La pasada semana estuvimos presentando en la Columna los Servicios de Orientación Jurídica para Poblaciones Claves que desarrolla actualmente PROSALUD con incidencia en cada una de las provincias. En esta ocasión nos acercamos a otro de los Servicios de Orientación Jurídica que se llevan a cabo en el país, pero esta vez desde CENESEX, cerrando así un ciclo de dos trabajos dedicados al tema.
Nota del Coordinador de la Columna.
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A modo de introducción
El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) es una institución creada el 28 de diciembre de 1988 y subordinada al Ministerio de Salud Pública. Su misión radica en contribuir al desarrollo de la educación de la sexualidad, la salud sexual y el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales de la población, mediante la formación y desarrollo de recursos humanos, la investigación científica, el desarrollo local-comunitario, los servicios científicos asistenciales, la estrategia de comunicación social y las acciones para contribuir a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
En este sentido, cabe resaltar que los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para el desarrollo de sociedades justas, equitativas y saludables. Su importancia se puede entender desde diversas perspectivas:
- Autonomía y empoderamiento
Decisión personal: Los derechos sexuales y reproductivos permiten a las personas tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo, vida sexual y reproductiva, lo que es esencial para la autonomía personal.
Empoderamiento de género: Promueve la igualdad de género al permitir que las mujeres y personas con capacidad de gestar tengan control sobre sus cuerpos y vidas, contribuyendo a su empoderamiento en todos los aspectos.
- Salud y bienestar
Acceso a servicios de salud: Garantizar estos derechos implica el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo anticoncepción, atención prenatal, parto seguro, y atención postnatal, lo que reduce la mortalidad materna infantil.
Prevención de enfermedades: Facilita la educación sobre la salud sexual, lo que ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS) y VIH/SIDA.
- Educación y conocimiento
Educación Integral de la Sexualidad: Promueve la educación integral de la sexualidad lo que es esencial para que las personas comprendan sus cuerpos, relaciones y derechos, lo que contribuye a relaciones más saludables y respetuosas.
Reducción de mitos y estigmas: La información adecuada ayuda a desmitificar tabúes y estigmas asociados con la sexualidad, promoviendo un ambiente más inclusivo y comprensivo.
- Desarrollo social y económico.
Impacto en la economía: La salud sexual y reproductiva está vinculada al desarrollo económico. Las personas sanas pueden participar más plenamente en la fuerza laboral, lo que beneficia a la economía en general.
Planificación familiar: Permite a las familias planificar el número de hijos y el espacio entre los hijos, lo que puede mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza.
Reconocimiento de derechos: Los derechos sexuales y reproductivos son parte integral de los derechos humanos. Su respeto y promoción son esenciales para garantizar la dignidad humana y la igualdad.
Lucha contra la violencia: Ayuda a combatir la violencia de género y otras formas de abuso al proporcionar herramientas legales y recursos para las víctimas.
- Cohesión social.
Respeto por la diversidad: Fomentan el respeto por la diversidad en orientaciones sexuales e identidades de género, contribuyendo a una sociedad más inclusiva.
Participación ciudadana: Promueven una mayor participación de las personas en la toma de decisiones que afectan sus vidas, fortaleciendo la democracia.
Importancia de los derechos sexuales y reproductivos a la luz de los Servicios de Orientación Jurídica
La importancia de las derechos sexuales y reproductivos radica en su capacidad para transformar vidas individuales y comunidades enteras. Al garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos, se fomenta una sociedad más equitativa, saludable y respetuosa, donde todas las personas puedan ejercer su autonomía y vivir con dignidad. En un mundo donde muchas personas todavía enfrentan violaciones a estos derechos, su promoción sigue siendo un desafío crucial para el desarrollo humano sostenible.
En el contexto actual, donde los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para la salud y el bienestar de las personas, la existencia del servicio de orientación jurídica, desde el año 2007 se convierte en una herramienta esencial para su defensa y promoción. Este servicio no solo brinda asesoría legal, sino también empodera a las personas para que conozcan y ejerzan sus derechos, contribuyendo a la construcción de sociedades más justas e igualitarias.
Encuentra su fundamento legal en el artículo 61 de la Constitución de la República del 2019, que brinda a las personas el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las cuales están en la obligación de tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido por la ley.
Se caracteriza por su especialización en los derechos sexuales y reproductivos y en la atención y acompañamiento a personas que son víctimas de violencia de género, menores víctimas de abuso sexual y personas discriminadas por su orientación sexual e identidad de género, lo que lo distingue del resto de los servicios jurídicos del país. Se puede acceder a él a través de correspondencia postal o electrónica, y de manera presencial en la sede de nuestra institución sita en Calle 10, No. 460 esquina a 21, Vedado.
Funciones del Servicio de orientación jurídica
- Asesoramiento legal: Proporciona información clara y accesible sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como sobre las leyes y regulaciones pertinentes. Esto permite a las personas entender sus derechos y cómo pueden ejercerlos.
- Defensa de Derechos: Actúa como apoyo en casos de violaciones de los derechos sexuales y reproductivos, ofreciendo asesoramiento a la representación legal de la víctima.
- Educación y sensibilización: Realiza talleres y acciones de sensibilización para informar a la comunidad sobre sus derechos, fomentando una cultura de respeto y promoción de estos derechos.
El acceso a la orientación jurídica empodera a las personas, brindándoles las herramientas necesarias para reclamar sus derechos. Este empoderamiento no solo beneficia a individuos, sino que también fortalece a las comunidades al fomentar la solidaridad y la acción colectiva en defensa de derechos comunes.
Cuba ha establecido un marco normativo que apoya la educación integral de la sexualidad y los derechos reproductivos. La Constitución de 2019 reafirma el derecho a la salud y la educación, incluyendo la educación sexual como parte integral del sistema educativo. Además, el país cuanta con políticas que promueven la igualdad de género y el respeto por la diversidad sexual.
Dentro de los retos que presenta este servicio están los estigmas sociales que persisten, la poca capacitación de algunos operadores del derecho en este sentido lo que se puede convertir en barreras legales que impidan el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, pero así mismo identificamos como fortalezas las alianzas y colaboraciones con otras organizaciones y organismos como la Defensoría del MINJUS, la FMC, la FGR, entre otras.
En resumen, Cuba ha avanzado significativamente en la educación integral de la sexualidad y en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, con un marco normativo sólido y acceso a los servicios de salud. Sin embargo, aún existen desafíos culturales y sociales que requieren atención continua para garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos. La colaboración entre el gobierno, las instituciones educativas y la sociedad civil es esencial para seguir avanzando en esta área.
En este sentido el servicio de orientación jurídica se erige como una herramienta clave en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Al proporcionar asesoría legal, empoderar a las personas y abogar por cambios en las políticas públicas, este servicio contribuye significativamente a la creación de un entorno donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. En un mundo donde los desafíos persisten, es imperativo fortalecer estos servicios para garantizar que la justicia y la equidad sean una realidad para todos.