Dos semanas atrás una amiga, desesperada por salvar a su madre, pagó mil 500 pesos por un blíster (tres pastillas) de Azitromicina y hace dos días, una colega denunciaba en su perfil en Facebook la venta ilegal de igual cantidad del propio medicamento, al precio de ¡4000 pesos!, como si el valor en el mercado informal fuera proporcional a la agudización de la pandemia.
La comercialización ilegal de medicinas ha proliferado en Cuba, aunque de manera discreta durante los últimos años, sin embargo la inestabilidad en su producción, fundamentalmente por limitaciones para adquirir materias primas como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense contra Cuba, ha condicionado un crecimiento de estos hechos.
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En medio de la crisis sanitaria generada por el virus del SARS-CoV-2 y el arreciamiento del cerco económico contra la Isla, las tensiones se acentúan ante la imposibilidad de producir cantidades suficientes que satisfagan las necesidades, situación aprovechada por individuos inescrupulosos para lucrar a costa de las penurias, al margen de los esfuerzos que realizan los órganos de control y enfrentamiento operativo para hacer cumplir la ley.
La lógica indica que buena parte de los fármacos propuestos a la venta en espacios públicos como las redes sociales― fundamentalmente en Revolico, convertida en plataforma de ilegalidades, delitos y hasta de subversión contra Cuba― son sustraídos de centros asistenciales, pues difícilmente usted hallará Azitromicina en alguna farmacia y el Rocephin es solo de uso intrahospitalario.
Lo dice el refranero popular: “Verde y con puntas, ¡guanábana!” Y no existen posibilidades de confusión entre los medicamentos de producción nacional y los importados por personas que viajan al exterior, porque las presentaciones son diferentes.
No obstante, cualquiera que sea el origen, la compraventa de fármacos es un acto ilegítimo, merecedor del repudio popular.
Es cierto que en momentos de desesperación las leyes se transgreden y quienes compran medicinas de ¿dudosa? procedencia, no se preguntan si provienen de actos criminales como dejar de suministrarlas a pacientes para los cuales fueron destinadas.
Aunque no seamos capaces de percibirlo, cuando de esos procederes depende la vida de un ser querido, la sustracción y venta son los hechos más cuestionables, sin embargo, la compra es también una manera de hacerse cómplices.
En los últimos meses, con más fuerza en las semanas recientes, las redes sociales también han sido plataforma para las denuncias de cientos de ciudadanos, en su mayoría preocupados por la evidente procedencia de los fármacos y la aplicación de precios abusivos.
Sin embargo, como expresara el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hemos sido pasivos ante estos incidentes.
Si los responsables de contener tales hechos ―directivos y trabajadores de centros asistenciales, órganos de control y de enfrentamiento operativo― no sintieron suficiente responsabilidad y compromiso para actuar con rigor ante las demandas populares, ahora es una decisión gubernamental, acompañada de una sentencia clara: “No puede haber contemplación con la venta ilegal de medicamentos”.
En correspondencia con ese llamado, el Grupo Temporal para la Prevención, Enfrentamiento y Control de la COVID-19 en Ciego de Ávila, con la presencia del viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca al frente de un grupo de apoyo nacional, informó la identificación de hechos de esta índole en los hospitales provinciales de Ciego de Ávila y Morón.
Las orientaciones al respecto fueron precisas para arremeter contra quienes tienen la desfachatez de ponerle precio a la vida, justamente en tiempos de pandemia: fortalecer el control de inventarios, reforzar los servicios de seguridad y protección, y aplicar fuertes acciones penales y administrativas a las personas implicadas en la sustracción y venta ilegal de medicamentos.
