En los últimos años, los efectos del cambio climático han sido más notables sobre los ecosistemas mundiales, la agricultura y el suministro de agua, el aumento del nivel del mar y la aparición de fuertes tormentas. A su vez, los impactos son mayores en regiones con economías vulneradas.
Por su situación geográfica, la región de América Latina y el Caribe constituye de las más afectadas por fuertes tormentas y huracanes, que consecuentemente producen un incremento en las lluvias y marejadas. En un reciente informe de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios se indica que esta zona del continente americano es la segunda más propensa a registrar desastres naturales a nivel mundial.
Según el documento, en las últimas dos décadas las naciones más afectadas han sido Cuba, México y Haití con 110 tormentas, cinco mil muertes, 29 millones de personas siniestradas y 39 mil millones de dólares en daños totales.
Además, refiere que en los últimos 20 años alrededor de 152 millones de habitantes de la región han sido afectados por más de mil eventos volcánicos, deslizamientos de tierra, huracanes, incendios, inundaciones, sequías, temperaturas extremas, terremotos y tormentas.
Respecto a los huracanes, precisó que se han registrado un promedio de 17 eventos anuales y 23 de ellos han sido de categoría 5, catalogados como ciclones tropicales con vientos de más de 250 Kilómetros por hora (km/h), según la escala Saffir-Simpson.
Otro de los fenómenos que han afectado a la región son las lluvias torrenciales, las cuales provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Unas 34 millones de personas en la región, especialmente en México y las islas del Caribe, fueron afectados por estos fenómenos naturales en los últimos 20 años.
Sobre las inundaciones, añade que son consideradas una de las peores catástrofes porque generan pérdidas directas a activos físicos y ambientales, incluidos pertenencias y vivienda, sistemas ecológicos y producción en todos los sectores económicos, entre otros.
En tanto, los incendios forestales fueron extremadamente destructivos, como se observó este 2019 cuando el fuego arrasó vastas áreas del Amazonas y en Bolivia se quemaron más de cinco millones de hectáreas.
El documento incluye además la afectación por 75 terremotos que causaron 226 mil muertes y 339 mil heridos, afectaron a 14 millones de personas y los daños ascendieron a 54 mil millones de dólares.
La sequía y los incendios forestales, también se incluyen en dichas estadísticas. En el año 2019, los incendios forestales fueron extremadamente destructivos, como se observó en áreas del Amazonas y en Bolivia, donde se quemaron más de cinco millones de hectáreas.
Ante el incremento de este tipo de fenómenos, la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1989 proclamó el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que se celebraría el segundo miércoles de octubre.
Luego en 2009, la celebración pasó al 13 de octubre y cambió de nombre, llamándose a partir de ese entonces, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de los Desastres. El motivo de este cambio se debe a que, según la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), "Los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza." Es importante aclarar que de acuerdo con la organización, el término desastres naturales hace referencia a las pérdidas de vidas humanas y materiales como consecuencia de fenómenos naturales.
CASO CUBA
En nuestro país, las vidas humanas y la protección de los recursos económicos son prioridad en caso de situaciones excepcionales como agresiones militares, eventos meteorológicos y otros tipos de catástrofes que afecten la estabilidad en todo el territorio nacional o en localidades específicas.
La Ley No.75 de la Defensa Nacional, aprobada en 1994, establece las principales medidas a tener en cuenta para salvaguardar a la población y evitar daños materiales. Estas son la organización y la trasmisión del aviso, la protección de los ciudadanos en obras protectoras, la distribución de medios individuales de protección, la protección de las instalaciones, equipos, maquinarias, materias primas, reservas de alimentos y medicamentos, productos de la biotecnología, fuentes y reservas de agua; entre otras que debido a la preparación de nuestro pueblo y gobierno, sobre todo en caso de huracanes, se conocen casi que al pie de la letra en el país.
La Resolución 645, emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) en 2017, tras el paso del huracán Irma, es la normativa vigente que determina los pasos a seguir durante las etapas de respuesta y recuperación ante la ocurrencia de desastres naturales. Su creación partió de las experiencias adquiridas con de los huracanes Sandy y Matthew, que afectaron al oriente del país en 2012 y 2016, respectivamente.
Esta argumenta cómo realizar la evaluación, certificación y contabilización de los daños y pérdidas, así como los precios de los bienes y servicios que se deben ofrecer a los damnificados.
Ante las repetidas condiciones adversas de un año a otro, el enfrentamiento al cambio climático constituye prioridad de la agenda de gobierno cubana. Denominado Tarea Vida y bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, fue aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2017 el Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático. Este tiene un alcance y jerarquía superiores a los elaborados con anterioridad sobre el tema.
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Asimismo, y a pesar de su condición de país subdesarrollado, la Mayor de las Antillas posee un moderno sistema de pronósticos y avisos, una Defensa Civil con planes concretos de protección, así como una voluntad política que prioriza, ante todo, la protección de las vidas humanas.
La necesidad de revisar los planes de reducción del riesgo de desastres y tomar desde antes las medidas a partir de los pronósticos y apreciaciones, adelantarse a los acontecimientos, preocuparse y ocuparse, resume la estrategia trazada por la Defensa Civil de cara a la temporada ciclónica que se extiende desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre. Este año, en un escenario atípico ante la presencia de la pandemia del nuevo coronavirus.
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Infografía: Claudia Yilén/ Cubahora