Los zapadores se equivocan una sola vez en campos minados de explosivos, en cambio hay personas de otros oficios que corren el riesgo de contraer letales enfermedades, de contaminar el medio ambiente y afectar el patrimonio geológico de Cuba.
Estos son los llamados “cazadores” de oro que tratan de imitar a nuestros dignos ancestros que acudían a las orillas de los ríos y arroyos a buscar alimentos, como peces, para el sustento diario y hallar el preciado mineral con medios artesanales.
La fiebre actual por el oro no es la misma, está inducida hoy a buscar pretextos para un “negociazo” y actuar al margen de las leyes.
Camagüey no ha estado ajena de este fenómeno, presente como en otros territorios, con diferentes aristas, como el riesgo humano de su práctica, violación de las regulaciones sobre prevención de recursos naturales y la incidencia negativa en las localidades donde se ejecute el procesamiento.
Esto último a punto de partida de usar productos químicos, como el mercurio, causa de severas afectaciones de las aguas subterráneas y embalses de consumo humano y en las siembras de cultivos.
Añádase a las consecuencias peligrosas, la posibilidad de contraer cáncer en la piel, fenómenos respiratorios, malformaciones en los fetos, contaminación del aire y la atmosfera.
Los órganos del Ministerio del Interior, de la Policía, la Fiscalía y los Tribunales, con la colaboración del pueblo, no han permanecidos cruzados de brazos en Camagüey en el enfrentamiento que permita asegurar que el fenómeno ilícito se encuentra bajo control, fundamentalmente en los municipios de Guáimaro y Camagüey, en el primero, donde la mina San Jacinto fue tomada como blanco para cometer las fechorías.
De acuerdo con información ofrecida por la Presidencia del Tribunal Provincial Popular se procesaron nueve casos por actos contra recursos naturales y económicos, previstos en el artículo 317, apartado dos del Código Penal que establece sanciones de privación de libertad, de seis meses a dos años, o multas de 200 a 500 cuotas o ambas.
La minería furtiva ha tenido consecuencias negativas para la economía, reflejada en la Empresa Geominera Camagüey. Foto: Enrique Atienzar Rivero/Facebook.
En estos hechos se enrolaron más de 30 personas a los que se les aplicaron las medidas penales, de acuerdo a las características personales de cada acusado, la lesividad social de los hechos, sin son primarios, reincidentes o multireincidentes, más la conducta social en el área de residencia.
El departamento de Asuntos Penales de la Fiscalía Provincial, en sus apreciaciones sobre los hechos, sostuvo que en todos los procesos legales sobre estas figuras delictivas se ejerció el cumplimiento de las garantizas constitucionales y del debido derecho, contenidos en la Ley de Procesamiento Penal y designar quien lo defienda.
No existen elementos de prueba, todo cae en el campo de la especulación de que el pregón por los barrios de la ciudad: compro piezas de oro y de plata este asociado con los “cazadores” de oro por si alguien lo pensó.
La minería furtiva ha tenido, además, consecuencias negativas para la economía, reflejada en la Empresa Geominera Camagüey por el impacto ambiental a causa de las extracciones ilegales originadas en la mina San Jacinto.
En la reunión del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, realizada mediante video conferencia con los Gobernadores en abril en la agenda estuvo una información sobre el enfrentamiento a la minería ilegal y las acciones realizadas en la provincia de Camagüey.
Las acciones seguirán en pie, no es un tema cerrado para mantener el propósito de que no haya impunidad, aunque existen manifestaciones aisladas.
Desde el punto de vista económico la Empresa Geominera ha logrado el establecimiento de una procesadora que da empleo en la zona y otros beneficios con un enfoque social.