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El Ministerio de Finanzas y Precios del país aprobó en días recientes el valor de los terrenos para el desarrollo de proyectos de inversión extranjera en las energías renovables.
De acuerdo con la Resolución 271 de 2023 publicada en la Gaceta Oficial, el valor mínimo del suelo en propiedad para las inversiones con capital extranjero en este sector será de 0.34 dólares USD por metro cuadrado. Dichos proyectos incluyen tanto los referidos a la energía solar fotovoltaica como a la eólica, y podrán establecerse en un grupo específico de municipios.
La medida se respalda legalmente, entre otras, en la Resolución 83 de 2012 del propio Ministerio, la cual “establece considerar como aportes destinados al capital social de empresas mixtas y de empresas de capital totalmente extranjero, los derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles y otros derechos reales sobre estos, incluidos los de usufructo y superficie”.
Y responde, sobre todo, a la profunda crisis económica de la nación, que se ha visto acentuada por las consecuencias de la pandemia y del impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace más de 60 años; y que tiene a la generación de energías como uno de los sectores más afectados.
La obsolescencia tecnológica y sobreexplotación de las plantas generadoras, unido a las continuas averías y la falta de combustible para su funcionamiento han afectado sobremanera la vida económica y social.
De ahí que las energías renovables, por la ubicación geográfica y clima de las Isla, se antojen una de las alternativas factibles, si bien, más allá del discurso oficial, su presencia en la matriz energética resulta todavía muy limitada.
Según han dicho en reiteradas ocasiones las principales figuras del sistema gubernamental, la intención es alcanzar en el futuro el 100 % de participación de estas fuentes en la generación eléctrica, aspecto esencial para consolidar la soberanía energética y disminuir al mínimo la dependencia de los combustibles fósiles.
Incluso, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 plantea que el Estado promoverá la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes renovables de energía e incluye como uno de los grandes objetivos “garantizar un suministro energético confiable, diversificado, moderno, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental, aumentando sustancialmente el porcentaje de participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética nacional, esencialmente de la biomasa, eólica y fotovoltaica.
Asimismo, la energía renovable se supone fundamental para cumplir con el Programa de Eficiencia Energética y también con los planes del país contra el cambio climático. El Ministerio de Energía y Minas(MINEM) estima que si se emplea con todo su potencial se puede llegar a producir todos los años 26 mil GW de energía limpia. Con lo cual se lograría sustituir año 6,5 millones de toneladas de combustible y dejaríamos de emitir a la atmósfera aproximadamente 21 millones de toneladas anuales de monóxido de carbono.
Por eso la energía solar fotovoltaica aparece como una de las principales opciones para el país. Hasta junio del pasado año, al decir por el director de energía renovable del MINEM, Rossel Guerra Campaña los parques solares fotovoltaicos instalados en el territorio nacional generaban 238 MW, el equivalente al consumo anual de unas 200 mil viviendas.
Y aunque se desarrollan alternativas para potenciar la energía fotovoltaica en hogares y empresas, y hasta para el bombeo de agua, los significativos costos de las inversiones ralentizan un proceso vital de cara al futuro inmediato.
- Consulte además: Fuentes de energía renovale, camino al desarrolo
Algo similar ocurre con la energía eólica, aun cuando sobre todo la costa norte oriental de Cuba tiene potencialidades para aprovechar el viento y hacer de pequeñas y medianas turbinas fuente de energía para las viviendas y las industrias, a día de hoy faltan los mecanismos e incentivos que propicien su uso masivo.
Un mejor escenario encontramos con las fuentes de bioenergía, sobre todo con la biomasa sólida (biomasa cañera, biomasa forestal y residuos agroindustriales), con un potencial energético equivalente al 31% del consumo actual del combustible del país. Sin embargo, hoy solo aporta el 12% de ese consumo y de las 17 bioléctricas planificadas para tributar 662 MW al Sistema Eléctrico Nacional únicamente está construida y funciona la Ciro Redondo de Ciego de Ávila.
Con la puesta en la inversión extrajera se pretenden eliminar uno de los principales obstáculos para la normalización y el desarrollo de estos tipos de energías. Aun así, queda mucho por hacer a partir de las dificultades para la obtención de las tecnologías y la concientización para su uso.
La complejidad del reto dependerá, en buena medida, de la capacidad gubernamental para diseñar planes y estrategias factibles, que permitan el cambio de matriz energética de forma coherente y gradual, quizá sin renunciar, al menos por el momento, a las fuentes tradicionales de generación. Pero sentando las bases de una infraestructura y potencial energético que permita cubrir la demanda en todo el país.