En el contexto de la 16ta Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que organiza el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), donde celebramos que por fin "Por todas las Familias, el Amor es Ley", no podemos dejar de resaltar los beneficios del Código de las Familias que fue aprobado por más del 60 % de los votos favorables de la población en referéndum popular el pasado año.
Este Código reconoce la pluralidad familiar en una Cuba que se reinventa cada día en pos de lograr la igualdad y una vida libre de violencias, donde nuestros niños, niñas y adolescentes, en correspondencia con su autonomía progresiva, puedan escucharse y tenerse en cuenta como plenos sujetos de derechos.
Qué decir de las personas que asumen la responsabilidad de cuidar a otras en situaciones de discapacidad y vulnerabilidad, las personas adultas mayores, muchas veces relegadas y transgredidos sus derechos. Finalmente hacemos justicia a tantas familias que biológicamente no pueden gestar o no desean hacerlo y acuden a la adopción o las técnicas de reproducción asistida, como una vía para materializar su proyecto de vida familiar.
La comunicación entre parientes con las personas menores de edad y de estas con sus adultos mayores es otro de los beneficios que nos regala el Código. La prohibición de todas las formas de violencia en el escenario familiar, en función de garantizar que sea este un espacio seguro donde prime el amor y el respeto.
Es importante señalar los 745 matrimonios entre personas del mismo género, celebrados en estos primeros 6 meses de implementación de la norma, que vienen a saldar una deuda histórica con la comunidad LGBTIQ+ cubana. Muchos son los desafíos y retos que aún tenemos por delante en la materialización de esta y el resto de normativas aprobadas en el país, pero estamos en un camino que a penas comienza y se dan de conjunto los primeros pasos. Cuba apuesta por ser más justa e inclusiva. La sociedad socialista que construimos debe ser libre de cualquier estigma que ponga en riesgo la dignidad humana como el principio donde se fundamenta el ejercicio efectivo y pleno de todos los derechos conquistados y blindados en la Constitución de la República.