En septiembre, la noticia de la extinción del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass) desató un torrente de preguntas entre nuestros lectores. Mientras algunos aplaudieron la decisión de “aligerar el aparato estatal”, otros se mostraron escépticos, cuestionando el impacto de esta medida en un momento tan delicado para la economía doméstica.
Entre las inquietudes más recurrentes se encontraban: ¿Qué pasará con los jubilados? ¿Quién se encargará de atender a los pensionados? ¿Aumentará nuestra vulnerabilidad? ¿Tendrán los Gobiernos municipales la capacidad de gestionar esta actividad, hasta ahora centralizada?
Virginia Marlene García Reyes, directora general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dialogó con Cubadebate al respecto, asegurando que esta nueva medida no dejará a nadie en situación de desprotección. “Se elimina una estructura centralizada, pero sus funciones pasan a la nueva Dirección General de Seguridad Social, que mantendrá el mismo objetivo: atender el sistema de seguridad social en el país”.
García Reyes explicó que este proceso comenzó hace unos años en Artemisa y Mayabeque, donde se traspasaron las funciones de la seguridad social a los Gobiernos locales. Esto es parte de un esfuerzo por otorgar mayor autonomía a las administraciones territoriales en la toma de decisiones, incluyendo las relacionadas con la seguridad social.
“Se decidió extender esta experiencia al resto del país, y se promulgaron los decretos 69 y 72, que estipulan que las funciones de la seguridad social se transfieran a los gobiernos municipales y provinciales”, detalló.
Uno de los objetivos principales de esta medida es acercar los servicios a la ciudadanía y, al mismo tiempo, otorgar mayor autonomía a los territorios. Esto permitirá una mayor celeridad en los trámites relacionados con la seguridad social.
“Existirán departamentos de seguridad social tanto municipales como provinciales, junto con una dirección a nivel nacional que continuará atendiendo a más de 1 700 000 beneficiarios de la seguridad social. Esto incluye un presupuesto de más de 40 millones de pesos para el pago de pensiones”, afirmó García Reyes.
La funcionaria reclacó que la medida no implica dejar a la población desprotegida. “La seguridad social es una conquista de la Revolución y su protección continuará. La jubilación es solo una parte de lo que abarca la seguridad social, que también incluye la protección por maternidad, invalidez parcial y total, así como pensiones por causa de muerte para los familiares de trabajadores fallecidos”.
Jubilaciones: Un punto crítico en la mira
García Reyes enfatizó que la población debe comprender que la seguridad social abarca una serie de aspectos más amplios que solo la jubilación. Actualmente, más del 39% de los beneficiarios reciben pensiones mínimas, que ascienden a 1 528 pesos, un monto que se calcula en función del tiempo de servicio y los salarios devengados.
Si bien la funcionaria reconoció que el país enfrenta una situación económica compleja, agravada por el bloqueo, aseguró que la decisión de reestructurar el sistema de seguridad social está enfocada en los jubilados y en mejorar las condiciones de vida de quienes han trabajado y aportado tanto al país. “Estamos trabajando para que esta situación mejore, aunque las circunstancias actuales no permiten cambios inmediatos. En su momento, se implementarán los incrementos necesarios para beneficiar a los sectores más vulnerables”, agregó.
García Reyes también destacó un régimen complementario de asistencia social que tiene como objetivo proteger a las familias en situaciones de ingresos insuficientes. “Las personas pueden acudir a las direcciones de trabajo y a los departamentos de prevención y seguridad social para solicitar ayuda económica. Este proceso se lleva a cabo tras una investigación que se realiza en cada caso”, explica.
Aportar hoy para tener mañana
Un aspecto clave en la estrategia del Ministerio es la disminución del empleo informal. La funcionaria destaca que este sector, aunque presente en la economía, no ofrece la misma seguridad que el empleo formal. “Estamos trabajando en fomentar ferias de empleo y en ofrecer capacitación para que más personas se integren al mercado laboral formal, donde podrán beneficiarse de la protección de la seguridad social”.
La desaparición del Inass no implica que la protección social se debilite. Por el contrario, el objetivo es otorgar mayor autonomía a los gobiernos municipales y provinciales, asegurando que todos los beneficiarios reciban atención directa. Esto incluye también al sector no estatal, que jugará un papel importante en el nuevo sistema de seguridad social.
“Las pensiones se seguirán gestionando como hasta ahora, a través de las instituciones pagadoras como bancos y correos, y se ha incrementado el presupuesto a nivel territorial. Ahora, es responsabilidad de los gobiernos locales proyectar sus presupuestos para garantizar el pago de pensiones”, señala García Reyes.
La funcionaria también menciona que el sistema se mantiene intacto, aunque las funciones se traspasan a las administraciones locales. Los decretos 69 y 72 han regulado este cambio, permitiendo que las responsabilidades se distribuyan de manera más equitativa entre los gobiernos municipales y provinciales.
“En cuanto al sector no estatal, es esencial que la población comprenda que existen actualmente 11 regímenes especiales que serán incorporados a la nueva Ley de Seguridad Social. Estamos trabajando en modificar la ley para que todos estos regímenes especiales tengan su propio capítulo, lo que reflejará la importancia del sector no estatal en el sistema de seguridad social”, indica.
García Reyes enfatiza que la contribución a la seguridad social es obligatoria para todos los trabajadores, tanto del sector estatal como del no estatal. “Contribuir de manera obligatoria garantiza el futuro de los trabajadores. A diferencia del sector estatal, el sector no estatal puede elegir el importe de su jubilación, seleccionando una cuantía dentro de la escala de contribución”, explica.
Oportunidades para la maternidad
Además de las pensiones, la política de maternidad ha sido un foco importante en la protección social. El Decreto Ley 84/2024 que extiende el periodo de la prestación social por maternidad en Cuba hasta los 15 meses de vida del menor es una muestra de ello. “Si la madre regresa al trabajo, los abuelos que se hagan cargo del cuidado del menor también pueden recibir esa prestación, fomentando así la participación de toda la familia en la crianza”.
García Reyes también menciona que se están introduciendo cambios en las políticas de género, promoviendo que los padres asuman un papel más activo en el cuidado de los hijos. “A pesar de que el patriarcado sigue presente, estamos trabajando para que los hombres también participen en la crianza. Sin embargo, por lo general, los padres no se quieren hacer cargo del cuidado del menor. Solamente en Cuba, al cierre del mes de junio, 16 padres disfrutaban de esta prestación social”.
La inclusión de nuevas figuras y derechos en el Código de las Familias y el Decreto Ley 57 de maternidad también busca ampliar la protección social, incluyendo a parejas del mismo sexo y a cuidadores solidarios. “Estamos comprometidos en ampliar la cobertura y los derechos de la población, asegurando que todos los ciudadanos, sin distinción, tengan acceso a una protección social efectiva”, concluye García Reyes.
