El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, enfatizó la necesidad de hacer cada día un mejor uso del Presupuesto del Estado, lo que repercutirá favorablemente en los programas sociales y el desarrollo municipal. “Cada vez más estamos tratando de agilizar la aprobación del presupuesto para tomar las decisiones necesarias. Esto se logra a través de la desagregación y el conocimiento que deben tener los colectivos laborales y la población en general”.
En este año, al igual que en los anteriores, dijo el ministro, el presupuesto aprobado es deficitario. “Esto significa que los ingresos captados a través del sistema impositivo y tributario, como impuestos, tasas y contribuciones, solo representan aproximadamente el 78% de los gastos. Por lo tanto, debemos recurrir al endeudamiento mediante la emisión de bonos soberanos de la República de Cuba y captar recursos a través del sistema bancario”.
Gracias a esto, comentó, se logra cubrir los gastos destinados al mantenimiento y promoción de programas sociales como la salud, la asistencia médica, los diferentes niveles educativos, entre otros. “Estos gastos requieren más ingresos de los que la economía es capaz de generar. El gran desafío es reducir progresivamente el déficit fiscal”.
Al hablar sobre cómo utilizar mejor el presupuesto, Regueiro Ale mencionó que parte de la planificación. “Debemos determinar dónde asignar esos gastos, sabiendo que las actividades requieren mayores niveles de gasto para su sostenibilidad y crecimiento. Debemos trabajar a partir de una asignación para evitar la improvisación en el uso de esos recursos. También se basa en criterios de transparencia, para que sean conocidos por los trabajadores y la población en general”.
Destacó que, para lograr estos objetivos, es necesario fortalecer la contabilidad en los equipos financieros de todo el sistema presupuestario. “Otro mecanismo es la rendición de cuentas ante los Consejos de Dirección y los colectivos laborales. También es importante conocer los indicadores de calidad y uso eficiente de esos recursos”.
Añadió que dentro de los macroprogramas se establecen dichos indicadores para lograr la eficiencia y eficacia del gasto público.
“Este año se notificó los presupuestos de manera más temprana. Se informó a los Organismos de la Administración del Estado los marcos para la aprobación de los presupuestos de las provincias y los municipios, lo que les permite desagregar mejor en cada unidad presupuestada y servicio”.
En cuanto a la ejecución, el ministro reconoció las limitaciones de recursos existentes para llevar a cabo todos estos servicios. “El presupuesto es una proyección de ingresos y gastos, pero luego debemos evaluar el desempeño real de la economía. Hemos tenido limitaciones en las actividades de exportación y en las actividades productivas, lo cual también ha afectado la captación de recursos”.
Sobre la asignación presupuestaria, destacó el papel de los órganos locales y sus comisiones económicas. “Esto permite a la población revisar y cuestionar el uso de estos presupuestos”.
En este sentido, dijo que se han asignado más recursos a los presupuestos locales con el objetivo de garantizar la ejecución de servicios básicos, como los consultorios médicos de la familia, los niveles de atención primaria en educación y la asistencia social.
Reconoció que aún existen grandes desafíos en este tema. “Persisten un grupo de indisciplinas y problemas en la gestión de esos presupuestos, lo que dificulta que la prestación de los servicios sea de la calidad requerida. También se producen desvíos en pagos indebidos o pagos superfluos, o se realizan pagos en momentos inoportunos, lo que genera tensiones en la situación de estos territorios”.
El titular de Finanzas y Precios reconoció que la inflación es uno de los factores que más limita hoy en día la ejecución del presupuesto. “Realizamos proyecciones de gastos basados en determinados niveles de costos, pero nuestra economía es abierta y, desde hace varios años, con la crisis financiera internacional y el recrudecimiento del bloqueo, los precios de los productos importados por nuestro país también se encarecen”.
“Es una inflación que también importamos, por ejemplo, en los precios del arroz; y aunque no se vea reflejado en el precio que el consumidor ve, hay que subsidiarlo desde el presupuesto central”.
Aunque dijo que el tema de la inflación no es exclusivo del país, se hace necesario buscar “nuestra formulación” para resolverlo. “La inflación se expresa sobre todo en los productos alimenticios. Nuestra región de América Latina es una de las más afectadas. En esto han influido los conflictos bélicos en regiones productoras de alimentos y combustibles, lo que encarece los precios”.
No obstante, reconoció que ante la ausencia de estos insumos, las producciones nacionales están limitadas y los mercados que eran abastecidos por la parte estatal están bastante limitados en su oferta y, por tanto, ha habido un cierto desplazamiento para adquirir determinados bienes, tanto por las unidades presupuestadas como por las empresas, a través del sector no estatal.
“Estos actores toman como punto de partida para la formación de precios otras bases y esto también ha encarecido la adquisición de bienes y servicios por la actividad presupuestada”.
Recordó que el déficit aprobado está en el orden de los 68 mil millones de pesos. “Esto no se puede violar. Es una cifra que compromete una parte del producto interno bruto que hay que movilizar. Es una formación redundante en cuanto a la causa y el efecto de esa inflación. Es una causa porque el financiamiento del déficit demanda la emisión de dinero hacia la economía y son más recursos que se están poniendo del lado de la demanda ante una oferta deprimida. También hay capacidad de compra en un sector determinado de la población que va generando desigualdades, y esto va presionando sobre el crecimiento de los precios”.
“Por otra parte, es consecuencia, porque al no tener una mayor dinámica de crecimiento en los niveles productivos y mayores servicios para la captación de la circulación mercantil minorista, toda esa liquidez va creando una mayor presión para el aumento de los precios que luego se tiene que comprar por un sector presupuestado que es extenso”.
Ante esta compleja situación, el ministro insistió en la relevancia del Programa de Estabilización Macroeconómica. Esto contribuirá a crear mejores condiciones para que las empresas y los actores económicos puedan desenvolverse en la economía.
Explicó que para lograrlo, a nivel macroeconómico, hay que implementar un conjunto de medidas de manera progresiva porque “no podemos implementar cosas que generen problemas en otros indicadores. ¿Cómo podemos reducir el déficit? Logrando el crecimiento de los ingresos y para ello debe aumentar la actividad productiva y los servicios”.
Regueiro Ale destacó el papel del municipio en este empeño. Ejemplificó con lo alcanzado en la provincia de Cienfuegos, donde se aprecia un crecimiento en los ingresos cedidos (recursos propios del territorio), así como el ajuste en los gastos y la redistribución oportuna de los gastos que no se ejecutan en aquellas partidas donde hay una prioridad y se proyecta que esta provincia cierre el año con superávit. Lo más importante es que las empresas y esos actores económicos de cada territorio sean capaces de generar más riqueza.
Regueiro Ale se refirió a las facultades que se han dado en el uso de la contribución territorial para el desarrollo local. “Este ha sido un tributo dinamizador, cuya recaudación está asignada a los territorios”.
Explicó que “hoy son las propias asambleas –basadas en el principio de autonomía territorial definido en la Constitución- quienes definen cuánto es que se va a destinar para los programas de desarrollo local”, priorizando aquellos programas que tengan base productiva.
El ministro insistió en el impacto del recrudecimiento del bloqueo y la minuciosa persecución financiera que ha limitado los ingresos y la liquidez necesaria del país. “Esto pesa sobre el desarrollo de nuestra economía y en la capacidad de continuar generando ingresos”.
Sobre las reservas para la generación de ingresos, comentó que “la mayor es la reserva productiva, es decir, crear más bienes, para generar más riquezas”.
“También nos queda la reserva del cumplimiento”, dijo Regueiro Ale, y se refirió a “sectores de contribuyentes que no honran oportunamente o dejan pendiente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, utilizando subterfugios y conductas evasoras, y que están limitando la capacidad de captar recursos”.
En ese sentido, el titular de Finanzas y Precios consideró que se requiere de una mayor cultura tributaria y un mayor rigor en la exigencia por el cumplimiento.
“El sector de las empresas estatales tiene un nivel de disciplina en el cumplimiento oportuno y también en la calidad del pago, que está en el orden de un 98 o 99%, que cuando se compara con otros sistemas tributarios, es un indicador aceptable. Además, estas empresas son las que más aportan y determinan en la sostenibilidad del presupuesto”, comentó.
No obstante, existe “un principio en términos de gestión que dice que cada peso cuenta en la recaudación tributaria”.
Reconoció que “existen niveles de indisciplinas, que están identificadas y sobre las que se trabajan, para caracterizar esas brechas fiscales y actuar en correspondencia”.
El ministro también acotó que se han creado mayores facilidades para el pago de los impuestos. “Hoy el 67% de las operaciones de pago en cuanto a importes se realizan a través de plataformas digitales”.
A la par, dijo, “se lleva a cabo un proceso de capacitación a los recursos humanos en los temas de fiscalización”, teniendo en cuenta los diferentes formas de gestión que operan actualmente en la economía nacional y sus peculiaridades, sus derechos y garantías.
“En los impuestos sobre las ganancias de personas naturales se aplica el principio de que contribuyen más quienes más ingresos generan, con criterios de progresividad”.
Regueiro Ale insistió en que los ingresos tributarios son la forma más justa de lograr la mejor redistribución de las riquezas que socialmente se generan. “Contrario a lo que nos ocurre con el tema inflacionario”, dijo.
Al referirse a la inflación, el ministro de Finanzas y Precios comentó que “se traduce en un impuesto. Es el crecimiento que tienen los precios de los productos que afectan más a las personas de menores ingresos, y que es regresivo”. De ahí, dijo, la importancia de enfrentar delitos como la evasión fiscal.
Argumentó que incumplimientos como el retraso en el pago de los tributos o el impago afecta la ejecución del presupuesto, lo cual impacta directamente en los salarios y en las prestaciones de la seguridad y la asistencia social.
Reconoció que “existen brechas importantes de evasión fiscal, pero el compromiso con el pueblo es poder rescatar todos esos recursos para el presupuesto” y eso es –dijo- “una tarea clara que tiene la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT)”.
En otro momento de la Mesa Redonda, el ministro de Finanzas y Precios se refirió a cómo se potencia el proceso de bancarización en el sector.
“El éxito de la administración tributaria en un escenario tan complejo ha sido la capacidad de actualizar los procedimientos y de hacer uso de las TIC, para poder tener un intercambio mucho más directo con los contribuyentes”.
Argumentó que cuentan con un portal digital accesible, donde se pueden descargar los vectores fiscales, acceder a información y alertas para el pago de los impuestos, así como a formularios para poder honrar las obligaciones con el banco.
Se refirió a la cuenta bancaria fiscal que se les exige a los trabajadores por cuenta propia (TCP), “que consiste en una cuenta bancaria corriente, a través de la cual deben registrarse o transcurrir todas las operaciones de ingresos y datos de ese TCP que tiene obligaciones con el presupuesto”.
Reconoció que este es un mecanismo “que ayuda a transparentar los flujos de ingresos y gastos, que facilita la contabilidad de estas operaciones, y una medida básica para controlar más a los efectos fiscales toda esa actividad económica, de manera transparente, tanto para el contribuyente como para la administración tributaria”.
Sin embargo, acotó que no todos los TCP han abierto sus cuentas bancarias (85%), “ha sido un proceso progresivo, sobre el cual hay que poner mayor rigor”.
Asimismo, el ministro comentó que la gradual incorporación de todas las formas de gestión en la economía al proceso de bancarización contribuirá igualmente a transparentar los procesos tributarios y a una mayor disciplina.
Al referirse a los precios, uno de los principales desafíos de la economía cubana hoy, el ministro de Financias y Precios dijo que es una de las categorías económicas más complejas y que abarca todos los procesos productivos.
Sostuvo que los precios son el resultado de un proceso productivo en el que se deben reflejar todos los costos y gastos incurridos, así como la demanda de los productos. Esta complejidad impacta directamente en la población cubana, generando un efecto negativo en su capacidad adquisitiva, dijo.
Para Regueiro Ale es importante reconocer que, aunque existen servicios gratuitos para la población, estos también tienen costos y gastos asociados que deben ser cubiertos para poder garantizar su disponibilidad. El nivel de servicio ofrecido actualmente a los ciudadanos cubanos no compromete su capacidad adquisitiva, pero es necesario tener en cuenta los tratamientos de precios, especialmente en servicios básicos como el transporte y la alimentación, comentó.
En ese sentido, refirió, se ha implementado una canasta familiar normada que busca lograr una redistribución más justa de los productos en una sociedad con limitaciones en el suministro. Esta medida ha contribuido a mitigar el impacto de la escasez en la población.
El ministro reafirmó la visión de alcanzar una sociedad justa, próspera y sostenible, lo cual requerirá un aumento en los niveles de producción. El desarrollo del sector agropecuario resulta fundamental para abordar los desafíos relacionados con los alimentos y otros bienes de primera necesidad, dijo.
Sin embargo, advirtió que el tema de los precios no se limita solo a la voluntad política, sino que también implica garantizar los insumos necesarios y los niveles de importación requeridos. En el actual escenario económico, las exportaciones cubanas han disminuido, lo cual ha afectado a sectores como la industria azucarera debido a la escasez de insumos importados, como fertilizantes y plaguicidas.
Ante estos desafíos, el país ha implementado diversas medidas económicas, incluyendo cambios en el presupuesto, con el objetivo de brindar más flexibilidad y autonomía a las empresas estatales. Esto ha permitido una evolución en las facultades de estas empresas, que han pasado de tener objetos sociales más restrictivos a poder diversificar su producción, destacó Regueiro Ale.
Dijo que en muchos casos, las líneas productivas secundarias han generado mejores resultados y mayor sostenibilidad para los equipos y colectivos de trabajadores. No obstante, algunas líneas fundamentales se han visto limitadas debido a las condiciones actuales.
El país también ha promovido la creación de estructuras más flexibles que puedan articularse con el patrimonio estatal, fomentando así la presencia de micro, pequeñas y medianas empresas junto a las empresas privadas, mencionó.
Además, señaló, se ha implementado una política fiscal que favorece el desarrollo de determinadas actividades, especialmente en el sector agropecuario. Existe un régimen fiscal que beneficia al productor agropecuario individual y a otras formas productivas, como las cooperativas de créditos y servicios, las unidades básicas de producción agropecuaria y las cooperativas de producción agropecuaria.
Recordó la reciente aprobación de 63 medidas para la recuperación del sector agropecuario y 93 medidas para la recuperación del sector agroindustrial. Estas medidas incluyen reducciones fiscales que buscan incentivar y estimular la producción.
El tema de los precios es complejo y requiere análisis detallados debido a los impactos asociados que puede tener en el consumo de la población. Por ejemplo, la producción y el precio de la leche y las carnes son aspectos que están centralizados y requieren una atención especial para lograr niveles de estímulo más altos, explicó el ministro.
En este sentido, dijo, se reconoce la existencia de disparidades en los precios de estos productos. Por ejemplo, se paga un precio de veinte centavos por litro de leche en el presupuesto, pero la población lo adquiere a veinticinco centavos por litro.
Apuntó que en los lineamientos, se establece la necesidad de trabajar en una transformación de los subsidios generales para que realmente beneficien a aquellas personas que verdaderamente lo requieran.
Recordó que durante la propia Asamblea Nacional del Poder Popular se ha enfatizado la necesidad de agilizar la transformación que permitirá una asignación más óptima y eficiente del presupuesto, brindando protección a las familias que realmente lo necesitan.
En ese sentido Regueiro Ale dijo que en septiembre de 2021 se implementaron medidas adicionales para atender el incremento de precios en ciertos productos de la canasta básica, proporcionando un subsidio adicional de 280 pesos a las familias en situación vulnerable.
Recientemente, debido al aumento en el precio del café, se protegió a la población de menores ingresos mediante un incremento en sus ingresos, ya sea a través de pensiones o asistencia social, dijo. Es importante asignar los recursos necesarios a las familias y personas que requieren protección para adquirir productos que reflejen los costos y gastos reales, insistió.
El ministro reconoció la inquietud y la insatisfacción respecto a los precios de los actores no estatales en el comercio, así como la satisfacción con los precios de las empresas estatales.
Se ha trabajado en la determinación de los costos de producción de las empresas estatales para establecer precios adecuados, señaló. Además, se busca colaborar con el sector privado para reducir costos en otros escenarios, dijo.
Subrayó que el Ministerio de Finanzas ha emitido la Resolución 148 en julio pasado, en la cual se establecen metodologías y criterios referenciales para la formación de precios y costos en todas las actividades económicas, tanto estatales como no estatales.