vigilancia de la implementación de la ley hasta la base.
-Uso y completamiento de la plataforma tecnológica Observatorio para la Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional "Con más Ciencia", para la gestión y adopción fundamentada de decisiones.
-Selección de un municipio por provincia que requiera el acompañamiento de la comisión nacional SSAN y los programas nacionales, para impulsar la implementación de la ley, como referencia para el resto de la provincia.
-Impulsar la creación y consolidación de los sistemas empresariales agroindustriales municipales.
Otra de las acciones fundamentales, detalló Tapia Fonseca, es garantizar en el Plan de la Economía 2024, el seguimiento y control a los programas que sustituyen importaciones los transversales y productivos vinculados a los sistemas alimentarios locales y las potencialidades de cada territorio.
En ese sentido, dijo, se señaló la necesidad de controlar los planes de siembra y producción diferenciadamente en los municipios más productivos del país, con compromisos de abastecimiento a La Habana y a las cabeceras provinciales.
Asimismo, priorizar dentro de las responsabilidades de los
municipios en el autoabastecimiento alimentario, la identificación de sus necesidades y capacidades productivas, teniendo en cuenta las demandas nutricionales de la población a alimentar, las cuales deben incluirse en la elaboración del Plan de la Economía 2024.
Desarrollar plenarias con los productores de los principales programas productivos, perfeccionar el seguimiento a las acciones prioritarias de las 63 Medidas para dinamizar la producción agropecuaria, transformar y consolidar los sistemas alimentarios locales con sostenibilidad y resiliencia e incrementar las producciones agropecuarias en las empresas estatales, con una atención diferenciada a los 12 polos productivos agropecuarios en funcionamiento y a la incorporación de las nuevas áreas en desarrollo, son otras de las estrategias priorizadas.
El informe presentado a los parlamentarios llamó a identificar los municipios con mayores, medianas y menores capacidades productivas, para su atención diferenciada según corresponda. Del mismo modo, a completar los módulos agropecuarios e incrementar para todas las especies la siembra y producción de alimento animal, incluyendo las plantas forrajeras proteicas.
“Hay experiencias positivas en las producciones de los módulos pecuarios, pero no se generalizan”.
Priorizar la cría de gallinas camperas y semirústicas en municipios seleccionados, en las comunidades rurales y del Plan Turquino, para elevar la producción de huevos y carne es una de las urgencias identificadas. A ello se suma el fomento del crecimiento y la atención al ganado menor en los sistemas alimentarios locales.
Atender de manera diferenciada la pesca de plataforma, las comunidades pesqueras y la actividad acuícola; incrementar el control del programa del uso y explotación de la tierra integralmente, utilizando la plataforma geoespacial; identificar tierras ociosas alrededor de las comunidades que permitan incrementar y acercar la producción de alimentos a las mismas e incrementar la creación de autoconsumos y organopónicos en los centros laborales y comunidades como parte de los sistemas alimentarios locales que permitan elevar la eficiencia en la producción, son otras de las acciones vitales a desarrollar.
“Hay que atender a los pobladores de las comunidades pesqueras. Esto no se está cumpliendo como está establecido”.
El documento presentado en el plenario, exhortó a perfeccionar el control de la contratación y el sistema de información estadístico de productos agropecuarios: por ciento que contratan las empresas estatales y la contratación de rubros exportables o que sustituyan importaciones; a controlar el funcionamiento estable del proceso de contratación con énfasis en la responsabilidad de empresas, acopiadores y productores y a exigir el cumplimiento del Decreto 35 sobre la comercialización de productos agropecuarios, el control de la producción y sus destinos, así como el monitoreo de precios y del margen de utilidades.
Se mencionó además la necesidad de comprobar y potenciar la utilización del crédito de comercialización para el pago directo a los productores por las bases productivas y empresas, perfeccionar el control a los proyectos de colaboración internacional, la inversión extranjera y otros financiamientos del sector alimentario; y potenciar los encadenamientos de los actores de la base productiva con la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.
Es preciso– dijo Tapia Fonseca—priorizar las acciones para atender de forma diferenciada los problemas del campo cubano, la atención a las comunidades agropecuarias y pesqueras, asentamientos rurales y de montaña en el Plan Turquino, por parte de los Organismos de la Administración Central del Estado y los órganos locales del Poder Popular.
Destacó la importancia de perfeccionar el seguimiento a las fuentes de financiamiento internas identificadas para el sector agroalimentario, con especial énfasis en el análisis de la cartera de préstamo de las entidades del sistema de la agricultura, incluyendo los productores (créditos para la comercialización), la evaluación del impacto de la Banca de Fomento y el dar cumplimiento de lo que establece la Resolución 600/2022 del Ministro de la Agricultura para facilitar el acceso a los créditos de los colectivos agropecuarios.
Se necesita dar solución a las deudas que tiene el sistema empresarial con productores agropecuarios, incluidas las deudas en MLC por la venta de leche, y consolidar la implementación del pago electrónico a los productores.
“La situación de los impagos a los productores no puede ser el último punto en el chequeo de las reuniones. Esto amerita debate y atención, porque es muy importante”.
Agregó que “si no atendemos las comunidades rurales, nos vamos a quedar sin gente en el campo”.
Una de las acciones prioritarias la constituye la integración entre los actores del sistema de ciencia e innovación con cada forma productiva y tenente de tierra, en cuanto a la capacitación sobre técnicas agroecológicas y el extensionismo de buenas prácticas de producción,transformación y comercialización de alimentos.
También el fomento y control de las acciones del sistema de extensión agraria con metas e indicadores, de acuerdo a la política en proceso de aprobación.
Es fundamental trabajar en la creación y consolidación de un mercado mayorista de insumos para los productores agropecuarios de todas las Formas de Gestión, sistematizar el intercambio de los directivos a todos los niveles con productores y bases productivas, fundamentalmente en visitas a las fincas o en asambleas de cooperativistas y desarrollar programas encaminados a la incorporación de mujeres y jóvenes a la producción de alimentos, en especial a nivel de las comunidades.
Tapia Fonseca señaló que la implementación de la Ley SSAN y de las 63 Medidas para dinamizar la producción agropecuaria, no han logrado aún el impacto deseado en la producción de alimentos.
“La organización de los sistemas alimentarios locales es la solución para alcanzar la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Se requiere desarrollarlos con urgencia, sostenibilidad y resiliencia”, apuntó.
El informe deja claro que los organismos, entidades y órganos locales del Poder Popular deben asumir las responsabilidades que les corresponden jurídicamente, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley SSAN. Los planes anuales de la economía y el inmediato (2024), deben reflejar las potencialidades reales productivas de cada territorio en lo relativo a los procesos de siembra, producción, transformación, contratación y comercialización de alimentos.
Al concluir, Tapia Fonseca recordó la plena vigencia de las palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución, quien expresó en la clausura de la sesión ordinaria de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en 2008:
“Primero dijimos que los frijoles eran tan importante como los cañones, y cuando la situación se agravó, llegamos a afirmar, que los frijoles eran más importante que los cañones. Algo similar le sucede en estos momentos al país” (fin de la cita).
“No tenemos más tiempo, no queda otra alternativa que sembrar, sembrar, y sembrar”, concluyó.